Defensoría del Pueblo, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), propuso al nuevo Gobierno una serie de medidas para enfrentar el hacinamiento en las cárceles del país, entre ellas, la construcción y ampliación de infraestructura penitenciaria con la participación laboral de los propios privados de libertad.

El jefe del MNPT, Juan Ledezma, alertó que el hacinamiento es un problema constante que afecta a todos los centros penitenciarios de Bolivia, con recintos que llegan a duplicar o quintuplicar su capacidad instalada, generando situaciones de conflicto y violencia.

“Lo primero que tiene que hacer el nuevo Gobierno es generar una política de redistribución y separación dentro de las cárceles”, señaló Ledezma, al remarcar la urgencia de una política integral de gestión penitenciaria, en una entrevista con la Red Uno.

Como parte de la propuesta, la Defensoría planteó aprovechar la mano de obra calificada que existe dentro de los penales, donde muchos reclusos son albañiles, plomeros, electricistas, arquitectos, ingenieros, para que participen activamente en la ampliación o construcción de nuevas cárceles.

“Nuestras cárceles están saturadas. Lo que pedimos es empezar a construir nueva infraestructura sin que demande proyectos millonarios. Hay personas privadas de libertad con conocimientos técnicos que pueden aportar en estas obras, reduciendo sus penas a cambio de su trabajo”, explicó el funcionario.

Ledezma subrayó que esta propuesta reduciría significativamente los costos para el Estado, pasando de una inversión estimada de $us 10 millones a solo $us 1 millón por centro penitenciario, ya que el gasto principal sería en materiales y supervisión técnica.

El planteamiento busca no solo mejorar las condiciones de vida dentro de los recintos penitenciarios, sino también promover la reinserción social y disminuir los índices de violencia y conflicto, fortaleciendo la seguridad y el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario nacional.