Hoy, 19 de noviembre, se cumplen cuatro años de la masacre de Senkata. Aquella que golpeó a varias familias y las dejó sin sus seres queridos. A otros que viven aún con el dolor de las heridas y algunos que arrastran problemas por justicia, que tarda en llegar.
Un operativo militar y policial para desbloquear la planta de Senkata, en El Alto, terminó aquel día con la muerte de 10 personas y cerca de un centenar de heridos.
Fue un episodio de la crisis política vivida tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia.
Hace cuatro años, el régimen de Jeanine Áñez, en nombre de la “pacificación”, causó dos masacres, en Senkata, en El Alto, La Paz, y Sacaba, Cochabamba.
Contra el discurso oficial y sus repetidores mediáticos que hablaron de “fuego cruzado”, dichas masacres fueron certificadas en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) tras una rigurosa investigación. Hasta ahora no hay justicia.
El 12 de noviembre, Áñez se autoproclamó como presidenta; dos días después, ella y su gabinete promulgaron el Decreto 4078, que eximía de responsabilidad penal a los militares y policías que participen en operativos para “el restablecimiento del orden interno y la estabilidad pública”.
Con ese decreto, fuerzas combinadas de las Fuerzas Armadas y la Policía dispararon a matar, propiciaron ejecuciones sumarias y torturaron a población civil en Sacaba (15 de noviembre) y en Senkata (19 de noviembre).
Los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, hoy prófugos de la Justicia, justificaron los sangrientos hechos. El segundo, la noche del 19 de noviembre, afirmó que “del Ejército no salió ni un solo cartucho”.
Entre esos personajes y algunos medios de comunicación apuntaban a los manifestantes como quienes pretendían hacer volar la planta de gas (de Senkata).
La investigación del GIEI concluyó en que “la dinámica de los hechos, la ausencia de pruebas que demuestren el uso de armas de fuego por los manifestantes y la compatibilidad entre las lesiones sufridas por las víctimas, los cartuchos hallados, las balas y el armamento utilizado por las fuerzas de seguridad, indican fuertemente que los disparos provinieron de sus armas”.
“Son sin duda días de mucha tristeza, de mucho dolor aún para las víctimas y también para mí, porque hasta la iglesia (San Francisco de Asís) llegaban uno a uno los fallecidos”, relató a La Razón el sacerdote Gechi Revelin Pucho, párroco de ese templo, que recibió en el templo a los fallecidos.
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Recordó también que decenas de personas llegaron hasta esa parroquia, ubicada en la zona de Senkata, en el Distrito 8 de El Alto. Allí hay un subterráneo donde la gente se ocultaba de los efectivos policiales y militares que a pie de parada ingresaron para requisar la parte alta del templo, pero no se dieron cuenta que por debajo había otro espacio.
“Ahí se han refugiado varias personas, porque si se daban cuenta, se los hubieran llevado presos, como han hecho con varias personas”, contó el párroco.
A cuatro años de los luctuosos hechos, el padre Gechi, como muchos le llaman, expresó su tristeza porque además de no llegar la justicia para las víctimas, “los de Senkata” quedaron con el estigma de “terroristas y vándalos”.
JUSTICIA. La presidenta de la Asociación de Víctimas de la masacre de Senkata, Gloria Quisbert Ticona, hermana de Ronald Quispe Ticona, una de las 10 víctimas fatales, apuntó como responsable de la retardación de justicia al Ministerio de Justicia, que a pesar de haber recibido las 36 recomendaciones del GIEI, entre ellas la atención integral a las víctimas y sus familias, no las cumple.
Otra de las recomendaciones de esa oficina internacional fue de hacer un censo de víctimas, que tampoco se concretó.
“Lamentablemente, se han ido olvidando de la masacre, de las víctimas. Lo único que han hecho es usarnos como bandera política. No hay reparación integral, no se ha hecho seguimiento a los heridos, no hay censo; en vano nos han pedido documentos”, reclamó Quisbert en este diario.
Desde el 19 de noviembre de 2019, la vida de Elvis Mamani (26) cambió de forma radical luego de recibir un impacto de bala en su pierna izquierda. Hasta hoy sufre las secuelas de esa herida, camina con la ayuda de una muleta, pero también las marcas psicológicas que le dejaron los médicos que en ese entonces le atendieron en medio de maltratos psicológicos y verbales, al igual que a otros heridos.
“Me decían que aguante el dolor. ‘Por defender a tu papá Evo (Morales) estás aquí, ahora él que venga a pagar (la atención)’”, dijo.
Elvis también continúa en la lucha para lograr que llegue la justicia para las víctimas. A pesar de que el Gobierno le dio una fuente laboral, no continuó con sus controles médicos.
Otro grupo de afectados son los detenidos durante la represión de las fuerzas del orden. Es el caso de Cristhian Calle, que después de casi cuatro años, hace dos meses, recobró su libertad, pues lo acusaron por ocho delitos, entre ellos terrorismo. Estuvo un año y medio en la cárcel de San Pedro y luego con detención domiciliaria.
“Han mellado mi dignidad, la de mi familia, porque ha salido mi nombre y mis fotos en los medios de comunicación. He perdido mi fuente de empleo y en otros lados no me han querido contratar porque tengo antecedentes”, relató.
Como él hubo otros casos de víctimas encarceladas.
Víctimas temen impunidad por la masacre
Las víctimas de la masacre de Senkata están en vilo. Temen que los hechos del 19 de noviembre queden en la impunidad luego de que el 30 de octubre de este año el Tribunal de Sentencia Cuarto de El Alto declinara su competencia para juzgar a Jeanine Áñez por las 10 muertes en la violenta represión militar y policial de 2019.
“El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la ciudad de El Alto, por voto unánime y conjunto de sus miembros, se declara incompetente para conocer y resolver hechos acusados por el Ministerio Público contra Jeanine Áñez Chávez y otros”, dice parte de la resolución.
La presidenta de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Senkata, Gloria Quisbert, afirmó a La Razón que el caso se dilata.
“Pasaron cuatro años y no sabemos qué va a pasar; no hay avances en los procesos y ahora el tribunal de El Alto ha declinado sus competencias”, afirmó peocupada.
La Fiscalía acusó formalmente Áñez de “genocidio” por su rol en la matanza de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019, en la que murieron 20 personas y otras 200 resultaron heridas, y ha pedido una condena de 30 años de prisión en su contra.
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, insistió en que el juicio en contra Áñez debe ventilarse en la vía ordinaria y no en un juicio de responsabilidades.
“La decisión asumida por estos tribunales, apartándose de los antecedentes contenidos en los autos de vista que ya resolvieron con anterioridad esta cuestión se encuentra al margen de los principios procesales de legalidad, transparencia y debido proceso”, dijo en una conferencia de prensa en Sucre.
Lanchipa aclaró que la cuestión competencial en este caso ya fue planteada, discutida y resuelta con anterioridad ante los juzgados de instrucción penal a cargo del control de garantías del proceso.
En esa “resolución judicial dispusieron que la ciudadana Jeanine Áñez Chávez debe ser procesada en la jurisdicción ordinaria y que no corresponde un juicio de privilegio constitucional”, remarcó el fiscal Lanchipa.
