#SoloDerecho

El constituyente ha previsto principios procesales específicos en los cuales se fundamenta la jurisdicción ordinaria, así se tiene el art. 178.I de la CPE, que dispone que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta entre otros principios, en el de celeridad, norma constitucional concordante con el art. 180.I de la CPE, que determina que dicha jurisdicción se fundamenta también en los principios procesales de eficacia, eficiencia y celeridad, entre otros.

La jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 1072/2005-R de 5 de septiembre, ha establecido que: “…los fiscales, autoridades judiciales o administrativas, debe atender las solicitudes y trámites en los que esté de por medio el derecho a la libertad, con la inmediatez necesaria, dentro de un plazo razonable, con la finalidad de que la situación jurídica de las personas, dado el derecho primario que se encuentra amenazado o restringido, pueda ser definida sin dilaciones indebidas” (las negrillas son propias).

El art. 251 del CPP, respecto a la apelación incidental establece que: “La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas.

Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas.

El Tribunal de Apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”.

De lo anterior resulta notoria que el legislador ordinario quiso que el diseño de la apelación incidental prevista en el art. 251 del CPP, debe ser idónea para tutelar con la suficiente celeridad la libertad de los detenidos así la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, a momento  de establecer que previamente a la acción de libertad debe agotarse la apelación incidental estableció que: “El Código de procedimiento penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, que se muestra como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme lo establece el art. 251 del CPP, una vez interpuesto este recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante la Corte Superior de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de apelación resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones.

No cabe duda que recurso de apelación aludido, dada su configuración procesal, es un recurso idóneo e inmediato de defensa contra supuestas lesiones y restricciones al derecho a la libertad de los imputados, en el que el tribunal superior tiene la oportunidad de corregir, en su caso, los errores del inferior invocados en el recurso. Es idóneo, porque es el recurso adecuado, apropiado, establecido expresamente en la ley para impugnar las medidas cautelares que vulneren el derecho a la libertad del imputado, en ocasión de la aplicación de las medidas cautelares. Es inmediato, porque el recurso es resuelto sin demora, dado que la ley establece un lapso brevísimo para su resolución (tres días).

De lo expresado, se concluye que el Código de procedimiento penal, ha previsto un recurso expedito en resguardo del derecho a la libertad del imputado. En consecuencia, ese es el recurso que debe utilizarse para impugnar los actos del juez que se consideren lesivos al derecho aludido, y no acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional a través del recurso de hábeas corpus, garantía que podrá ser utilizada sólo cuando el tribunal superior en grado no haya reparado las lesiones denunciadas” (las negrillas son agregadas).

Sobre la celeridad que debe tener la tramitación de la apelación incidental la SC 0387/2010-R de 22 de junio, estableció respecto a la dilación en la remisión de una apelación “De acuerdo a los antecedentes cursantes en obrados, se tiene que con relación a la omisión de remisión del recurso de apelación incidental planteado contra el rechazo de la cesación de la detención preventiva solicitada, por parte del Juez de

Instrucción Mixto de Minero, al Tribunal de apelación, es evidente que dicha autoridad jurisdiccional, no actuó conforme a procedimiento, toda vez que debió imprimirle el trámite señalado por el art. 51 del CPP, y remitir las actuaciones en el término de veinticuatro horas, lo que no ocurrió en autos, pues se ha constatado que luego de transcurridos trece días de haber sido concedido el recurso de apelación, se lo remitió al Juez de San Ignacio de Velasco, en lugar de elevar obrados a la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, a lo que se suma que la consideración de la apelación incidental tampoco se hubo realizado aún, a la fecha de interposición de esta acción tutelar, demora que no es excusable por ningún justificativo, pues tratándose de peticiones vinculadas a la libertad, éstas deben ser atendidas con la celeridad que requiere y dentro de los plazos procesales establecidos por ley…”. En el mismo sentido las SSCC 0304/2010-R y 2504/2010-R, entre otras.

Por otra parte, si bien los Tribunales de apelación al conocer una apelación incidental deben circunscribir “…sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución” (art. 398 del CPP), a la vez, cuentan con competencia para anular una audiencia cautelar cuando exista un defecto procesal insalvable como podría ser la ausencia total del imputado en la audiencia de medidas cautelares, en este sentido, pese a ello las nulidades deben constituirse en la excepción y restringirse a casos excepcionales pues lo contrario implicaría prolongar la incertidumbre de la parte imputada y privada de su libertad.

En este sentido, la SC 0727/2003-R de 3 de junio, entendió que: “Si bien es cierto que la celeridad procesal es, junto a la gratuidad y publicidad, condición esencial de la administración de justicia, debe tenerse presente que tal principio constitucional debe conciliarse con el sistema de garantías que la misma norma fundamental consagra a favor del imputado; atendiendo a la doble finalidad del proceso: garantizar la demanda social de seguridad y los derechos y garantías del imputado; consiguientemente, toda medida de control que tome el órgano jurisdiccional destinado al saneamiento procesal necesario, no importa lesión a la celeridad procesal; sin embargo, cuando el órgano jurisdiccional, cualquiera sea éste, dispone nulidades no previstas en la ley ni necesarias por lo demás, se infringe tal principio constitucional…”.

 

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here