La Fiscalía de La Paz ha ampliado la investigación por el presunto consorcio que habría intentado destituir del cargo, de manera irregular, a una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que fue elegida por voto popular.

En este caso, ya fue aprehendido el juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, pero el Ministerio Público determinó incluir entre los investigados a cuatro personas, entre ellas una vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, es decir, una de las más altas autoridades judiciales en la región.

El juez Lea Plaza fue aprehendido por haber decidido suspender la credencial de la magistrada Fanny Coaquira, en el marco de una Acción de Cumplimiento. Desde el Órgano Electoral, se denunció este hecho como una vulneración al principio de preclusión, mientras que el TSJ calificó el fallo como “golpista”.

En las primeras pesquisas surgieron otros nombres, que ahora están en calidad de investigados. Entre ellos figura el hombre que presentó la Acción de Cumplimiento, Antonio de la Fuente Amelunge.

Además del accionante, la Fiscalía amplió investigación contra el abogado que patrocinó la Acción de Cumplimiento presentada ante el juez de Coroico.

El tercer implicado es un funcionario judicial que ejerce como Auxiliar de Distribución de Causas, quien asignó directamente la Acción de Cumplimiento al juzgado de Lea Plaza.

Aquí saltó el nombre de la vocal de Sala Penal del TDJ, Claudia Castro, quien también ahora figura como investigada por este caso.

Según la resolución de la Fiscalía, se ha encontrado una impresión de mensajes correspondientes a denominación “Dra.Castro”, en los cuales se detalla un punteo presuntamente de argumentos para sustentar jurídicamente la suspensión de la magistrada Coaquira.

“Estos antecedentes dan cuenta de que la ciudadana CLAUDIA MARCELA CASTRO DORADO en su condición de Vocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz formó parte de este consorcio e incluso fue parte en la generación de argumentos suficientes para la concesión de tutela y con ello lograr el fin último de suspender a la Magistrada del Tribunal Supremo de Justicia”, afirma la resolución de la Fiscalía, firmada el 12 de junio, a la tuve acceso este medio.

Con esos argumentos, el fiscal Fernando Espinoza determinó ampliar la investigación contra las cuatro personas, por los delitos de tráfico de influencias, consorcio entre responsables del servicio de justicia y falsificación de sellos, papel sellado y timbres.

Este medio intentó contactarse con la vocal Castro para conocer su contraparte, sin embargo, no contestó las llamadas realizadas el viernes 13 de junio.

Antecedentes del caso

En este caso, el ciudadano Antonio de la Fuente Amelunge presentó la Acción de Cumplimiento ante el juez de Coroico, en contra de la elección de la magistrada Coaquira como magistrada del TSJ por La Paz.

Según la versión del accionante, cuando Coaquira se postuló había declarado haber ejercido docencia, pero la universidad que mencionó certificó posteriormente que no había sido así. El accionante observó que ese aspecto no fue tomado en la difusión de méritos en la elección judicial, lo cual pudo inducir a error a los votantes.

El juez Lea Plaza determinó suspender la credencial de la magistrada y convocar al suplente, sin embargo, fue aprehendido en Acción Directa.

El TSJ realiza la investigación del caso y, en el marco de las diligencias, intervino en el TDJ de La Paz, donde sus funcionarios acusaron al presidente de esta entidad, Yván Córdova, de asistir en estado de ebriedad. Posteriormente, el vocal fue internado en una clínica, donde el doctor que lo atendió descartó el estado de ebriedad y le diagnosticó un accidente cerebrovascular.