miércoles, enero 21, 2026

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“Es ilegal y absurdo”: juristas cuestionan a la Fiscalía por pedir detener a Arce en centro para menores

El centro de reinserción Qalauma, ubicado en Viacha, fue creado en 2011 para jóvenes de 16 a 21 años, con capacidad inicial para 150. Luis Arce, con 62 años, no encaja en ninguno de los criterios legales para ingresar a este centro, asegura el abogado Martín Camacho

El pedido de la Fiscalía para que el expresidente y exministro de Economía, Luis Arce Catacora, sea recluido de manera preventiva durante tres meses en el centro de reinserción Qalauma —un recinto diseñado exclusivamente para adolescentes y jóvenes infractores— desató una ola de críticas de juristas que califican la solicitud como “ilegal, absurda y un trato privilegiado hacia la exautoridad”.

Arce fue imputado por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en el caso Fondo Indígena, uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos 20 años. La Fiscalía sustenta su pedido en supuestos riesgos de fuga y obstaculización, pero el lugar elegido para su detención encendió las alertas.

El exfiscal y abogado Joadel Bravo calificó la solicitud como una “paranoia total” al contradecir la Ley 548 (Código Niña, Niño y Adolescente), que establece que los centros juveniles son exclusivos para personas entre 16 y 21 años —y excepcionalmente hasta 25— siempre y cuando hayan cometido infracciones contempladas por leyes especiales.

El abogado insistió en que Qalauma no puede albergar a un adulto investigado por corrupción: “El Código Niño, Niña y Adolescente prohíbe la detención de mayores en centros juveniles.

Bravo señaló además que la Fiscalía estaría otorgando un trato preferencial al exmandatario. “¿Por qué los ciudadanos comunes van a San Pedro y él no? ¿Por qué Luis Fernando Camacho, Jeanine Añez y Marco Pumari fueron detenidos en cárceles? Esto es inaudito, jamás vi que pidan prisión preventiva de un adulto en un centro para menores”, cuestionó.

“Es una solicitud ilegal y un favor a Arce”, advierte Camacho

El abogado constitucionalista Martín Camacho coincidió en que el Ministerio Público actuó con irregularidad al solicitar la detención de Arce en un centro para menores en la imputación presentada ante la Justicia,

“Es ilegal. El artículo 237 del Código de Procedimiento Penal señala que las detenciones preventivas deben cumplirse en centros penitenciarios para adultos. Qalauma no es uno de ellos”.

Camacho agregó que la Ley 2298 de Ejecución Penal también determina los espacios destinados para detenidos preventivos: “Qalauma es para menores infractores. Meter un adulto allí es tan ilógico como poner hombres en una cárcel de mujeres”.

El jurista señaló que la petición ni siquiera está fundamentada. “Si la Fiscalía cree que Arce corre riesgo en una cárcel común, debe justificarlo. No lo hizo. Esto es un favorecimiento a Arce y una incoherencia absoluta”, aseguró.

Asimismo, criticó la disparidad respecto a otros casos. “¿Por qué no se aplicó este mismo criterio para la salud y seguridad del gobernador Luis Fernando Camacho? Aquí se está beneficiando a alguien investigado por delitos graves, no a una víctima de persecución política”.
Camacho exigió que el fiscal general, Róger Mariaca, revise el proceder de los fiscales Omar Condori, Miguel Ángel Cardozo y Juan Pablo Massone, quienes firmaron la imputación. “Es una burla al pueblo boliviano. Esta solicitud debe ser corregida”, enfatizó.

Qalauma: un centro para menores

El centro de reinserción Qalauma —ubicado en Viacha, a 30 kilómetros de La Paz— fue creado en 2011 para jóvenes de 16 a 21 años, con capacidad inicial para 150. Con sucesivas ampliaciones, admitió a internos hasta los 28 años, pero siempre dentro del régimen juvenil.

En 2024 ya albergaba a 499 internos, todos procesados bajo normas del sistema penal adolescente.

Luis Arce, con 62 años, no encaja en ninguno de los criterios legales para ingresar a este centro, asegura Camacho.

El exmandatario permanece recluido en celdas de la Felcc y aguarda que un juez anticorrupción fije la audiencia cautelar. Su defensa anunció que solicitará medidas sustitutivas, mientras organizaciones sociales y víctimas del Fondo Indígena piden que la justicia actúe con imparcialidad.

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