Isidro Limachi Aguilar | Candidato al Consejo de la Magistratura

FORMACIÓN ACADÉMICA

1. Licenciado Auditor Financiero (UMSA).
2. Diplomado en Comercio Internacional y Política Aduanera (UTB).
3. Diplomado en Auditoría del Diseño y Marketing, Instituto Superior de Diseño Industrial (La Habana, Cuba).

PRODUCCIÓN INTELECTUAL

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EXPERIENCIA PROFESIONAL

1.  Auditor Financiero, 22 años de carrera profesional, afiliado al CALP y Bolivia.
2. Trabajos en auditorías financieras en entidades privadas y públicas,
3. Gerente Administrativo en empresas.
4. Diez años de trabajo específico en el Órgano Judicial (CM) en áreas de la estructura organizacional,
5. Jefe Administrativo Financiero,
6. Jefe de Control y Fiscalización, Seguimiento a Proyectos,
7. Jefe de Administración y Control de Personal, Jefe de Evaluación, Asistente Decanatura,
8. Asamblea Legislativa Departamental de Potosí, cargos desempeñados como Jefe Financiero y Director General Administrativo Financiero.

VISIÓN SOBRE LA JUSTICIA EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

El Órgano Judicial, en el más amplio sentido, adquiere la responsabilidad del cumplimiento del acceso a la justicia, liderar las políticas públicas adecuadas y coordinar con todas las instituciones involucradas para conseguir que el acceso a la justicia esté garantizado para todos los grupos sociales (en los procesos judiciales y procesos previos a éstos, además de los extrajudiciales), bajo el concepto de servicio público.

El acceso a la justicia no fue priorizado en cuanto a políticas públicas en materia de justicia en el país, la generación de políticas públicas integrales y coordinadas con las entidades que forman parte del sector justicia. Por consiguiente, el acceso a la justicia no solamente se constituye en una garantía de la administración de justicia, como equivalente a facilitar o garantizar el acceso a los  servicios brindados por los tribunales de justicia, sino también para brindar garantías para acceder al proceso judicial y proseguir sus etapas conforme a ley.

En los últimos 12 años, a partir de la implementación de la Ley Nro. 025, modificada mediante Ley 979, el acceso a la justicia y la administración de justicia no logró colmar las expectativas de la población litigante y las personas que circunstancialmente llegan a iniciar un proceso en diferentes materias.

Fue descuidada o ignorada provocando una administración de justicia mal vista y reprochada a la fecha.

VISIÓN Y/O PROPUESTA TÉCNICA A LA INSTANCIA QUE POSTULA

El plan de gestión administrativa judicial desde el CM en el periodo 25-30 tiene como propósito gestionar el proceso de implementación de una reingeniería integral del sistema de justicia, con el concurso de todas sus partes.

Esta medida provocará un cambio fundamental en el actual sistema de justicia, como la funcionalidad y estructura organizacional del Órgano Judicial. El propósito de la reingeniería estará debidamente articulado con las acciones que serán desarrolladas a corto, mediano y largo plazo por los entes ya mencionados.

• Diseñar una nueva carrera judicial, afianzada desde el último año de estudiantes de Derecho, pasando por el personal de apoyo (auxiliares, notificadores, secretarios, jueces, vocales y magistrados) como corolario de la carrera judicial con base en principios y valores.
• Desarrollar un sistema de control electrónico a los procesos de sus diferentes materias, incrementando presupuesto.
• Desarrollar políticas públicas de prevención sobre los delitos penales y sus  consecuencias, dirigido a los jóvenes, y ética judicial del juez.
• Hacer prevalecer la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Indígena Originario Campesina gozan de igual jerarquía.
• Modernizar el servicio registral de Derechos Reales bajo la tuición del Consejo de la Magistratura.
• Fortalecer la lucha contra la corrupción, la Justicia Indígena Originario Campesina, además de promover la igualdad de oportunidades de las personas en situación de vulnerabilidad y escasos recursos.