En cumplimiento a las instrucciones emitidas por la Sala Plena del Consejo de la Magistratura, la Unidad Nacional de Control y Fiscalización llevó adelante una labor de inspección y control judicial en los Juzgados de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres N°12 y N°13 del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, donde se detectaron graves irregularidades administrativas y procesales que comprometen el adecuado funcionamiento de ambas dependencias.
Irregularidades detectadas en el Juzgado Anticorrupción N°12
Durante la inspección, la comisión verificó que en el Libro de Tomas de Razón faltan 102 resoluciones, un número significativo que dificulta la trazabilidad y control de las decisiones judiciales. Además, se constató que el Libro Diario no está descargado en su totalidad desde el 13 de octubre, incumpliendo los estándares de registro continuo.
La Unidad también identificó una resolución pendiente de notificación desde el 6 de noviembre, vulnerando los plazos procesales establecidos. Asimismo, se evidenció que no se remitieron sentencias a los juzgados de ejecución ni tampoco al REJAP, afectando el cumplimiento de obligaciones judiciales esenciales para la gestión penal.
𝐇𝐚𝐥𝐥𝐚𝐳𝐠𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐉𝐮𝐳𝐠𝐚𝐝𝐨 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐜𝐨𝐫𝐫𝐮𝐩𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐍°𝟏𝟑
En la verificación realizada al Juzgado N°13, se detectó retardación de justicia en la remisión de ejecutorias de sentencia, con retrasos acumulados de varios meses y sin registro de remisión al REJAP, incumpliendo obligaciones legales de comunicación.
En cuanto a la tramitación de acciones de libertad, la comisión constató que estas fueron remitidas fuera de plazo, afectando directamente a los accionantes. Además, se encontraron actas de audiencia con irregularidades, incluyendo un acta sin la firma del secretario y otra no arrimada al expediente, incumpliendo los requisitos formales de documentación procesal.
También se evidenció que las ejecutorias de sanción no fueron remitidas durante más de tres meses, vulnerando los principios de celeridad y eficiencia judicial.
𝐀𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
Todos estos hallazgos han sido documentados por la Unidad Nacional de Control y Fiscalización, que remitirá los antecedentes a las instancias competentes del Consejo de la Magistratura para determinar responsabilidades y activar los procesos disciplinarios correspondientes.
El Consejo de la Magistratura expresa su compromiso con la transparencia, la integridad institucional y la lucha frontal contra la corrupción judicial, garantizando que cada proceso de control contribuya a fortalecer un sistema de justicia eficiente, responsable y al servicio del pueblo boliviano.
