JURISPRUDENCIA: La presunción de inocencia impide que la configuración de la detención preventiva devenga en una pena anticipada

SCP Nro. 1663/2013 | Sucre, 4 de octubre de 2013

0
431
#SoloDerecho

En lo referente a la presunción de inocencia el art. 116.I de la CPE, establece: “Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado”, mientras que los tratados internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad conforme al art. 410.II de la Norma Suprema, refieren que: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa” (Declaración Universal de Derecho Humanos en su art. 11.1); “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley” (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en su art. 14.2; “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad…” (Convención Americana sobre Derechos Humanos en su art. 8.2, y en desarrollo de dichas disposiciones es que la jurisprudencia de este Tribunal estableció: “…la presunción de inocencia acompaña al imputado desde el inicio del proceso hasta que exista contra él sentencia condenatoria pasada en autoridad de cosa juzgada…” (SC 0747/2002-R de 24 de junio), mientras que la SC 0173/2004-R de 4 de febrero, señaló que es la: “…garantía de todo aquel contra quien pesa una acusación, para ser considerado inocente mientras no se compruebe su culpabilidad a través de medios de prueba legítimamente obtenidos, dentro de un debido proceso…».

En este sentido, la presunción de inocencia está íntimamente relacionada a la medida cautelar de carácter personal de detención preventiva, así el art. 23.I de la CPE, prescribe: “Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales”, en tanto que el art. 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, indica  que: “Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio”, y desde sus inicios este Tribunal sostiene que: “…la detención preventiva establecida como una medida cautelar de carácter personal por el nuevo Código de Procedimiento Penal, está regulada de manera tal que no se convierta en un injusto y anticipado cumplimiento de una pena para las personas, a las que el Estado por disposición constitucional les reconoce su condición de inocencia en tanto no pese en su contra una sentencia condenatoria ejecutoriada. Bajo esta óptica, constituyendo la detención preventiva una excepción a dicho principio, es que la Ley de manera expresa determina las condiciones de procedencia de la detención preventiva, así como los requisitos que debe contener el Auto que la dispone” (SC 0228/2001-R de 22 de marzo), en este sentido la configuración de la detención preventiva debe ser tal forma que impida que en los hechos se transforme en una pena anticipada que llegue a afectar la garantía del juicio previo.

Así también, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Sentencia de 12 de noviembre de 1997, dentro del caso Suárez Rosero Vs. Ecuador, señaló que: “De lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva.

Este concepto está expresado en múltiples instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos y, entre otros, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone que la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general (art. 9.3). En caso contrario se estaría cometiendo una injusticia al privar de libertad, por un plazo desproporcionado respecto de la pena que correspondería al delito imputado, a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida. Sería lo mismo que anticipar una pena a la sentencia, lo cual está en contra de principios generales del derecho universalmente reconocidos”.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here