Líos familiares y delitos contra menores ¿qué hay detrás de las desapariciones?

Las causas más comunes, sobre todo en el caso de los adolescentes, son problemas familiares, de conducta o de tipo sentimental. Estas desapariciones pueden ser la entrada a otro tipo de ilícitos.

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El pasado 27 de octubre, Katte, una adolescente de 15 años, salió de su casa para ir a comprar una cartulina y regresó después de una semana y media. “Supuestamente se encontró con un compañero de curso que tampoco aparecía y luego de buscarla por todos los medios recibí la llamada de una persona para informarme que la habían visto en Copacabana”, relata Lizeth con esa alegría que la angustia le había arrebatado durante días al no saber dónde ni cómo estaba su hija.

Katte desapareció en su barrio,  la zona 16 de Julio de El Alto, a plena luz del día. Al promediar las 17:30, media hora después de haber salido de su domicilio, su familia comenzó a buscarla. Ante la ausencia de pistas, su rostro y su nombre, acompañados por el rótulo de “adolescente desaparecida”, comenzaron a inundar las redes sociales, los postes y muros de la esperanza, que hicieron posible su regreso a casa.

El principal escollo  en la búsqueda es la falta de información de los padres sobre sus hijos.
Foto:Carlos Sánchez / Página Siete

En La Paz, 32 menores (dos niños de entre 0 y 12 años y 30 adolescentes de entre 13 y 17) fueron reportados como desaparecidos en octubre (uno en la sede de Gobierno y 31 en la urbe alteña), según datos que hizo públicos el Ministerio de Gobierno. En promedio, hubo una desaparición por día. De ellos, 20 fueron encontrados, mientras que 12 (37,5%) niños y adolescentes aún son buscados.

Estas cifras revelan que en el último tiempo hubo un incremento de casos pues, según la exjefa de la unidad de Trata y Tráfico de Personas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) Gaby Coca durante la  pandemia llegaron a reportar  una única  desaparición a la semana.

“Al día siguiente de su desaparición fui a la Felcc a poner la denuncia y al principio no me querían tomar en cuenta. Decían que al haberse perdido entre ‘enamorados’ mi hija iba a volver”, explica Lizeth y, por suerte, así fue, aunque su caso ahora está siendo investigado por la Fiscalía.

La Felcc  recibe las denuncias de personas desaparecidas.

“Lo que viví fue un infierno porque tenía miedo de que mi hija diese con malas personas que pudieran llevarla a otro lugar y hacerle cualquier cosa”, confiesa con la angustia que  solo pueden sentir las madres cuyos hijos desaparecieron sin dejar ni rastro.

Lizeth ya está con Katte, pero hay otras que siguen buscando reencontrarse con sus “pequeños” desde hace años. Como la mamá de Zarlet Clavijo, quien vio a su hija por última vez cuando la joven tenía 17 años. Y ahora acaba de cumplir 26.

Según el actual jefe de la División de Trata y Tráfico de Personas de la Felcc, William Calderón, las causas más comunes de las desapariciones de menores, sobre todo de adolescentes, son problemas familiares, de conducta o de tipo sentimental.

“Esas son las circunstancias más comunes en las que se dan estos casos de desapariciones. Algunos se van de sus casas por problemas familiares con los padres, mientras que otros se escapan con los enamorados, pero no permanecen desaparecidos por un tiempo prolongado. El grupo ERI (una subdivisión de la unidad de Trata y Tráfico de Personas) reacciona de manera inmediata, hace las búsquedas correspondientes y los mismos aparecen en un máximo de cinco días, que ya están restituidos en sus casas o se les hace la entrega a los padres de familia en conjunto con la Defensoría”, explica Calderón.

“El 90% de los casos de desaparecidos se deben a estas causas”, apostilla  Coca.

Autoridades  recomiendan más comunicación con los hijos.
Foto: Carlos Sánchez / Página Siete

Sin embargo, estas desapariciones también pueden ser la entrada a otro tipo de ilícitos. Según Coca, hay una “minoría” de casos de menores desaparecidos vinculados a diferentes delitos que están siendo investigados por el Ministerio Público, como es trata de personas, sustracción y corrupción de menores, inducción a fuga o estupro.

“La ciudadanía debe entender que el hecho de que un menor esté desaparecido no quiere decir que sea víctima de trata de personas”, aclara Coca, aunque señala que este delito también se da y las más vulnerables  son las mujeres adolescentes.

Actualmente, las redes sociales son una de las formas más comunes para la captación de adolescentes con fines de trata y tráfico. Por lo general, el modus operandi de los delincuentes consiste en hacer engañosas ofertas de trabajo de niñeras, administradoras, etc., pero las jóvenes captadas terminan convertidas en víctimas de explotación sexual.

Falta de información, el escollo

Según Coca, la escasa información que tienen los padres sobre sus propios hijos es uno de los principales problemas por los que una investigación debe iniciarse “desde cero”. La falta de comunicación en el seno familiar hace que en muchos casos los papás no puedan dar datos clave para la búsqueda de sus hijos desaparecidos, como cuál es su entorno de amistades, dónde vive su mejor amigo o si tiene una relación amorosa.

“Otro inconveniente con el que chocamos son las conductas extremistas en algunos adolescentes por una confusión al interior de los hogares. Hay bastantes casos de adolescentes que desaparecen dos o tres días solamente porque sus padres han tomado algún tipo de reprenda sobre ellos”, indica Coca.

 Padres  denuncian en la Felcc la desaparición de su hijo.
Foto: Carlos Sánchez / Página Siete

 

Con base en la Ley 3933 de Búsqueda, Registro, Información y Difusión de Niños, Niñas y Adolescentes Extraviados, a partir del registro del menor desaparecido, la División de Trata y Tráfico de Personas tiene 72 horas para agotar todas las posibilidades de búsqueda, recabando información a pie de calle que dé indicios.

“Mientras antes se reporte al menor como desaparecido, más posibilidades tenemos de encontrarlo”, apunta Coca.

Si dentro de ese periodo el menor no aparece, se remite un informe al Ministerio Público para que se inicie una investigación. No obstante, los casos que presentan aspectos particulares que podrían vincularse a un hecho delictivo son remitidos a la Fiscalía en un plazo de entre 24 y 48 horas.

“Los indicios, las entrevistas y las circunstancias de la desaparición, cómo se ha presentado, si ha sido un abandono de hogar o definitivamente una desaparición, nos indica a nosotros qué camino debemos tomar. Hay casos muy especiales, con características sumamente particulares, como el de la bebé Samanta, que en el mismo día abrimos el caso con el Ministerio Público”, sostiene Coca.

La bebé Samanta fue robada por una mujer el pasado 8 de septiembre en la  zona de Villa Fátima. La autora secuestró a la bebé después de ganarse la confianza de la madre y el caso hizo desplegar un operativo inusual a la Policía Boliviana, que permitió dar con el paradero de la pequeña un mes después, el 12 de octubre.

En el interín el Ministerio de Gobierno  mostró públicamente a una inocente como presunta raptora. Luego de recibir duras críticas por difundir la imagen, el ministro Arturo Murillo admitió el error y se disculpó con la afectada que anunció un proceso.

Por las características del caso, la desaparición de la bebé Samanta requería una investigación en coordinación con el Ministerio Público para obtener requerimientos fiscales que permitieran obtener registros de llamadas y accesos a imágenes de las cámaras de seguridad.

La Policía, a través de la División de Trata y Tráfico de Personas, activó los sistemas de control en fronteras, en terminales de buses y estaciones aéreas para identificar y capturar a la raptora y poder dar con el paradero de la bebé. Todo este operativo, sumado a la coordinación con el Ministerio de Salud y el Segip, entre otras instituciones, permitió, a su vez, encontrar a otros menores desaparecidos.

“Todos hemos trabajado en este caso: desde los medios de comunicación hasta la ciudadanía.  La difusión de información ha sido clave para localizar a la bebé”, afirma Coca. Lo ocurrido con Samanta es un delito tipificado como trata de personas con el fin de guarda o adopción.

“En estos casos, el fin más común es entregar el bebé a familias que no pueden tener hijos. Mamás que han decidido entregar a sus hijos, quizás por mala  situación económica.  La familia que no puede tener el hijo le paga toda la situación prenatal y da ayuda a la familia”, aclara Coca, pero en el caso de Samanta, su raptora alegó que había perdido un bebé y quería suplantarla.

Policía  obstruye el acceso a información 

Durante los pasados días circularon en redes sociales rumores referentes a una “ola de secuestros y desapariciones en todo el territorio nacional” de personas de entre siete y 16 años de edad en el mes de octubre.  Después de que  la Policía desmintió dicha información e hizo públicos los datos de menores desaparecidos y encontrados en ese breve periodo, Página Siete solicitó estadísticas de todo lo que va del año para poner en contexto las cifras y poder evidenciar si en octubre hubo un crecimiento o reducción de los índices de desapariciones de menores respecto a meses anteriores.

Sin embargo, y pese a que esa información es de orden público, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) alega que “un memorándum prohíbe que proporcionen datos estadísticos”, lo cual viola la supremacía de la Constitución Política del Estado (CPE), que en su artículo 107 consagra -o así debería ser- el derecho a la comunicación y el derecho a la información.

Como estipulan los procedimientos burocráticos de la Policía Boliviana, en fecha 30 de octubre este medio remitió una carta dirigida al comandante general de esa institución, Rodolfo Montero, para solicitar autorización al acceso de la información requerida a la Felcc. Una semana después, y luego de hacer el seguimiento correspondiente, no se obtuvo ninguna respuesta y tampoco dan a saber cuándo aceptarán o negarán dicha solicitud, cuyo objetivo es vencer la desinformación existente respecto a un asunto que preocupa a la sociedad.

Este procedimiento ratifica que la aplicación de normativas internas obstaculizan la labor periodística y, por ende, el cumplimiento de la CPE, que recoge el derecho a informar y a ser informado, piedra angular de cualquier democracia.

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