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Candidato a magistrado presenta acción popular en contra del Alcalde de La Paz por omisión en la gestión de riesgos

La acción ya fue sorteada a la Sala Constitucional Tercera y se espera que el tribunal convoque a las partes para el análisis correspondiente en los próximos días.

Israel Campero, candidato a magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y otros abogados presentaron este martes una acción popular en contra del alcalde de La Paz, Iván Arias, por omisión en la gestión de riesgos.

“La población merece respuestas claras y acciones contundentes. Esta acción popular es un paso para exigir transparencia y responsabilidad a nuestras autoridades”, declaró Campero, citado en una nota de prensa.

La acción ya fue sorteada a la Sala Constitucional Tercera y se espera que el tribunal convoque a las partes para el análisis correspondiente en los próximos días.

El recurso presentado observa presuntas omisiones en la prevención de desastres en la zona Bajo Llojeta, donde una mazamorra ocasionó la muerte de una menor de edad y afectó a decenas de familias y viviendas.

Según la nota de prensa, con la acción se busca que el alcalde rinda cuentas ante las autoridades judiciales sobre la falta de medidas preventivas para evitar desastres naturales, la existencia y ejecución de un plan de gestión de riesgos y la disponibilidad y uso del presupuesto municipal destinado a la mitigación y prevención de riesgos.

Campero aclaró que la medida legal no busca atacar o perjudicar a quienes hoy son víctimas del desastre pues “nuestra prioridad es protegerlos y exigir a las autoridades que cumplan con su deber de garantizar su seguridad”.

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El principio de informalidad -art. 4.11 de la Ley 348- y su armonización con las garantías del debido proceso

De su tenor literal se desprende que la disposición se dirige a la totalidad de la administración pública -en todos sus niveles e instituciones- que cumpla funciones relacionadas con la violencia de género. Asimismo, el ámbito funcional de aplicación comprende todo el ciclo de respuesta estatal como acciones preventivas, atención a víctimas, detección de situaciones de violencia, procesamiento de denuncias e investigación de hechos y sanción de los responsables.
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