El ajuste en el precio de los carburantes dispuesto por el Gobierno en el denominado “Decreto por la Patria” desató una ola de protestas a nivel nacional, con amenazas de marchas, bloqueos y hasta pedidos de renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira, que este jueves cumple un mes y 10 días en la Presidencia.

El creciente descontento pone a prueba la capacidad del Ejecutivo de lograr consensos con los sectores sociales antes de que las amenazas de protestas se concreten, lo que podría ocurrir este mismo fin de semana, cuando un encuentro nacional de choferes decida sus medidas de lucha para conseguir que el Ejecutivo derogue el decreto, tal como ocurrió a fines de 2010, durante el gobierno de Evo Morales.

Entonces Morales había aprobado un incremento de hasta el 99% en los combustibles, lo que provocó desabastecimiento de víveres, retiro de ahorros de los bancos y aumento en el precio del pan y del transporte. Ello, sumado a masivas marchas en varias capitales del país, hizo que el expresidente socialista caiga en su popularidad y retroceda en su intención de acabar con la subvención a los hidrocarburos. En esta ocasión, la diferencia es que Paz no tiene el deseo de buscar una reelección.

Tras que anoche fue anunciado el decreto 5503, que incluye el ajuste en el precio de los carburantes, dirigentes de distintos sectores sociales anunciaron su rechazo a la medina y la adopción de medidas de presión para que sea revertida. Mientras, se comenzaron a formar extensas colas en las gasolineras, algunos negocios de venta de alimentos cerraron sus puertas a la espera de medir la reacción del mercado y los transportistas comenzaron a aplicar tarifas con porcentajes similares de incremento al de los carburantes, esto en medio de peleas con los usuarios.

A la vez, dirigentes de los choferes, las juntas vecinales, gremiales, campesinos, la Central Obrera Boliviana y otros sectores convocaron a conferencias de prensa para hacer conocer su rechazo al ajuste y anunciar que analizarán la adopción de medidas de presión.

El propio el vicepresidente, Edman Lara, apareció en una conferencia de prensa junto a jefes de bancada de otras fuerzas políticas para condenar las medidas incluidas en el “Decreto por la Patria”, porque consideran que “lo único que causarán es más pobreza, desempleo y la subida de la canasta familiar”.

“La posición de todas las bancadas presentes (Libre, Súmate, Alianza Popular e incluso el PDC, tanto Diputados como Senadores) rechazan categóricamente el decreto supremo que establece la eliminación de la subvención y todas las medidas que ha puesto el presidente Rodrigo Paz”, afirmó Lara.

Mediante un comunicado público, la Central Obrera Boliviana (COB) convocó para este viernes a un ampliado nacional de emergencia. El ente de los trabajadores calificó la medida de Rodrigo Paz “como una cobarde conducta” y un “atentado contra el pueblo boliviano”.

“Ante la cobarde conducta del gobierno central y el atentado contra el pueblo boliviano, el comité ejecutivo nacional de la Central Obrera Boliviana instruye y convoca a las confederaciones, federaciones nacionales, centrales obreras departamentales y centrales obreras regionales, al ampliado nacional de emergencia a realizarse en la ciudad de la paz, el día viernes 19 de diciembre de 2025 a horas 09.00”, se lee en el comunicado.

La Confederación de Choferes otorgó al Gobierno un plazo de 24 horas para que abrogue el decreto 5503. “Estamos dando 24 horas al gobierno central, al presidente Rodrigo Paz Pereira, para que de una vez por todas abrogue este decreto 5503, caso contrario nosotros, el día sábado, a las 10.00, en un ampliado nacional, determinaremos las medidas que se llevarán adelante”, anunció.

En El Alto, el dirigente de la Federación de Juntas Vecinales, David Callisaya, dijo que este es “un decretazo, un gasolinazo que afecta a todo el pueblo boliviano”, por lo que también dio un plazo de 24 para que el decreto 5503 sea derogado.

Dijo que los vecinos se declararon en estado de emergencia y advirtió que “no hay gobierno nacional que haya atentado contra la seguridad alimentaria del pueblo y pueda tener la suficiente capacidad de sostenerse”.

La Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia también emitió un comunicado en el que da al gobierno de Rodrigo Paz Pereira 24 horas de plazo para que derogue el decreto supremo 5503 «por ser atentatorio contra la economía de los campesinos y la población necesitada».

«En caso de no retirar el maldito decreto, exigimos la renuncia del Presidente por todas las malas acciones tomadas hasta el día de hoy, que sólo han afectado la economía de la gran mayoría de la población a la que representamos», agrega el documento