SENTENCIA CONSTITUCIONAL N° 548/2000-R

Que el cumplimiento forzoso de las obligaciones patrimoniales sólo puede ser garantizado con los bienes del deudor y no mediante el apremio corporal, siendo trámite de toda cobranza de competencia de los jueces ordinarios en materia civil y comercial. Por otra parte, los mandamientos de comparendo, de apremio o de aprehensión sólo pueden ser expedidos por las autoridades fiscales y por los órganos jurisdiccionales; los primeros, dentro de las diligencias de Policía Judicial organizadas de oficio o a denuncia de parte por la comisión de un delito, con la finalidad de recibir las declaraciones de las partes involucradas o de las que tengan conocimiento de los hechos denunciados y, los segundos, dentro de la tramitación de un proceso.

Que en el caso de autos, las autoridades recurridas cometieron actos ilegales y arbitrarios contra el recurrente, pues arrogándose atribuciones que no les competen pretendieron lograr el cumplimiento forzoso de una obligación patrimonial de carácter civil, para lo que llegaron a expedir mandamientos de comparendo y apremio en su contra e inclusive procedieron a su detención, incurriendo de esta manera en persecución y detención indebida. Consecuentemente, el Juez de Hábeas Corpus, al haber declarado procedente el Recurso, ha efectuado una correcta interpretación de los hechos y del art. 18 de la Constitución Política del Estado.

 

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