Estigmatización de la justicia en los medios de comunicación

“Siempre se ha dicho que el sistema judicial boliviano es ineficiente y que no funciona; sin embargo, muy pocas veces se mencionan los demás factores que implícitamente cooperan en la administración de justicia.”

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Desde el inicio de la república de nuestro país y, sobre todo, durante los últimos 20 años de vida democrática, la justicia fue tema de nunca acabar, encerrado en un círculo vicioso sin salida ni solución alguna. A medida que pasa el tiempo, en cada circunstancia que surgen temas relevantes del momento, la justicia es la única que carga la mochila y que parece sucumbir en las profundidades infinitas, sin esperanzas de mejoría que puedan responder a las necesidades de la sociedad, que busca con tanta hambre la tan ansiada justicia.

El sistema Judicial de nuestro país, por mandato constitucional y legal, es el encargado de resolver problemas que surgen entre sus habitantes en el diario vivir y también, de restablecer una convivencia armoniosa entre ciudadanos, respetando los derechos del otro; sin embargo, en la medida que la justicia cumple con sus funciones, paralelamente es estigmatizada por toda la sociedad en general, que a veces suele ser la oveja negra de todas las instituciones públicas bolivianas.

Dicha estigmatización es materializada en los espacios del llamado cuarto poder que son los medios de comunicación estatal y privados, donde la justicia es señalada y acusada de: Corrupción, Injerencia Política, Retardación, Formalismo, incapacidad, y ritualismo. 

En la mayoría de los casos, respecto al tema en cuestión, siempre se ha dicho, que el sistema judicial boliviano es ineficiente y que no funciona; sin embargo, muy pocas veces se mencionan los demás factores que implícitamente cooperan en la administración de justicia. En esta oportunidad hablaremos de ello.

Los bolivianos, generalmente, en relación a este tema tan delicado, siempre se han manifestado bajo la premisa de que el sistema de justicia comprendido por el órgano judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional-, no funciona, es ineficiente, corrupta y sobre todo, injusta; sin embargo, la misma sociedad, muy pocas veces –por no decir, nunca- se tomó la tarea de escudriñar el contexto de cómo funciona el sistema judicial y cuáles son los procedimientos que se deben cumplir para hacer efectiva la protección de sus derechos fundamentales.

Ahora bien, visualizar el descontento de la ciudadanía por el mal funcionamiento del sistema judicial, sería muy difícil sin la ayuda de los medios de comunicación radial, audiovisual y, en estos últimos años, por las redes sociales. Son ellos, quienes reflejan los vaivenes de la administración de justicia, ya sea con información que alimenta su credibilidad y eficiencia o, por el contrario, con información que menoscaba su reputación haciendo que la sociedad en general pierda la esperanza en ella.

Los medios de comunicación, quienes se ocupan de construir realidades y de transmitir la información de la actividad política y de la sociedad en general, se han convertido en una palestra donde personajes políticos, profesionales y sociedad en general, se toman la libertad –algunos sin información veraz- de descalificar, desacreditar y menospreciar al órgano judicial en particular ante una injusticia producida, estas desacreditaciones surgen sin importar si dichas injusticias fueron por responsabilidad de la justicia o de las partes que intervinieron en un litigio.

Los resultados de los litigios sustanciados en el sistema judicial, dependen -en la mayoría de los casos-, del trabajo efectuado de los abogados que patrocinan a las partes involucradas en el mismo; muchas veces, las injusticias suscitadas no son de pura responsabilidad de los jueces que imparten justicia, sino por irresponsabilidad de las propias partes, incluido los abogados. 

La sociedad boliviana, hasta nuestros días, no ha tenido la capacidad de comprender el funcionamiento del sistema judicial boliviano, quizá porque la mayor parte de nuestras leyes fueron copiadas de otras legislaciones que tienen realidades distintas a nuestro país. 

El sistema puede que sea malo o bueno, pero es el sistema, es lo que hay y, como ciudadanos, estamos obligados a cumplirlo; sin embargo, la mayoría de la sociedad, -en el intento de encontrar justicia-, normalmente decide tomar el camino más corto, más fácil y recurre a los medios de comunicación específicamente en los procesos penales, para expresar sus necesidades de justicia, ya sean justificables o no. Aquello no significa que manifestarse a través de un medio de comunicación esté mal; sino al contrario, lo que está mal es apartarse de los procedimientos vigentes que están establecidos por la ley.

La mayor parte de la sociedad boliviana, a priori, sobre todo en los procesos penales donde existen un agresor y una víctima, -según el sujeto procesal que ostente- prefieren recurrir a estos medios de comunicación radial y televisiva para detonar una condena social en contra de una de las partes involucradas en un proceso y como consecuencia de esto se vulneran los derechos y la dignidad de las personas y la de sus familiares.

Actualmente, los medios de comunicación radial y televisiva, crearon una especie de “rating judicial”; espacios donde se producen opiniones de la sociedad sobre un caso en particular y se toman la libertad -según su conveniencia-, de estigmatizar a la justicia por la función que cumple.

Desde que los medios de comunicación se convirtieron en un cuarto poder, -al asecho de las decisiones del gobierno y de la sociedad en general-, jugaron un rol protagónico entre el miedo y la esperanza de acuerdo a cada circunstancia que surge día a día. La justicia no ha sido ajena a esta.

Las circunstancias reflejadas anteriormente, muestran claramente que Bolivia aún es un país con sociedad en construcción y con falencias urgentes que resolver; esta fragilidad nos obliga a poner nuestro granito de arena para mejorar lo que hasta ahora tenemos, que es el sistema judicial. 

Lo ideal es que la sociedad boliviana comprenda que, ante un conflicto surgido entre personas, de cualquier naturaleza y de cualquier materia, el encargado por mandato constitucional y de la ley, es el sistema judicial vigente y no así, los medios de comunicación. En ese sentido cabe preguntarse, ¿Qué acciones se deberían tomar para lograr un correcto desenvolvimiento de ambas labores?”.

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