Consejo de la magistratura halla irregularidades en el juzgado anticorrupción Nro. 7 de La Paz

Una comisión del Consejo de la Magistratura halló numerosas irregularidades administrativas y procesales que podrían derivar en responsabilidades disciplinarias, para el personal, en el Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres N°7 de La Paz, durante una inspección técnica y documental realizada este jueves.

Una comisión del Consejo de la Magistratura halló numerosas irregularidades administrativas y procesales que podrían derivar en responsabilidades disciplinarias, para el personal, en el Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres N°7 de La Paz, durante una inspección técnica y documental realizada este jueves.

La comisión verificó que en el Juzgado falta de registro formal de actuaciones, no está el libro de audiencias y existe un desorden en el señalamiento de las audiencias lo que dificulta el control de las actuaciones judiciales. También se evidenció, entre los expedientes revisados aleatoriamente, un acta de audiencia declarada en un cuarto intermedio con nueva fecha programada, pero no está el acta correspondiente a dicha reanudación.

Asimismo, el archivo del juzgado no se maneja de manera adecuada, encontrándose los expedientes en total desorden, sin clasificación ni resguardo documental apropiado. También se encontraron piezas procesales de fechas pasadas que no están anexadas al expediente principal ni foliadas, así como la remisión fuera de plazo de tres acciones de libertad, incumpliendo los términos establecidos por el Código Procesal Constitucional.

También se identificaron observaciones que vulneran los principios de orden, control y transparencia judicial pues existen 14 resoluciones ausentes en la carpeta del libro de tomas de razón, que además carece del acta de apertura, correspondiente a la gestión 2025. El libro diario presenta registros incompletos desde junio.

Esta inspección técnica y documental fue realizada por la Unidad Nacional de Control y Fiscalización en cumplimiento de las instrucciones de la Sala Plena del Consejo de la Magistratura, con el fin de documentar y remitir los hallazgos a las instancias competentes del Consejo de la Magistratura, a fin de evaluar la gravedad de las irregularidades detectadas y establecer las responsabilidades correspondientes conforme a la normativa disciplinaria vigente.

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