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lunes, abril 21, 2025

Garantías que el derecho penal reconoce a la víctima y no así al denunciante

Se considera víctima a la persona directamente ofendida por el delito, la que puede participar en el proceso como querellante, pero aun cuando no hubiere participado en el proceso en tal calidad, es obligación del Fiscal, Juez o tribunal y bajo su responsabilidad, informarle sobre el resultado de las investigaciones y el proceso, pues ésta (la víctima) tiene derecho a ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal y, en su caso, a impugnarla; a su vez el denunciante  no será parte en el proceso, salvo que haya sido el que presentó la querella en cuyo caso tendrá plena intervención en el proceso, todo lo que se colige de las previsiones contenidas en los arts. 11, 76.1), 77, 78, 287 y 289 del CPP (CPP) y 68 párrafo primero de la Ley 2175, de 13 de febrero de 2001 o Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP).  Delimitada la participación o no en el proceso de la víctima, querellante y denunciante, corresponde determinar si en la especie, los recurrentes en su calidad de denunciantes, son parte o no del proceso penal, para establecer si correspondía o no notificárseles con el resultado del requerimiento conclusivo de sobreseimiento que implica la conclusión del proceso.
Los recurrentes Hermán Camacho Cuéllar y Jorge Aldunate Salvatierra, al tener conocimiento de la supuesta comisión de delitos de acción pública, el 21 de febrero de 2003 presentaron en contra de Luis Mauricio Peró Diez de Medina una denuncia por delitos que habría cometido en contra de la Empresa Capitalizada EGSA; dichos recurrentes, así como Jerjes Justiniano Atalá, ni en la tramitación del proceso penal de referencia ni en este recurso de amparo, han manifestado (menos acreditado) tener participación directa en la Sociedad Anónima de referencia en cuyo interior se habría cometido los supuestos actos delictivos denunciados, en esa circunstancia al no ser las personas directamente ofendidas por el delito, no tienen la calidad de víctimas, razón por la que tampoco pudieron promover el proceso mediante querella al ser simplemente denunciantes, en esa última calidad (denunciantes) no es obligación ni responsabilidad del Fiscal ni del juez informarle sobre el resultado de las investigaciones ni del proceso como tampoco la existencia de alguna decisión que implique la extinción de la acción penal, por lo que los recurridos no han cometido ninguna omisión ilegal al no haberlos notificado con el sobreseimiento extrañado en este recurso constitucional, por no ser víctimas o personas directamente ofendidas por los supuestos delitos.
Corresponde aclarar que el hecho de que la Empresa EGSA haya sido capitalizada, no hace que todos los bolivianos mayores de edad al 31 de diciembre de 1995 (como son los recurrentes y miles de personas más), sean personas directamente ofendidas o víctimas por la supuesta comisión de actos delictivos al interior de la Empresa, pues tal situación se dará con relación a personas físicas o colectivas que se encuentren en una situación jurídica concreta y determinada y no general.

SC Nro. 1844/2003-R | Sucre, 12 de diciembre de 2003

Jurídica TV

Sobre la figura de decomiso en el marco del art. 71 bis del CP

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Lo recomendado por la GAFI, considera la Sala debe armonizar con los entendimientos previstos por la Legislación nacional, que en el caso que ocupa autos se manifiesta en la vinculación causal con el delito para mantener razonable una medida de decomiso, pues de ser tal medida irrestricta o basada en la sola presunción, bien puede afectar a la economía de origen lícito, al pensarse que es ilícita solo por la acusación o presunción. Por esta razón, el art. 71 bis del CP, solamente considera como bienes sujetos a decomiso, aquello vinculados directa o indirectamente con el delito de LGI, lo que significa que incluso los recursos de origen lícito que son utilizados para ocultar o lavar los bienes de ilícita procedencia, pueden ser objeto de decomiso, empero, siempre y cuando en juicio oral se demuestre esa vinculación.

Sobre el delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas

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Para la existencia de un delito, necesariamente debe existir una acción, seguida de un nexo causal que generará un resultado lesivo. En ese sentido, lo esencial es la existencia de un bien razonablemente entendido de origen ilícito, el cual debe ser producto o tener inherencia a una actividad ilícita previa. El resultado del delito previo, viene a ser uno de los elementos normativos del tipo penal, pues ha de tenerse presente que el delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas no procura necesariamente de forma primaria castigar hechos ilícitos, sino a través de sus verbos rectores –convertir, transferir, ocultar, encubrir, disimular, adquirir, poseer y utilizar-  reprime la responsabilidad del legitimador o lavador.

Resumen de las condiciones de validez de la detención preventiva

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El régimen de medidas cautelares previsto en el Código de procedimiento penal está regido por el principio de potestad reglada, afirmando que esto supone que ‘los operadores jurídicos están relevados del juicio de proporcionalidad en la adopción de la medida’; sin embargo, dicho criterio fue actualmente superado, a partir de la jurisprudencia de la Corte IDH que fue ampliamente citada en este punto y que, por tanto, en ejercicio del control de convencionalidad, corresponde ser aplicada para la imposición de las medidas cautelares, en especial, la detención preventiva”.
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Dr. Ramiro Carrillo A.
Dr. Ramiro Carrillo A.
El Dr. Ramiro Carrillo A., es un profesional abogado de Bolivia cuya especialidad radica en materia constitucional, penal, civil, administrativo, mujer, niñez y adolescencia ademas de ser asesor en diferentes instituciones públicas y privadas; su mayor aporte a la ciencia del derecho radica en dar seminarios, clases, diplomados en diferentes instituciones educativas.