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El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, informó que el Gobierno interpondrá un recurso de queja después de que el  Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rechazó la consulta sobre la constitucionalidad de la Ley de Estados de Excepción presentada por la presidenta Jeanine Añez.

Nuñez criticó la actitud del TCP y pidió que analice de fondo esta medida, que según la autoridad es equivocada. Antes de este rechazo la instancia judicial ya había rechazado otras tres consultas, la de las leyes de reducción excepcional de alquileres, de donación de plasma y de atención gratuita en clínicas privadas para pacientes Covid-19.

Para el rechazo de esta ultima la justificación del Tribunal Constitucional Plurinacional se sustenta en argumentos ajenos a la Constitución Política del Estado (CPE) y a la jurisprudencia, además que la accionante no tiene legitimación activa para interponer consultas, como ya sucedió con anteriores normas, según la explicación de Núñez.

Uno de los artículos de la Ley de Estados de Excepción señala que se dictará esta medida cuando “se constituya en una amenaza real de un estado de guerra internacional, invasión, ataque de una o más potencias extranjeras o fuerzas irregulares de extrema gravedad e inminente que puedan afectar los intereses de Bolivia”

El artículo 13 también establece que “los servidores públicos, militares, civiles y policiales serán responsables de los actos que resulten de las órdenes que impartan y las acciones que realicen en ejecución del estado de excepción”, y podrán ser sancionados civil y penalmente, mientras que los infractores tendrán una multa del 10 por ciento del salario mínimo nacional”.

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