trata y tráficos

El Ministerio de Gobierno y la Policía se equivocaron al difundir la imagen de una mujer como si se tratara de la persona que robó a una bebé el 8 de septiembre en la zona de  Villa Fátima. Ante las críticas y cuestionamientos, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Issa, indicó que recibieron la foto de un  desconocido y que al parecer la información no fue verificada antes de ser divulgada.

“Hay informaciones que llegan al ministerio y a veces no son, no vienen contrastadas. Se ha cometido un error y se ha rectificado  esto. Esa información no vino de la Policía, sí se ha canalizado a través de la Policía, pero no ha llegado directamente de la Policía. Ha sido de una tercera persona que desconocemos, que indicó que posiblemente sea esta persona (la delincuente). No tengo detalles de cómo se ha accedido a esta fotografía”, explicó Issa  ante la prensa.

El robo de la bebé que tiene un mes de vida ocurrió aproximadamente al medio día del pasado martes. Una mujer desconocida abordó a una joven madre (de 19 años) y a través de engaños logró quedarse con la pequeña y huir en un vehículo negro que, según la Policía, se dirigió hacia la avenida Buenos Aires.

Desde entonces el Gobierno ha desplegado efectivos para dar con el paradero de la pequeña y de la delincuente que cometió este hecho, pero no hay avances.

El jueves pasado, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció en conferencia de prensa que ya tenían la fotografía de la persona que se había llevado a la pequeña. “En unos minutos vamos a lanzar una fotografía para que todos nos ayuden (…) Nosotros lanzamos lo que debemos lanzar para que ustedes nos ayuden a replicarlo”. Horas después, a través de las cuentas oficiales en redes sociales de esta cartera de Estado, se difundió la imagen de Ninoska P.

Ella se presentó ante la Policía y se la dejó en libertad, pues se supo que en realidad ella no era la persona que se había llevado a la bebé. La mujer, bastante molesta, dijo ayer que la botaron de su casa  junto a sus seis hijos por la difamación de la cual fue víctima. “Me han pedido que desocupe la casa de Guanay. Le solicito a ver a usted señor ministro que me ha difamado públicamente, le solicito, le ruego públicamente ayúdeme a buscar casa. ¿Dónde voy a vivir con mis seis hijos?”, declaró la mujer ante la prensa desde la Plaza Murillo.

“Me han dicho que me van a botar de Guanay. Ayúdeme a buscar dónde voy a ir a dormir, con qué voy a dar de comer a mis hijos, ya que yo sólo lavo ropa para la gente, vendo comida y así solo crío a mis hijos”, añadió.

A través de un comunicado escrito, Murillo explicó: “La fotografía de la persona sospechosa del rapto de la bebé fue proporcionada por personas que identificaron a una mujer con las características señaladas en el identikit elaborado por la Policía”.

Añadió: “Sin embargo, se estableció que la persona del retrato no era la autora del delito, por lo que se determinó su libertad. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, expresa sus sinceras disculpas a la señora”.

La delegada de la Defensoría del Pueblo en La Paz, Teresa Subieta, dijo a Página Siete que con este error se difamó y afectó los derechos de la mujer. “Es una conculcación de derechos humanos terrible, le dieron muerte civil a esta señora. Y así también se actuó en otros casos en los que los detenidos no tenían nada que ver”.

Subieta añadió que se hará seguimiento al caso del robo de la bebé, pero también se indagará sobre los efectos que tuvo la difusión de la fotografía de la mujer.

“Hasta el momento sólo sabemos lo que ella declaró, que la botaron de su domicilio en Guanay, pero esto no se ha podido verificar. Vamos a hacer las gestiones para verificar qué pasó, por el momento sólo tenemos las declaraciones que hizo esta mujer a través de la prensa”, dijo la delegada defensorial.

La búsqueda de la bebé Samantha continúa. El Gobierno ya coordinó con Migración para controlar el paso en las fronteras y el Ministerio Público también realiza algunas pesquisas.

“Es crucial que autoridades, población y medios de comunicación nos enfoquemos en el problema fundamental: la desaparición de la bebé Samantha. Ratificamos que haremos lo necesario para dar con la niña y su captora”, señaló Murillo.

  “Las autoridades y la prensa violan la presunción de inocencia”

Las autoridades policiales y del gobierno, así como los mismos trabajadores de la prensa, violan con frecuencia dos derechos consagrados en la Constitución Política del Estado: la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso. El expresidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) Antonio Vargas resaltó estos aspectos.

Más que referirse al error en la difusión de la imagen de una persona inocente, Vargas dio su parecer sobre las usuales presentaciones de detenidos que hace la Policía ante la prensa.

“No le corresponde ni al Ministro de Gobierno  ni a la Policía  ni a los fiscales, muchísimo menos a la prensa, recalco: muchísimo menos a la prensa, actuar como jueces. De acuerdo a la Constitución, todo ciudadano tiene derecho a la presunción de inocencia y el derecho al justo proceso”, indicó Vargas, quien además es jurado en el Tribunal de Imprenta de La Paz.

El periodista dijo que las autoridades se han acostumbrado a realizar estas presentaciones de detenidos como una forma de “justificar su trabajo”, una especie de “rendición pública de cuentas”, sin importar el hecho de tener plena certeza de la culpabilidad de una persona.

El hecho de que la prensa sea cómplice de esta vulneración de derechos se debe, en su opinión, a tres factores: 1) Prioridad de las noticias escandalosas por sobre la ética. 2) Desconocimiento del área de cobertura periodística. 3) Falta de capacitación a los trabajadores de la prensa.

“Son esos tres factores que confluyen precisamente para que la cobertura periodística se convierta en cómplice respecto de la vulneración que hacen las autoridades sobre la presunción de inocencia y el debido proceso”, explicó Vargas.

Por último, dijo que el trabajo de la prensa se debe regir en los códigos de ética de las asociaciones, el principio de autorregulación y la Ley de Imprenta.

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