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Relatora de la ONU está preocupada por retraso de elecciones judiciales en Bolivia y pide informes

La Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, hizo pública su preocupación por el retardo de las elecciones judiciales en Bolivia, porque se arriesga una vacancia de poder judicial.

La Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, hizo pública su preocupación por el retardo de las elecciones judiciales en Bolivia, porque se arriesga una vacancia de poder judicial.

“Preocupada del retraso que ha sufrido el proceso de elección las autoridades máximas del órgano judicial en Bolivia”, publicó Satterthwaite, mediante su cuenta de la red social X, donde además resaltó “la importancia que tiene celebrar un proceso transparente, participativo e integro para asegurar la independencia de la justicia”.

Además, la Relatora difundió un mandato emitido en septiembre, dirigido al Estado boliviano donde se detalla su preocupación y se pide informes al respecto.

En su mandato, alertó la posibilidad de que los altos cargos judiciales queden vacantes por tiempo indefinido desde enero, lo cual bloquearía “la capacidad del poder judicial para cumplir su importante papel en el orden constitucional de Bolivia”.

La Relatora enfatizó “la importancia que tiene esta elección para asegurar la independencia de la justicia en el país”.

“Los derechos a la igualdad ante las cortes y tribunales, a un juicio justo y a recursos efectivos son elementos clave de la protección de los derechos humanos y sirven como medio procesal para salvaguardar el estado de derecho”, agregó.

En ese marco, pidió informes sobre la situación y las alegaciones respectivas, las medidas adoptadas para llevar a cabo las elecciones de altas autoridades, seguimiento a las recomendaciones que dejó su antecesor Diego García-Sayán.

Además, la Relatora pidió información sobre las medidas adoptadas para asegurar que, si se diera una vacancia de altas autoridades judiciales, está sería limitada en duración y que tengan un impacto mínimo en el derecho a juicio justo de las personas en el país.

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