El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles anunció este sábado la modificación de Ley 263 la “Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas”, como una de las estratégicas de la Política Plurinacional contra la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos para el periodo 2021–2025.
“Una de las estrategias que plantea la Política Plurinacional para los próximos cinco años es modificar la Ley 263, es necesario actualizarla, adecuarla a la nueva realidad, a la tecnología, a las nuevas formas de captar víctimas, las mismas que se han diversificado. Las redes sociales ahora son parte de las nuevas formas”, indicó.
La autoridad manifestó que la modificación de la normativa generará los mecanismos para fortalecer las instituciones que trabajan en la prevención, atención y protección a las víctimas y sanción de estos delitos. Además, de endurecer las penas, se crearán juzgados fiscalía y una Policía especializada en la lucha contra la trata y tráfico de personas.
Siles informó que, entre el 2015 y 2021 se tiene aproximadamente 2.500 casos registrados, de los cuales desde el año anterior 400 casos están en proceso y sólo 12 recibieron condenas.
“Es muy poco para tantos casos, la mayor parte fueron cerrados por falta de investigación, es por eso que hay que fortalecer a la Policía y a la Fiscalía, asignar mayores recursos para tener mejores resultados. Pero, no solo en la sanción, también se debe poner mucho énfasis en la prevención, capacitación y sensibilización de todos los actores en esta lucha”, consideró Siles.
La Política establece 12 acciones estratégicas que tienen el objetivo de luchar contra el delito, que afecta los derechos fundamentales de la población a la vida, a la libertad y a la libertad sexual.
Las 12 acciones estratégicas de la Política Plurinacional son: Proponer Acuerdos y Convenios Bilaterales a la comunidad internacional. La modificación de la Ley 263, Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas.
Además, la capacitación de servidores públicos, personal policial, del Ministerio Público y de los jueces; la elaboración y gestión de implementación de campañas de prevención relacionadas a la captación de víctimas de trata de personas; la dotación de equipamiento adecuado a las Divisiones de Trata y Tráfico de personas.
También el desarrollo de un modelo de atención en centros de acogida especializados para víctimas de trata y tráfico de personas y delitos conexos; la capacitación constante para que las víctimas de trata de personas sean atendidas adecuadamente en su proceso de reintegración; la creación o fortalecimiento de centros de acogida especializados para la atención y la reintegración para víctimas de trata de personas.
Así como el manejo de información mediante implementación de un sistema informático articulado y la elaboración de una Ley de Personas Desaparecidas que permita esclarecer y diferenciar la atención de casos de trata de personas respecto a los casos de desaparición por otros motivos.
