narcotraficante

Los vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Israel Campero y Miryam Aguilar, beneficiaron este sábado con detención domiciliaria a Jesús Einar Lima Lobo, quien tiene pendiente una solicitud de extradición de Brasil por delitos de narcotráfico.

El traslado de Lima Lobo, sindicado de ser cabecilla del clan familiar “Lima Lobo Dorado” dedicada al narcotráfico, se realizó este sábado a las 9:00, en la ciudad de Santa Cruz, en medio de un aparatoso operativo de grupos especiales de la Policía, quienes los escoltaron desde una clínica privada, donde permanecía internado, hasta un lujoso condominio, a las afueras de la capital cruceña. El resguardo policial también incluyó el sobrevuelo de un helicóptero por el lugar a donde ahora reside el presunto jefe narco, que abandonó la clínica.

En la resolución, a la que tuvo acceso Página Siete, los magistrados argumentaron que concedieron a la medida para preservar la salud del acusado por narcotráfico, debido a que el sindicado se contagió con coronavirus en el centro hospitalario donde estaba internado desde 2019.

“Se dispone que entre tanto se realice la audiencia de acción de amparo constitucional, el accionante (Lima Lobo) sea remitido a su domicilio. Para lo cual se solicita al señor Gobernador del Penal de Palmasola destinar la cantidad de custodios y todas las medidas que considere pertinentes a fin de cumplir con lo establecido en el presente auto constitucional”, señala la parte dispositiva de la resolución emitida el 27 de agosto.

Fiscalía no fue informada

El Fiscal Departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, aseguró a Página Siete que, hasta donde se le informó, los vocales no notificaron al Ministerio Público con la realización de la audiencia, como tercero interesado. En ese sentido, anunció que realizaran una representación para conocer los pormenores del fallo.

Mariaca anunció que en la Fiscalía de Santa Cruz ya existe un proceso abierto contra Jesús Lima Lobo por tráfico de sustancias controladas.

Brasil no formalizó extradición

El abogado de Lima Lobo, Ramiro Medrano, informó a Página Siete que la medida corresponde al cuadro médico de su cliente. Aclaró que la solicitud de extradición hecha por Brasil continúa pendiente debido a que ese país nunca formalizó el pedido.

Medrano sostuvo que el proceso de extradición señala un plazo de seis meses, pero el trámite ya superó el año y dos meses. Además, aún está pendiente la realización de una acción de amparo constitucional, por la cual pretenden dejar sin efecto el traslado de su cliente al país vecino.

“El caso por el cual es solicitado en Brasil es sólo para que el señor Lima Lobo declare sobre un caso de 2016, no es para un juicio”, sostuvo. Lima Lobo fue capturado en Santa Cruz durante la gestión del entonces ministro de Gobierno, Carlos Romero, en septiembre de 2019.

Abogado lo niega

Según los reportes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), “el clan familiar ‘Lima Lobo Dorado’ opera desde hace tres generaciones”. Dominaba el territorio de San Juaquín, Santa Ana de Yacuma, Riberalta, Guayaramerín, en el departamento del Beni, además de Santa Cruz, y en el lado del Brasil, parte del Matogroso. Supuestamente, la organización familiar estableció contactos con miembros de cárteles de narcotráfico de Colombia y el Primero Comando de la Capital de Brasil.

Medrano dijo que su defendido sólo tiene dos procesos pendientes en la justicia boliviana, por problemas con propiedades, pero ninguno por narcotráfico.

Vocales cuestionados

El vocal Israel Campero es cuestionado por sus nexos con el Movimiento Al Socialismo (MAS), debido a que fue designado en varios cargos por Héctor Arce Zaconeta, exministro de Justicia de Evo Morales. Desde 2010 que fue asesor de la Cámara de Diputados (controlada por los masistas), fue jefe de la Unidad de Coordinación de la Asamblea Legislativa y asesor de la Vicepresidencia. También fue asesor constitucional de la Vicepresidencia del Estado en la gestión de Álvaro García Linera (MAS).

En agosto de 2020, el vocal Campero, quien presidió la Sala Constitucional Primera, dejó sin efecto la Resolución Ministerial N° 50/2020 emitida por el Ministerio de Educación que clausuraba el año escolar. Entones, el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, identificó a Campero como “operador político del MAS”. La demanda de anulación del cierre del año escolar fue presentada por la diputada del MAS Lidia Patty.

Por su lado, la vocal Miryam Aguilar es cuestionada por polémicos fallos como conceder detención domiciliaria a una persona condenada por violación y en marzo de 2019 fue suspendida por un mes sin goce de haberes por la comisión de faltas graves cuando ejercía como vocal ordinaria y haberse excusado supuestamente de forma ilegal de conocer un caso, según informó Correo del Sur.

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