Asistencia Familiar y pandemia

Al respecto, corresponde señalar que mediante Decreto Supremo (DS) 4199 de 21 de marzo de 2020, la Presidencia Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, a cargo de Jeannine Añez Chávez, ante la emergencia sanitaria vigente en el mundo entero, decretó:
CONSIDERANDO:

  • Que el Parágrafo I del Artículo 35 de la Constitución Política del Estado, determina que el Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud.
  • Que el Artículo 37 del Texto Constitucional, establece que el Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.
  • Que el numeral 11 del Artículo 108 de la Constitución Política del Estado, señala que son deberes de las bolivianas y los bolivianos, entre otros, socorrer con todo el apoyo necesario, en casos de desastres naturales y otras contingencias.
  • Que el numeral 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dispone que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
  • Que el numeral 1 del Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que el asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar.
  • Que el Artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, ratificado por Ley Nº 3293, de 12 de diciembre de 2005, señala entre otras, que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social; con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público.
  • Que el numeral 2 del Artículo 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José de Costa Rica”, ratificada por Ley Nº 1430, de 11 de febrero de 1993, dispone que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común.
  • Que el Artículo 75 del Código de Salud, aprobado por Decreto Ley Nº 15629, de 18 de julio de 1978, establece que cuando una parte o todo el país se encuentre amenazado o invadido por una epidemia, la Autoridad de Salud declarará zona de emergencia sujeta a control sanitario y adoptará las medidas extraordinarias. Estas medidas cesarán automáticamente, salvo declaración expresa contraria, después de un tiempo que corresponda al doble del período de incubación máxima de la enfermedad, luego de la desaparición del último caso.
  • Que la Organización Mundial de la Salud – OMS clasificó al CORONAVIRUS (COVID-19) como pandemia mundial, el Estado Plurinacional de Bolivia como miembro de la organización asume las acciones y medidas a fin de evitar el contagio y la propagación del Coronavirus (COVID-19).

EL CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
Artículo 1°.- (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto declarar Cuarentena Total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19)
Artículo 2°.- (Declaratoria de cuarentena total) .
I. En resguardo estricto al derecho fundamental a la vida y a la salud de las bolivianas y bolivianos, se declara Cuarentena Total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, a partir de las cero (0) horas del día domingo 22 de marzo de 2020 hasta el
día sábado 4 de abril d e 2020, con suspensión de actividades públicas y privadas en atención a la declaración de emergencia sanitaria nacional, contra el contagio y
propagación del Coronavirus (COVID-19).
II. Los estantes y habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia, deberán permanecer en sus domicilios o en la residencia que se encuentren durante el tiempo que dure la Cuarentena Total, solo podrán realizar desplazamientos mínimos e indispensables una persona por familia en el horario de la mañana de 07: 00 a 12: 00 del medio día, a fin de
abastecerse de productos e insumos necesarios en las cercanías de su domicilio o residencia.
III.3.Por la naturaleza de sus funciones y actividades que desarrollarán durante la Cuarentena Total, se exceptúa de lo establecido en el Parágrafo I del presente Artículo, al personal debidamente acreditado de:
a. Servicios de salud del sector público y privado;
b. Policía Boliviana;
c. Fuerzas Armadas;
d. Instituciones, empresas de servicios públicos e industrias públicas y privadas.
e. Entidades financieras bancarias y entidades financieras no bancarias, públicas, privadas o mixtas.
f. Entidades públicas, instituciones privadas y particulares, que brindan atención y cuidado a población vulnerable, debiendo establecer prioridades y la asignación del personal estrictamente necesario (…)” (las negrillas son añadidas).

De lo expuesto, resulta evidente que en el Estado Plurinacional de Bolivia, se declaró cuarentena total en todo el territorio, a partir de las cero horas del 22 de marzo hasta el 4 de abril de 2020 (en un primer momento), con suspensión de actividades públicas y privadas en atención a la declaración de emergencia sanitaria nacional, contra el contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19); y en virtud de ello el Tribunal Supremo de Justicia y cada uno de los Tribunales Departamentales de Justicia del país, determinaron la suspensión de sus actividades. Sin embargo; es imperioso señalar que, con la finalidad de garantizar la continuidad del servicio judicial, los Tribunales Departamentales de Justicia, tenían la obligación de tomar las respectivas previsiones y dejar personal de turno acreditado para conocer aquellos casos en los se encuentren involucradas personas privadas de libertad y/o que pertenezcan a grupos vulnerables; descartando así la posibilidad de las eventuales vulneraciones que se podrían dar en la ejecución de los mandamientos de apremio y aprehensión emitidos con anterioridad, queden sin control jurisdiccional debido a la ausencia del juez o jueza de la causa; porque de darse las mismas deberán ser conocidas y resueltas por el juez de turno, lo mismo que si se quisiera concretar algún pago respecto a la liquidación de pensiones devengadas, a los fines de lograr un  efectivo control jurisdiccional durante la pandemia, procedimiento similar al que se da en los casos de vacaciones judiciales.

 

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