SCP Nro. 0281/2020-S3 │ Sucre, 22 de julio de 2020

Uno de los cimientos en los que descansa la jurisdicción ordinaria, en especial en el sistema penal acusatorio es el principio de celeridad, cuya materialización y vigencia a lo largo del cauce procesal, debe ser garantizado por la autoridad jurisdiccional, quien no es un mero espectador de la contienda judicial, ni un funcionario que solo cumpla funciones formales inherentes al trámite procesal, al contrario debe asumir un rol protagónico y principal dentro su causa constituyéndose en el director de la misma, debiendo actuar con eficiencia que a decir del art. 30.8 de la LOJ “Comprende la acción y promoción de una administración pronta, con respeto a las reglas y las garantías establecidas por la ley, evitando la demora procesal”, entonces está impelido de tramitar y resolver el proceso penal, en el tiempo establecido por ley y con respeto a los derechos y garantías que le asisten a las partes, verificando de que el proceso sea tramitado en apego a las disposiciones legales que rigen la materia; en ese entendido, para que el aparato punitivo del Estado, pueda alcanzar las máximas de eficiencia y de eficacia en la tramitación de toda causa penal, la ley dota a la autoridad judicial un componente denominado equipo de apoyo jurisdiccional, cuyos miembros se constituyen en verdaderos engranajes para una adecuada gestión de despacho judicial, y que se materializan en el Secretario Abogado, en el Auxiliar y el Oficial de diligencias, quienes actúan y cumplen sus obligaciones y funciones bajo tuición y vigilancia del juez o tribunal -que se encuentre en conocimiento de la causa-, cuyas funciones y obligaciones están contempladas en la Ley del Órgano Judicial.

En ese contexto, la autoridad jurisdiccional durante la tramitación del proceso, cuando así corresponda, tiene la facultad de ordenar la realización de determinados actuados a ser ejecutados, por uno o más de sus funcionarios de apoyo jurisdiccional, quienes en contrapartida tienen el deber ineludible de ejecutar lo ordenado en la forma y tiempo establecidos, en ese entendido, en caso de incumplimiento, negligencia o irregularidades en dicha labor que conlleva además el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad judicial, el sujeto procesal que se considere perjudicado con dicha conducta que a la postre puede constituirse en lesiva de derechos o garantías constitucionales, debe acudir inmediatamente con su reclamo ante el Juez o Tribunal titular de la causa, a objeto de que advertido ese extremo, corrija dicha conducta u ordene la inmediata ejecución del acto procesal omitido, pues su potestad de dirección del proceso no se limita únicamente a encaminar la actuación de los sujetos procesales llamados principales para lograr un adecuado avance de la causa, sino también tiene la obligación de ejercer un riguroso control sobre su propio despacho, a fin de que los funcionarios subalternos bajo su dependencia cumplan adecuadamente sus funciones y obligaciones evitando incurrir en actos contrarios al mandato legal o constitucional en desmedro de los sujetos procesales en contienda, así como también verificar que los funcionarios judiciales o cualquier otro funcionario o autoridad cumpla y/o efectivice las órdenes, disposiciones o resoluciones emitidas por la autoridad jurisdiccional, pudiendo al efecto, la parte que se considere agraviada, activar su reclamo en sede ordinaria ante la autoridad referida, y en caso de no recibir una respuesta favorable a sus pretensiones, agotada la instancia ordinaria, se encuentra plenamente habilitada para acudir a la justicia constitucional a través del mecanismo de defensa constitucional pertinente, entre estos, la acción de libertad cuando la problemática tenga vinculación con el derecho a la libertad.

 

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