Sobre la vulneración del debido proceso denunciado por la demandante recurrente, se advierte que, no señaló el por qué o cómo, se estaría vulnerando el art. 115-II de la CPE; pues, de manera general afirma que el Auto de Vista carece de motivación, sin colegir qué fundamento del Tribunal de alzada, vulnera el mencionado derecho.

Estas inobservancias, de ningún modo pueden suplirse por este Tribunal, decisión que no implica negación del derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y de otros derechos fundamentales, cuando estas conclusiones asumidas obedecen a la deficiencia de la parte que recurre a tiempo de formular el recurso de casación, que omitió la carga recursiva prevista en los arts. 271-I y 273-I-3) del CPC-2013; en ese sentido, se tiene infundado este argumento traído en casación.

Con relación a la aplicación de la Sentencia Constitucional Nº 0771/2010 de 2 agosto de 2010, que determinó: “Efectivamente, el requisito formal de dar aviso a su empleador acerca de su estado de gravidez, sin el cual no existiría la protección estatal en lo que respecta a su inamovilidad laboral, carece de relevancia frente a una necesidad indubitable, que es precisamente asegurar el derecho a la vida y a la salud de la madre y el menor, ya que con una fuente laboral, al menos se asegurará a la madre el poder agenciar los medios necesarios para proteger las necesidades más premiosas que demande el niño o niña recién nacidos.

En ese entendido, se debe cambiar el entendimiento jurisprudencial contenido en la SC 1416/2004-R, en sentido que no es necesario dar aviso al empleador sobre la situación de embarazo de la mujer trabajadora, para acceder a la protección que brinda la Constitución Política del Estado a la mujer gestante y con niño menor a un año; siempre que acuda de manera inmediata al empleador solicitando el respeto y vigencia de sus derechos a través de su reincorporación a su fuente de trabajo y el acceso a los beneficios que conlleva, o en su defecto ante la oficina departamental del Ministerio del Trabajo, que es una vía rápida, conciliadora e idónea, dado que sus resoluciones pueden ser cumplidas judicialmente; no obstante, en caso de resistencia, evasivas o dilación por parte del empleador, sin más trámite y también de manera oportuna, haciendo abstracción a los requisitos de subsidiariedad, sin que sea necesario acudir a la vía de la judicatura laboral u otros medios impugnativos al interior de la entidad o instancias superiores, puede acudir a la justicia constitucional a través de la acción de amparo a objeto de hacer valer sus derechos” (Las negrillas son añadidas).

Asimismo, el art. 25 del DS Nº 21637 de 25 de junio de 1987, dispone: “A partir de la vigencia del presente Decreto, se reconocerán las siguientes prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que serán pagadas, a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público y privado:

Subsidio PRENATAL, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a un salario mínimo nacional durante los cinco últimos meses de embarazo, independientemente del subsidio de incapacidad temporal por maternidad.

Subsidio de NATALIDAD, por nacimiento de cada hijo: un pago único a la madre, equivalente a un salario mínimo nacional.

Subsidio de LACTANCIA, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a un salario mínimo nacional por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida. (…)” (Las negrillas son añadidas)

La Sentencia Constitucional descrita, refiere que no es necesario dar aviso de su embarazo al empleador, para acceder a la protección que brinda la constitución, para que proceda su reincorporación a su fuente laboral, en una excepcional inamovilidad laboral, durante los meses de gestación y hasta que el hijo cumpla un año de edad; es decir, no es necesario dar aviso para tener inamovilidad laboral, con la cual no puede ser pasivo a un despido.

Por lo expuesto, la SC mencionada no es vinculante al caso concreto; porque lo que la actora solicita es el pago de las asignaciones familiares y no su reincorporación; en ese entendido, para el pago del subsidio prenatal, de natalidad y lactancia, incluso encontrándose vigente el vínculo laboral, se debe cumplir con la presentación de documentos como el certificado del ente gestor de salud para la asignación del subsidio prenatal, el certificado de nacido vivo, para el pago de subsidio de natalidad y certificado de nacimiento para el pago del subsidio de lactancia hasta el año de edad, aspecto que se encuentran previsto en el Reglamento de Asignaciones Familiares art. 3 inc. 3) y 4).

Sin embargo, en el caso, la actora en el transcurso del proceso no adjuntó documentación alguna para acreditar los últimos meses de gestión y el nacimiento; aspecto que no vulnera el principio de inversión de la carga de la prueba, porque los documentos solicitados para el pago de esos beneficios se encuentran en poder de la madre gestante y no del empleador.

Por otra parte, la ecografía obstétrica de fs. 17 demuestra 13.2 semanas de gestación; en consecuencia, no corresponde el pago de asignaciones familiares, beneficio que procede su pago a partir de los últimos cinco meses de gestación y además al no existir evidencia del alumbramiento; como acertadamente determinó el Tribunal de alzada,