6.7 C
La Paz
domingo, febrero 5, 2023
spot_img

Sobre el beneficio de la detención domiciliaria en ejecución de sentencia «sin derecho a indulto»

Para poder comprender el indicado beneficio, es menester partir de las siguientes precisiones relativas a la pena y principalmente la finalidad que busca; así, según lo previsto por el art. 3 de la LEPS, con relación a la finalidad de la pena, a su letra estipula que: “La pena tiene por finalidad, proteger a la sociedad contra el delito y lograr la enmienda, readaptación y reinserción social del condenado, a través de una cabal comprensión y respeto de la Ley” (las negrillas son ilustrativas); a su vez, el art. 25 del Código Penal (CP), establece que: “La sanción comprende las penas y las medidas de seguridad. Tiene como fines la enmienda y readaptación social del delincuente, así como el cumplimiento de las funciones preventivas en general y especial” (las negrillas fueron añadidas); así también, el art. 27 del referido el sustantivo penal, determina que:

“Son penas privativas de libertad:
1) (Presidio).- El presidio se aplicará a los delitos que revistan mayor gravedad y tendrá duración de uno a treinta años. En los de concurso el máximo no podrá, en ningún caso, exceder de treinta años. 
2) (Reclusión).- La reclusión se aplicará a los delitos de menor gravedad y su duración será de un mes a ocho años. 
3) (Aplicación).- Tratándose de cualquiera de estas sanciones, el juez podrá aplicar una u otra en conformidad con el artículo treinta y siete” (las negrillas son nuestras).

De la normativa desglosada supra; se concluye que, la pena tiene como finalidad proteger  a la sociedad contra el delito y lograr la enmienda, readaptación y reinserción social del condenado, a través de una cabal compresión y respeto a la ley; bajo cuyo razonamiento, el constituyente ha previsto que en Bolivia: “La máxima sanción penal será de treinta años de privación de libertad, sin derecho a indulto” (art. 118.II de la CPE), para aquellos delitos que revistan mayor gravedad; en cuyo entendimiento, tal penalidad se encuentra determinada en el sustantivo penal para delitos como ser: asesinato; feminicidio; parricidio; infanticidio; violación de infante, niña, niño o adolescente, entre otros.

Ahora bien, en la máxima sanción penal prevista por el Estado boliviano, el término sin derecho a indulto, conlleva la imposibilidad de acceder a ciertos beneficios penitenciarios en ejecución de sentencia; aspecto fundamental, cuya distinción constituye punto de partida para el caso en análisis.

En ese marco, corresponde ahora remitirnos a los presupuestos normativos para la aplicación de la detención domiciliaria en ejecución de sentencia, que nos ocupa, en cuyo contexto; se tiene que, el art. 55 inc. 2) del CPP, señala que los Jueces de Ejecución Penal tienen la atribución de la sustanciación y resolución de la libertad condicional y de todos los incidentes que se produjeran durante la etapa de ejecución.

Por su parte el art. 428 parte inicial, del mismo Código, de manera similar; estipula que, las sentencias condenatorias serán ejecutadas por el juez de ejecución penal, quien tendrá competencia para resolver todas las cuestiones o incidentes que se susciten durante la ejecución.

Asimismo, el art. 432 del adjetivo penal, determina que tanto la Fiscalía como el condenado podrán plantear incidentes relativos a la ejecución de la pena, añadiendo que, el incidente será resuelto por el juez de ejecución penal, en audiencia oral y pública, convocada dentro de los cinco días siguientes a su promoción, Resolución que podrá ser apelada ante la Corte Superior de Justicia –hoy Tribunal Departamental de Justicia–.

Disposiciones normativas concordantes con el art. 19.1 de la LEPS, que de manera expresa; determina que, el Juez de Ejecución Penal es competente para conocer y controlar, la Ejecución de las sentencias condenatorias ejecutoriadas que impongan penas o medidas de seguridad y de los incidentes que se produzcan durante su ejecución.

Ahora bien, con relación al incidente de detención domiciliaria en ejecución de sentencia, el precitado cuerpo legal, estableció lo siguiente:

“ARTÍCULO 93º (Enfermedades Graves y Contagiosas).- Cuando el interno contraiga enfermedad grave y/o contagiosa o se le diagnostique enfermedad terminal, el Director del establecimiento, previo dictamen médico, autorizará su traslado a un Centro de Salud adecuado o en su caso solicitará al Juez de Ejecución su detención domiciliaria.

ARTÍCULO 196º (Detención Domiciliaria).- Los condenados que hubieran cumplido la edad de 60 años, durante la ejecución de la condena, podrán cumplir el resto de la misma en Detención Domiciliaria, salvo aquellos que hubiesen sido condenados por delitos que no admitan Indulto.

Los condenados que padezcan de una enfermedad incurable, en período terminal, cumplirán el resto de la condena en Detención Domiciliaria.

ARTÍCULO 197º (Internas Embarazadas).- Las internas que se encuentren embarazadas de seis meses o más, podrán cumplir la condena impuesta en Detención Domiciliaria, hasta noventa días después del alumbramiento.

ARTÍCULO 198º (Condiciones).- La Resolución que disponga el cumplimiento de la condena en Detención Domiciliaria, impondrá las reglas de comportamiento y supervisión correspondientes.
El procedimiento para la autorización de la Detención Domiciliaria, se regirá por lo dispuesto en el artículo 167º de la presente Ley.

ARTÍCULO 167º (Salidas Prolongadas).- Los condenados clasificados en el período de prueba, podrán solicitar al Juez su salida prolongada, por el plazo máximo de quince días, cumpliendo los siguientes requisitos:
1. No estar condenado por delito que no permita indulto;
2. Haber cumplido por lo menos dos quintas partes de la pena impuesta;
3. No haber sido sancionado por faltas graves o muy graves en el último año; y,
4. Ofrecer dos garantes de presentación.
Las salidas prolongadas sólo podrán concederse una vez por año” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).

Complementando las disposiciones anotadas supra, el Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad –Decreto Supremo (DS) 26715 de 26 de julio de 2002–, sobre la detención domiciliaria en sus arts. 110, 113 y 114, establece que los mayores de sesenta años que no se hallen condenados por delito que no permite indulto, mujeres embarazadas, los que padezcan enfermedad incurable en periodo terminal y los enfermos de VIH y SIDA, podrán acogerse a la detención domiciliaria.

Con relación a la enfermedad incurable, el precitado art. 113 del Reglamento indicado, señala que:

“I. El interno que sufra una enfermedad incurable en período terminal, podrá cumplir el resto de su condena en detención domiciliaria.
II. Se considerará enfermedad incurable en período terminal aquélla que, conforme los conocimientos científicos y los medios terapéuticos disponibles, no pueda interrumpirse o
involucionar y de acuerdo a la experiencia clínica lleve al deceso del interno en un lapso aproximado de doce (12) meses. A tal fin, se aplicarán los criterios generales vigentes en las distintas especialidades médicas.
III. La otorgación del beneficio no estará supeditada a la consideración del delito por el cual el interno cumple condena ni al período del sistema progresivo en el que se encuentre” (las negrillas y el subrayado fueron añadidos).

Finalmente, sobre el procedimiento previsto para la otorgación de detención domiciliaria, el prenombrado Reglamento, determina en su art. 111, que:

“I. Recibida la solicitud, el Juez de Ejecución Penal, dentro de los cinco días hábiles siguientes, dictará Resolución concediendo o negando la detención domiciliaria.
II. En caso de concederla podrá imponer las restricciones y reglas de comportamiento que considere convenientes cuidando que las mismas no afecten la dignidad del interno ni desnaturalicen la finalidad de la detención domiciliaria.
III. La negativa de la solicitud deberá ser fundamentada.
IV. La resolución del Juez de Ejecución podrá ser objeto de apelación incidental” (las negrillas y el subrayado son nuestros).

Ahora bien, conviene precisar inicialmente cuál la finalidad que persigue el beneficio de la detención domiciliaria en ejecución de sentencia; a cuyo objeto, bajo el marco normativo desarrollado, se observa los siguientes presupuestos para acceder a este beneficio:

i) Los condenados que hubieran cumplido la edad de sesenta años, durante la ejecución de la condena, podrán cumplir el resto de la misma en Detención Domiciliaria, salvo aquellos que hubiesen sido condenados por delitos que no admitan indulto.
ii) Las internas que se encuentren embarazadas de seis meses o más, podrán cumplir la condena impuesta en Detención Domiciliaria, hasta noventa días después del alumbramiento.
iii) Los condenados que padezcan de una enfermedad incurable, en período terminal, cumplirán el resto de la condena en Detención Domiciliaria.

Presupuestos que bajo una interpretación teleológica, persiguen: en el primero preponderando que a partir de los sesenta años se considera que una persona es adulta mayor, grupo vulnerable de protección constitucional reforzada, previendo para este grupo una vejez digna bajo la aplicación de este beneficio; sin embargo, para poder obtener dicho beneficio no deberá estar condenada por delitos que no admitan indulto, penalidad que como ya se señaló supra, significa que la pena fue por delitos de mayor gravedad que llevaron a la aplicación de la máxima sanción penal nacional; para el segundo, al igual que el primero, se trata de grupos vulnerables, referidos a las mujeres en estado de gestación, observando que es el único presupuesto donde se estipula un lapso para la aplicación de la detención domiciliaria –hasta noventa días después del alumbramiento–, entendiendo en los dos restantes, que su aplicación es para el cumplimiento del resto de su condena; y, finalmente, el tercero vinculado a la dignidad de la persona, en el entendido de que se trata de un paciente diagnosticado con enfermedad en fase terminal; es decir, que cuenta con un corto pronóstico de vida.

No obstante, la claridad del marco normativo previsto por el legislador respecto a los presupuestos y la aplicación del beneficio de detención domiciliaria en ejecución de sentencia, los administradores de justicia –Jueces de Ejecución Penal–, llegan en ocasiones a hacer un uso discrecional de dicho beneficio, ya sea de manera infundada o bajo un paraguas de interpretación diversa sobre los alcances de la protección del derecho a la vida y salud de los privados de libertad; generando de esta manera, una total inseguridad jurídica que entre otras, tiene como posible consecuencia la revictimización –en el entendido también de que el término víctima abarca de igual manera a la familia inmediata de la víctima directa del ilícito–, o la generación de nuevas víctimas, ocasionada por personas que habiendo sido condenadas a presidio y sin cumplir los presupuestos previstos por ley, se favorecen con el aludido beneficio en desmedro de la justicia boliviana; en virtud de lo cual, este Tribunal ha identificado aspectos puntuales que deben ser esclarecidos a fin de dar certidumbre jurídica al pueblo boliviano al respecto, velando siempre por el respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales tanto de los condenados como de la sociedad civil en su conjunto.

En ese contexto, para un adecuado análisis de la problemática que nos atañe, debemos partir de dos preceptos principales, que vienen a constituirse como la génesis del motivo de debate; así:

a) Con relación a la aplicación e interpretación del art. 196 de la LEPS, cuyo contenido estipula que “Los condenados que hubieran cumplido la edad de 60 años, durante la ejecución de la condena, podrán cumplir el resto de la misma en Detención Domiciliaria, salvo aquellos que hubiesen sido condenados por delitos que no admitan Indulto –y conforme al art. 167 de la LEPS–. Los condenados que padezcan de una enfermedad incurable, en período terminal, cumplirán el resto de la condena en Detención Domiciliaria” (las negrillas y el subrayado son ilustrativos); disposición que bajo una interpretación constitucional a través del criterio del tenor literal de la norma, se divide en dos supuestos establecidos para la concesión de dicho beneficio, el primero: Cumplir sesenta años durante la ejecución de la condena, exceptuando las y los reclusos que hubiesen sido condenados sin derecho a indulto; y, el segundo: Aquellos sentenciados que padezcan de una enfermedad incurable en periodo terminal; y,

b) En cuanto a la aplicación e interpretación del art. 93 del mismo cuerpo legal, que establece que: “Cuando el interno contraiga enfermedad grave y/o contagiosa o se le diagnostique enfermedad terminal, el Director del establecimiento, previo dictamen médico, autorizará su traslado a un Centro de Salud adecuado o en su caso solicitará al Juez de Ejecución su detención domiciliaria” (las negrillas y el subrayado fueron agregados); precepto que de acuerdo a una interpretación sistemática y teleológica del mismo, según a lo previsto por el segundo párrafo del art. 196 de la indicada Ley; y, el art. 113.I y II del Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad; y, conforme a la finalidad del beneficio de detención domiciliaria en ejecución de sentencia establecida previamente, se disgrega dos situaciones:

1) Cuando el interno contraiga enfermedad grave y/o contagiosa, se autorizará su traslado a un Centro de Salud adecuado; y,
2) Cuando al interno se le diagnostique enfermedad terminal, podrá solicitar al Juez de Ejecución Penal su detención domiciliaria. En ambos casos será el Director del Centro Penitenciario, quien previo dictamen médico disponga el traslado o la solicitud respectiva.

Así, en el marco de la problemática de estudió; se advierte que, existe criterios diversos al momento de la interpretación y aplicación de los artículos desglosados previamente; observando que: i) La detención domiciliaria se aplica de manera discrecional tanto para enfermedades graves como para terminales, inclusive de manera temporal (por días,
semanas, meses y hasta por años), cual si tratase de salidas personales (art. 109.1 de la LEPS), cuando en caso de las primeras, lo que corresponde es emplear los otros mecanismos dispuestos por norma (arts. 91 al 96 de la LEPS, concordantes con el art. 2 numerales 2 y 11 del Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad); y, ii) Ante la falta de claridad en las conclusiones del dictamen médico, como punto de partida fundamental para la emisión de la decisión judicial pertinente, el administrador de justicia, se ve obligado a valorar el mismo, ya sea de manera restrictiva o en contrario de forma demasiado permisiva.

A estos dos aspectos, se suma un tercero, que se presenta de manera recurrente; referido a que, ni la víctima ni el Ministerio Público tendrían facultad para interponer impugnación contra el beneficio de detención domiciliaria en ejecución de sentencia; lo que de igual manera es menester clarificar en resguardo de los derechos fundamentales de las partes procesales. Extremos estos tres; que se desarrollaran a continuación:

II.3.3.1. Diferencia de enfermedades crónicas y terminales con relación a su atención y tratamiento conforme a la protección de los derechos a la vida y la salud de los privados de libertad respecto a la concesión de la detención domiciliaria en ejecución de sentencia

Al respecto, habiendo dejado establecido que los derechos fundamentales de los privados de libertad, en concreto sus derechos a la salud y la vida, se encuentran garantizados por la Ley Fundamental y por las normas específicas citadas supra, conforme al entendimiento establecido en el Fundamento Jurídico II.3.2. del presente fallo constitucional, a fines del estudio concerniente, atañe remitirnos a la contextualización de la línea jurisprudencial pronunciada al respecto; en ese marco, se tiene que, el beneficio de detención domiciliaria en ejecución de sentencia fue concedido tanto para enfermedades graves como para enfermedades en grado terminal, aspectos identificados como recurrentes a partir del análisis de la jurisprudencia emitida en casos similares al presente, en los cuales se encontraron entendimientos contradictorios, contextualizados de la siguiente manera: Inicialmente, la SCP 0725/2013-L de 19 de julio, reiterando el entendimiento de la SC 1134/2010-R de 27 de agosto, misma que se constituye en fundadora, restringió los alcances del beneficio de detención domiciliaria a enfermedades incurables en etapa terminal, a cuyo efecto estableció que debe realizarse una valoración de los antecedentes médicos a objeto de la aplicación del beneficio; sin embargo, bajo una interpretación contraria a la fundadora, la SCP 0337/2015-S1 de 7 de abril, estableció la posibilidad de aplicar el beneficio a enfermos crónicos o graves.

En ese contexto, a efecto de análisis de los precedentes jurisprudenciales desarrollados supra y para establecer el precedente en vigor, corresponde previamente, determinar que es una enfermedad terminal; y por consecuencia, que no.

Bajo ese marco; se tiene que: “Según la definición de la OMS y de la Sociedad española de cuidados paliativos, enfermedad en fase terminal es aquella que no tiene tratamiento específico curativo o con capacidad para retrasar la evolución, y que por ello conlleva a la muerte en un tiempo variable (generalmente inferior a seis meses); es progresiva; provoca síntomas intensos, multifactoriales, cambiantes y conlleva un gran sufrimiento (físico, psicológico) en la familia y el paciente” (las negrillas son nuestras), de lo que se colige que a contrario  sensu todas las demás etapas de las distintas enfermedades que no conlleven los factores indicados, no pueden ser consideradas como terminales.

Así, con relación a la posibilidad de conceder el beneficio de detención domiciliaria en ejecución de sentencia, a causa de una enfermedad terminal, el art. 113.II del Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad, prescribe que: “Se considerará enfermedad incurable en período terminal aquélla que, conforme los conocimientos científicos y los medios terapéuticos disponibles, no pueda interrumpirse o involucionar y de acuerdo a la experiencia clínica lleve al deceso del interno en un lapso aproximado de doce (12) meses. A tal fin, se aplicarán los criterios generales vigentes en las distintas especialidades médicas” (las negrillas y subrayado fueron añadidos).

En este punto, es necesario tomar en cuenta, que el legislador ha sido taxativo respecto a cuándo se puede considerar que se trata de una enfermedad terminal, estableciendo inclusive el lapso –aproximado– de doce meses con relación al diagnóstico de deceso del recluso a raíz del padecimiento de una enfermedad en tal fase; extremo que, bajo una interpretación de la voluntad del legislador, se asume que, para que un condenado sea beneficiario de la detención domiciliaria, alegando enfermedad, la misma deberá encontrarse en su fase terminal; toda vez que, tal beneficio no está previsto para la atención médica temporal de dicho padecimiento, sino para que el condenado, ante un inminente y pronto deceso, no se encuentre bajo presidio sino en un ambiente domiciliario, por razones humanitarias, preponderando su dignidad como persona; salvando siempre las medidas de seguridad para el cumplimiento del mismo; ya que, no se trata de una liberación del mismo, sino de un cambio de lugar para el cumplimiento de la condena emitida en su contra, en atención como se dijo, a su dignidad como persona ante su inminente y pronto deceso.

En ese entendido, habiéndose realizado el examen de la línea jurisprudencial respecto a los alcances del beneficio de detención domiciliaria en ejecución de sentencia; a la luz de la Constitución Política del Estado en sus arts. 178.I y 180.I, con relación a los principios de legalidad y seguridad jurídica, como sustento de la potestad de impartición de justicia y fundamento de la jurisdicción ordinaria, de conformidad a lo previsto por el segundo párrafo del art. 196 de la LEPS, concordante con lo estipulado por el art. 113.I y II del Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad; corresponde unificar la línea jurisprudencial emitida al respecto; determinando que: No corresponde el beneficio de detención domiciliaria en ejecución de sentencia vinculado a enfermedad, si el condenado no ha sido diagnosticado con enfermedad en fase terminal, conforme a lo previsto por el art. 113 del Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad; dejando establecido que aquello no va en desmedro de los derechos a la salud y la vida de los privados de libertad; toda vez que, como ya se determinó previamente, tales derechos cuentan con otros mecanismos, recursos y/o beneficios en ejecución de sentencia, para la atención y tratamiento de las enfermedades leves, graves y/o crónicas; ya que, el beneficio de detención domiciliaria en ejecución de sentencia ha sido previsto únicamente para las enfermedades que pueda padecer el condenado, que se encuentren en fase terminal; es decir, que conforme a los conocimientos científicos y los medios terapéuticos disponibles, no pueda interrumpirse o involucionar y de acuerdo a la experiencia clínica lleve al deceso del interno en un lapso aproximado de doce meses.

Bajo las consideraciones efectuadas en el presente acápite; se advierte que, el dictamen médico requerido por norma para que sea factible el beneficio de la detención domiciliaria en ejecución de sentencia, se convierte en el elemento e instrumento fundamental de los administradores de justicia, al momento de conceder o no dicho beneficio, aspecto que viene a ser el motivo de análisis del punto desarrollado a continuación.

II.3.3.2. Valoración del dictamen médico a objeto de conceder o no el beneficio de la detención domiciliaria en ejecución de sentencia y la posibilidad de ampliación de plazo

Al respecto, conviene establecer previamente, qué es un “dictamen médico”, a cuyo objeto nos remitiremos a la definición de Manuel Ossorio; que señala que, un dictamen es una: “Opinión o consejo de un organismo o autoridad acerca de una cuestión”; ahora bien, de manera específica el “dictamen médico” se define como el “Documento emitido por orden de la autoridad judicial por medio del cual el perito ilustra aspectos médicos de hechos judiciales o administrativos. Es una opinión fundamentada que tiene como objetivos: apoyar, justificar y documentar un hecho o un diagnóstico, siguiendo la metodología necesaria para el caso particular”; por otro lado, en lo jurídico estos dictámenes médicos son trascendentales para el juzgador, a quien aporta e ilustra a través de un informe, hechos que durante un proceso constituyan pruebas fundamentales y necesarias para determinar, en el caso de estudio, en la procedencia o no de un beneficio penitenciario como es la detención domiciliaria cuando se alega protección a la salud y la vida. Por esta razón, el informe médico debe ser realizado no solo con la responsabilidad propia del profesional de esta rama, si no que demuestre los vastos conocimientos técnicos, doctrinarios, científicos y de especialidad de éste respecto de la enfermedad a certificar; y, que aquello no implique la falta de precisión en las conclusiones a las que se arriba; en el entendido, de que el lector de su dictamen carece de entendimiento sobre su pericia.

En ese sentido; toda vez que, el dictamen médico, se constituye en un presupuesto jurídico primordial al momento de conceder o no el beneficio de detención domiciliaria en ejecución de sentencia, la falta de claridad en su parte conclusiva, puede dejar abierta la posibilidad de valoración discrecional del mismo por parte del juzgador a efecto de determinar la concesión o rechazo del aludido beneficio, máxime tomando en cuenta que los administradores de justicia carecen de la pericia necesaria para determinar si el cuadro expresado por el profesional se trata o no de una enfermedad en fase terminal.

Al respecto, en la línea jurisprudencial emitida por este Tribunal, se advierte los siguientes entendimientos: la SCP 0594/2014 de 14 de marzo; estableció que, era posible que el Juez de Ejecución Penal determine la otorgación del beneficio de detención domiciliaria, a pesar de la sugerencia expresada por el médico forense, sobre la realización de mayores estudios complementarios de especialidad; por otro lado, la SCP 0723/2019-S3 de 9 de octubre, concluyó que, la emisión de un certificado o informe médico acreditando una enfermedad como justificativo para cualquier fin, debe ser tomado en cuenta por la autoridad judicial y de ninguna manera rechazado solo con el argumento de que no está avalado por médico forense.

En ese contexto, para evitar la valoración discrecional de los juzgadores al momento de conceder o no el beneficio de detención domiciliaria en ejecución de sentencia, es menester generar nuevos entendimientos respecto a la emisión del dictamen médico, que clarifique los presupuestos a tomar en cuenta con relación a este punto; estableciendo mediante la presente, que:

El profesional médico que emita el dictamen que sustente una solicitud de dicho beneficio, en la que se alegue la concurrencia de una enfermedad en grado terminal, puntualice de manera expresa la concurrencia de los presupuestos establecidos en el art. 113 del Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad, precisando:

a) Cuál la enfermedad incurable diagnosticada al interno que pretende acogerse a la detención domiciliaria; y, si la misma se encuentra en período terminal; y,
b) Si conforme a los conocimientos científicos y los medios terapéuticos disponibles, se establece que dicha enfermedad no pueda interrumpirse o involucionar y de acuerdo a la experiencia clínica lleve al deceso del interno en un lapso aproximado de doce meses.

Por otro lado, “Respecto al plazo para emitir resolución en conocimiento de solicitudes de detención domiciliaria en ejecución de sentencia; se tiene que: de forma inicial, la SC 1134/2010-R de 27 de agosto, que se constituye en fundadora, estableció como precedente en su Fundamento Jurídico titulado: ‘Sobre el incidente de detención domiciliaria y su trámite ante el Juez de Ejecución Penal’, que: si bien el plazo de cinco días tiene la finalidad de otorgar celeridad a la resolución del incidente, sin embargo, el juez podrá disponer la ampliación de éste, de acuerdo a la causal por la que se solicita la detención domiciliaria; por ejemplo, en el caso de la enfermedad incurable o terminal del incidentista, para evaluar mejor la documentación o, en su caso, ordenar se franqueen los informes necesarios, ampliación que además debe ser debidamente fundamentada y por tiempo determinado; siendo el referido entendimiento reiterado en la SCP 0725/2013-L de 19 de julio; sin embargo, el señalado plazo fue restringido e implícitamente modulado en la SCP 1002/2013-L de 28 de agosto, que en el análisis del caso concreto se limitó a señalar que el plazo para resolución debe ser de cinco días, sin referir la posibilidad de ampliación; posteriormente, las SCP 0171/2020-S2 de 21 de julio, SCP 0612/2020-S3 de 15 de octubre y 0878/2021-S4 de 25 de noviembre, modulando nuevamente de manera implícita, reiteran el entendimiento de la SC 1134/2010-R, en relación a la posibilidad de ampliar el plazo de cinco días de manera razonable ante la existencia de necesidad debidamente fundamentada”.

Correspondiendo en consecuencia establecer, este último entendimiento de ampliación de plazo, como la jurisprudencia en vigor; toda vez que, por la trascendencia de la decisión que debe tomar la autoridad jurisdiccional amerita que sea dicha autoridad, quien en base a la mayor acreditación objetiva del estado de salud del incidentista; es decir, que en caso de falta de claridad o imprecisión en la certificación emitida por el médico profesional, si bien existen plazos procesales –cinco días–, para la tramitación del incidente de detención domiciliaria, y si bien dicho plazo tiene la finalidad de otorgar celeridad a la resolución, el Juez podrá disponer la ampliación de éste, como se tiene explicado supra, a efecto de solicitar nuevos dictámenes médicos que puedan darle certeza sobre el cuadro clínico del solicitante, para poder así valorar si el incidentista padece de una enfermedad incurable y en grado terminal o no.

Así también, en este punto, debe tenerse presente que el dictamen médico que respalde una solicitud del beneficio de detención domiciliaria en ejecución de sentencia en casos vinculados a los delitos de violencia de género, éste debe ser obligatoriamente homologado por médico forense del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF); ello, conforme a lo previsto por los arts. 64, 67 y 95.1 de la Ley 348 de 9 de marzo de 2013 –Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia–.

II.3.3.3. Con relación a la facultad de impugnación de la víctima y el Ministerio Público respecto al beneficio de detención domiciliaria en ejecución de sentencia

En ese contexto, sobre la temática de exordio, la SC 0510/2007-R, reiterando y ampliando el entendimiento desarrollado por la SC 1291/2003-R; estableció que, ni la víctima ni el Ministerio Público estaban facultados para interponer impugnación contra el beneficio de detención domiciliaria en ejecución de sentencia, razonamiento que si bien no fue reiterado por otro fallo constitucional, tampoco fue modulado o mutado por otro posterior; en cuyo contexto, corresponde desglosar dichos entendimientos, con la finalidad de efectuar el análisis respectivo.

Así, en primer lugar de la ratio decidendi de la SC 1291/2003-R, tomada con base en lo previsto por los arts. 172 y 177 de la LEPS; se extrae lo siguiente: “Del análisis de las normas anteriormente anotadas, se puede colegir que sólo las Resoluciones que nieguen el beneficio de Extramuro son apelables, y no así las que concedan este beneficio, y por otra parte, respecto a las reglas o condiciones impuestas por el Juez de Ejecución, sólo podrán ser apelables por el condenado y no así por el Ministerio Público.

Por consiguiente, el Fiscal no está legitimado para interponer recurso de alzada alguno, y el único que puede hacerlo es el condenado, por lo que al no haber apelado éste, las autoridades judiciales recurridas estaban obligadas a dar estricto cumplimiento a la Resolución por la que se concedió el beneficio de Extramuro y expedir de inmediato el respectivo mandamiento de libertad” (las negrillas son nuestras).

Con base en tal entendimiento, la SC 0510/2007-R; sostuvo que: “Partiendo de ese razonamiento y considerando que el art. 198 de la LEPS, sobre las condiciones para la detención domiciliaria señala que el procedimiento para la autorización de ese beneficio se regirá por lo dispuesto en el art. 167 de esa Ley, referido precisamente a las salidas prolongadas, el querellante no tiene legitimación para apelar incidentalmente, ya que de acuerdo a la Ley y a la Jurisprudencia, sólo son apelables las resoluciones que niegan el beneficio y no así las que lo conceden, lo que implica que la Resolución sólo puede ser apelada por el condenado cuando las condiciones le sean desfavorables y de ninguna manera por la querellante, pues como se tiene establecido por la jurisprudencia precedentemente glosada, ésta carece de legitimación para apelar de la detención domiciliaria dispuesta, aspecto que si bien no fue impugnado por la recurrente, sin embargo constituye una lesión que afecta directamente a su derecho a la libertad toda vez que no fue considerado por los Vocales correcurridos a tiempo de pronunciarse sobre la apelación interpuesta por la querellante, revocando a través del Auto de Vista 036/07 de 17 de enero de 2007 la detención domiciliaria dispuesta por los Jueces a quo, extremo que hace viable la protección que brinda el art. 18 de la CPE” (las negrillas nos pertenecen).

Ante tales razonamientos –emitidos antes de la vigencia de la actual Ley Fundamental–, es necesario efectuar una modulación a las mismas, bajo una interpretación desde y conforme a la Norma Suprema, en apego a lo previsto en su art. 180.II; y, principalmente aplicando una interpretación sistemática de la posibilidad o no de que el Ministerio Público o la víctima – parte civil–, interponga impugnación contra la resolución que conceda el beneficio de detención domiciliaria en ejecución de sentencia; a cuyo objeto, debemos partir del marco normativo general para llegar al específico, en ese contexto, se tiene:

Constitución Política del Estado

Artículo 121.II. “La víctima en un proceso penal podrá intervenir de acuerdo con la ley, y tendrá derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. En caso de no contar con los recursos económicos necesarios, deberá ser asistida gratuitamente por una abogada o abogado asignado por el Estado” (las negrillas son añadidas).

Artículo 180.II. “Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales (las negrillas son ilustrativas).

Código de Procedimiento Penal

Conviene precisar inicialmente que el proceso penal boliviano se encuentra estructurado por una etapa preparatoria que a su vez se subdivide en preliminar y preparatoria como tal; etapa de juicio oral, compuesta por los actos preparatorios, debates, actos conclusivo de deliberación y sentencia; etapa de recursos, en la que se encuentran las apelaciones incidentales, apelación restringida y el de casación; y, finalmente el de ejecución de sentencia, en consecuencia, cuando se habla del proceso penal y la intervención de la víctima y en su caso la representación fiscal, de manera indiscutible, esta última se constituye en una etapa primordial que permitirá la aplicación y ejecución del reproche penal al condenado en el grado de su responsabilidad establecida mediante Sentencia condenatoria ejecutoriada y que ante cualquier pretensión de modificación que pueda representar un riesgo para la víctima corresponde ser puesta en su conocimiento a fin de contar con su pronunciamiento. En ese marco, el adjetivo penal estableció:

“Artículo 11. (Garantía de la Víctima). La víctima por sí sola o por intermedio de un abogado, sea particular o del Estado, podrá intervenir en el proceso penal aunque no se hubiera constituido en querellante.
Artículo 12º.- (Igualdad).- Las partes tendrán igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y derechos que les asisten.
Artículo 76º. (Víctima). Se considera víctima:
1. A las personas directamente ofendidas por el delito;
2. Al cónyuge o conviviente, a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, al hijo o padre adoptivo y al heredero testamentario, en los delitos cuyo resultado sea la muerte del ofendido;
3. A las personas jurídicas en los delitos que les afecten;
4. A las fundaciones y asociaciones legalmente constituidas, en aquellos delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la fundación o asociación se vincule
directamente con estos intereses; y,
5. Al Estado, a través de sus instituciones, en los delitos que le afecten.
Artículo 77º.- (Información a la víctima). Aun cuando la víctima no hubiere intervenido en el proceso deberá ser informada por la autoridad responsable de la persecución penal sobre sus derechos y por el juez o tribunal sobre los resultados del proceso, bajo responsabilidad que corresponda en caso de incumplimiento.
(…)
Artículo 403º.- (RESOLUCIONES APELABLES). El recurso de apelación incidental procederá contra las siguientes resoluciones:
(…)
2) La que resuelve una excepción o incidente;
(…)
Artículo 432º.- (Incidentes). La Fiscalía o el condenado podrán plantear incidentes relativos a la ejecución de la pena. El incidente será resuelto por el juez de ejecución penal, en audiencia oral y pública, que será convocada dentro de los cinco días siguientes a su promoción. El auto podrá ser apelado ante la Corte Superior del Distrito” (las negrillas son nuestras).

Ley Orgánica del Ministerio Público

“ARTÍCULO 2. (NATURALEZA JURÍDICA). El Ministerio Público es una institución constitucional, que representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales para velar por el respeto de los derechos y las garantías constitucionales.

ARTÍCULO 3. (FINALIDAD). Tiene por finalidad defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, ejercer la acción penal pública e interponer otras acciones; en el marco establecido por la Constitución Política del Estado, los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos, y las leyes….
(…)
ARTÍCULO 12.- (FUNCIONES). El Ministerio Público para el cumplimiento de sus fines tiene las siguientes funciones:
(…)
8. Velar por el cumplimiento de todas las disposiciones legales relativas a la ejecución de las penas, contenidas en los pactos y Convenios Internacionales vigentes, Código de Procedimiento Penal y la Ley” (las negrillas son añadidas).

Ley de Ejecución Penal y Supervisión

“ARTÍCULO 198º (Condiciones).- La Resolución que disponga el cumplimiento de la condena en Detención Domiciliaria, impondrá las reglas de comportamiento y supervisión correspondientes.
El procedimiento para la autorización de la Detención Domiciliaria, se regirá por lo dispuesto en el artículo 167º de la presente Ley” (las negrillas nos corresponden).

“ARTÍCULO 167º (Salidas Prolongadas).- Los condenados clasificados en el período de prueba, podrán solicitar al Juez su salida prolongada, por el plazo máximo de quince días, cumpliendo los siguientes requisitos:
1. No estar condenado por delito que no permita indulto;
2. Haber cumplido por lo menos dos quintas partes de la pena impuesta;
3. No haber sido sancionado por faltas graves o muy graves en el último año; y,
4. Ofrecer dos garantes de presentación.
Las salidas prolongadas sólo podrán concederse una vez por año”.

Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad

CAPÍTULO X – DETENCIÓN DOMICILIARIA
“ARTÍCULO 111º.- PROCEDIMIENTO.
I. Recibida la solicitud, el Juez de Ejecución Penal, dentro de los cinco días hábiles siguientes, dictará Resolución concediendo o negando la detención domiciliaria.
II. En caso de concederla podrá imponer las restricciones y reglas de comportamiento que considere convenientes cuidando que las mismas no afecten la dignidad del interno ni desnaturalicen la finalidad de la detención domiciliaria.
III.La negativa de la solicitud deberá ser fundamentada.
IV. La resolución del Juez de Ejecución podrá ser objeto de apelación incidental” (el resaltado es nuestro).

En ese orden normativo; se advierte que, la Norma Suprema consagra en su art. 180.II el principio de impugnación en los procesos judiciales, sin hacer excepción de la etapa de ejecución penal; y, le da a la víctima el derecho a ser oída antes de cada decisión judicial (art. 121.II); a su vez, el adjetivo penal: Garantiza que la víctima podrá intervenir en el proceso penal –sin agregar distinción alguna de etapa procesal– (art. 11); consagrando de igual manera, la igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y derechos que les asisten (art. 12); estableciendo que, se considera víctima también a los familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad –en el caso de análisis se trata de la madre de la fallecida (art. 76.2)–; prescribiendo que la víctima debe ser informada por el juez o tribunal sobre los resultados del proceso (art. 77); por otro lado, en el entendido de que el beneficio de detención domiciliaria en ejecución de sentencia, se suscita por la vía incidental; por tanto, es susceptible de recurso de apelación – art. 403 inc. 2)–; así también, de manera taxativa se prevé que tanto la fiscalía como el condenado podrán plantear incidentes relativos a la ejecución de la pena, cuya resolución, podrá ser apelada ante el ahora Tribunal Departamental de Justicia– (art. 432). Finalmente, el Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad, respecto al procedimiento para el beneficio de detención domiciliaria en ejecución de sentencia, determina de manera taxativa que la resolución del Juez de Ejecución podrá ser objeto de apelación incidental, sin hacer distinción privativa de tal facultad para alguna parte procesal (art. 111.IV).

Por otro lado, la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, como norma especial en el caso de análisis, prevé en la imposición de condiciones para la aplicación del aludido beneficio, estableciendo también que su procedimiento de autorización se regirá por lo dispuesto en el art. 167 del mismo cuerpo legal (art. 198), el cual a su letra señala “(Salidas Prolongadas).- Los condenados clasificados en el período de prueba, podrán solicitar al Juez su salida prolongada, por el plazo máximo de quince días, cumpliendo los siguientes requisitos: 1. No estar condenado por delito que no permita indulto; 2. Haber cumplido por lo menos dos quintas partes de la pena impuesta; 3. No haber sido sancionado por faltas graves o muy graves en el último año; y, 4. Ofrecer dos garantes de presentación. Las salidas prolongadas sólo podrán concederse una vez por año”, disposición que bajo la sana crítica se entiende que a efecto de valorar el procedimiento de autorización aludido para la detención domiciliaria, deberá observarse los requisitos señalados en dichos numerales; consiguientemente, como se estableció supra el art. 198 de la LEPS, delimita que la aplicación del art. 167, se circunscribe únicamente al procedimiento de autorización prescrito en el precitado precepto; extremo que de ninguna manera, puede significar que todo el marco normativo relativo a salidas prolongadas sea de aplicación vinculante al beneficio de detención domiciliaria, tal como erradamente razonó la SC 0510/2007-R, al señalar que: “…considerando que el art. 198 de la LEPS, sobre las condiciones para la detención domiciliaria señala que el procedimiento para la autorización de ese beneficio se regirá por lo dispuesto en el art. 167 de esa Ley, referido precisamente a las salidas prolongadas, el querellante no tiene legitimación para apelar incidentalmente, ya que de acuerdo a la Ley y a la Jurisprudencia, sólo son apelables las resoluciones que niegan el beneficio y no así las que lo conceden, lo que implica que la Resolución sólo puede ser apelada por el condenado cuando las condiciones le sean desfavorables y de ninguna manera por la querellante, pues como se tiene establecido por la jurisprudencia precedentemente glosada, ésta carece de legitimación para apelar de la detención domiciliaria dispuesta” (las negrillas son ilustrativas).

Así también, debe considerarse que: “El debido proceso como instituto jurídico que garantiza el respeto de derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes que intervienen en un proceso, contiene entre sus elementos al derecho de impugnación como un medio de defensa. Con la finalidad de resguardar derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes que intervienen en un proceso o procedimiento judicial o administrativo, la Constitución Política del Estado, establece el principio de impugnación en el art. 180.II, al disponer: ‘Se garantiza el principio de impugnación en los proceso judiciales’, lo que implica que todo procedimiento en el ámbito privado o público, debe prever un mecanismo para recurrir del acto o resolución que se considere lesivo a un derecho o interés legítimo de alguna de las partes a objeto que se restablezca o repare el acto ilegal u omisión indebida, demandado como agravio, en que hubiere incurrido la autoridad pública o privada.  Lo que se pretende a través de la impugnación de un acto judicial o administrativo, no es más que su modificación, revocación o sustitución, por considerar que ocasiona un agravio a un derecho o interés legítimo; es decir, el derecho de impugnación se constituye en un medio de defensa contra las decisiones del órgano jurisdiccional o administrativo” (SCP 1853/2013 de 29 de octubre [las negrillas y el subrayado fueron añadidos]).

Bajo este razonamiento; se establece que, el derecho/principio de impugnación en los procesos judiciales o administrativos, no es privativo de una de las partes ni de una etapa procesal, sino que se aplica en igualdad para todas las partes procesales que consideren que determinado acto judicial o administrativo ocasiona un agravio a un derecho o interés legítimo; es decir, surge como un medio de defensa contra las decisiones del órgano jurisdiccional, que busca la modificación, revocación o sustitución de dicho acto.

Así, con base en todo lo previamente desarrollado en este punto del análisis, se determina la necesidad de modular la línea jurisprudencial emitida al respecto; estableciendo que: tanto la víctima como el Ministerio Público están facultados para conocer e impugnar el beneficio de detención domiciliaria en ejecución de sentencia, al poseer ambos un interés legítimo al respecto; la primera como objeto de agravio del ilícito que originó la pena; y, el segundo bajo su rol de defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad (arts. 225.I de la CPE; y, 2, 3 y 12.8 de la Ley Orgánica del Ministerio Público [LOMP]).


II.3.7.1. Sobre la vulneración de sus derechos a la salud y la vida al mantener su presidio pese a padecer diabetes y otras derivadas de esta, exponiéndolo a un riesgo inminente

En el primer punto de la problemática planteada el accionante reclamó que el Vocal demandado, no tomó en cuenta que al interior de los centros penitenciarios no existe nosocomios para la internación de enfermos que padecen diabetes, lo que pone en riesgo sus derechos a la vida y a la salud, más aún frente al COVID-19; por lo que, el beneficio de detención domiciliaria otorgado por el Juez de primera instancia, se efectuó en resguardo
de dichos derechos.

Coligiendo de ello, que el impetrante de tutela denuncia que el Vocal demandado, al haberle revocado la concesión del beneficio de detención domiciliaria en ejecución de sentencia, que le fuera otorgado por el Juez a quo, puso en riesgo sus derechos a la salud y la vida, a raíz de las enfermedades que padece; en virtud de lo cual, corresponde remitirnos inicialmente al Informe Médico de 8 de octubre de 2021, referido por el solicitante de tutela a objeto de acreditar las dolencias que le aquejan, dictamen suscrito por Guillermo Urquizo Ayala, en su calidad de médico del “Hospital de Clínicas”, quien diagnosticó a Rubén Omar Centellas Quevedo, con diabetes mellitus tipo 2, nefropatía diabética, neuropatía diabética, prostatitis crónica y dermatitis ocre purpúrica; señalando que: “…el paciente al momento se encuentra con control glucémico y hemodinámico aceptable, sin embargo se insiste en la necesidad de control clínico y laboratorial periódico. Se trata de un paciente con patología crónica que debe ser evaluado y asistido de manera multidisciplinaria y periódica” (sic); añadiendo que, la última de las afecciones detalladas, debía ser evaluada y manejada por dermatología (Conclusión II.2.1.).

Así; se tiene que, el cuadro clínico referido supra, señala que el hoy accionante padece diabetes meliitus tipo 2, nefropatía diabética, neuropatía diabética, prostatitis crónica y dermatitis ocre purpúrica; y, que la conclusión del médico es que el paciente al momento de la emisión de dicho dictamen se encontraba con control glucémico y hemodinámico aceptable, existiendo la necesidad de control clínico y laboratorial periódico; y, que se trata de un paciente con patología crónica que debe ser evaluado y asistido de manera multidisciplinaria y periódica.

En ese entendido, atañe ahora verificar si la autoridad demandada lesionó sus derechos a la vida y salud del impetrante de tutela al revocar el beneficio de detención domiciliaria en ejecución de sentencia, que le fuera otorgado por el Juez inferior; a cuyo efecto, corresponde remitirnos previamente, al análisis y entendimiento establecido en el Fundamento Jurídico II.3.3. de este fallo constitucional, refiriéndonos inicialmente a los presupuestos previstos por norma para acceder a este beneficio, mismos que se detallan a
continuación:
i) Condenados que hubieran cumplido la edad de sesenta años, durante la ejecución de la condena, salvo aquellos que hubiesen sido condenados por delitos que no admitan indulto (primer párrafo del art. 196 de la LEPS).
ii) Las internas que se encuentren embarazadas de seis meses o más, hasta noventa días después del alumbramiento (art. 197 del citado cuerpo legal).
iii) Los condenados que padezcan de una enfermedad incurable, en período terminal (segundo párrafo del art. 196 de la LEPS, concordante con el art. 113 del Reglamento de
Ejecución de Penas Privativas de Libertad).

Bajo tales presupuestos, debemos descartar la posibilidad de los dos primeros; ya que, el solicitante de tutela fue condenado a treinta años de presidio sin derecho a indulto por la comisión del delito de secuestro y asesinato (Antecedentes II.1.1.1.), descartándose por ello el primero; y, por razones biológicas el segundo –embarazo–; en virtud de lo cual, corresponde verificar si está comprendido en el tercer presupuesto descrito, es decir, si padece una enfermedad incurable, en período terminal.

Al efecto, conviene señalar que desde una interpretación de la voluntad del legislador, aquellos reclusos que hubiesen sido condenados sin derecho a indulto para delitos como ser: asesinato; feminicidio; parricidio; infanticidio; violación de infante, niña, niño o adolescente, entre otros, se estableció que la pena a cumplir será sin derecho a indulto, extremo que significa la aplicación de la máxima sanción penal nacional, que conlleva la imposibilidad de acceder a ciertos beneficios penitenciarios en ejecución de sentencia, entre ellos, la detención domiciliaria, conforme a lo previsto por el art. 198 concordante con el 167.1, ambos de la LEPS, sanción que encuentra su razón de ser en la finalidad que persigue, la cual es proteger a la sociedad contra el delito y lograr la enmienda, readaptación y reinserción social del condenado, a través de una cabal comprensión y respeto de la Ley (arts. 3 de la LEPS; y, 25 del CP); empero, la rigurosidad de la norma, que exceptúa a los condenados sin derecho a indulto del beneficio de detención domiciliaria en ejecución de sentencia, no abarca a aquellos que hubiesen sido diagnosticados con enfermedad en fase terminal; ello, en virtud a razones humanitarias, preponderando su dignidad como persona, ante su inminente y pronto deceso.

Por ello, para que un condenado sea beneficiario de la detención domiciliaria, alegando enfermedad, la misma deberá encontrarse en su fase terminal; toda vez que, tal beneficio no está previsto para la atención médica temporal de dicho padecimiento, sino para que el condenado, ante un inminente y pronto deceso, no se encuentre en presidio, sino en su domicilio; ello, como se dijo por razones humanitarias, preponderando su dignidad como persona; salvando siempre las medidas de seguridad para el cumplimiento del mismo; ya que, no se trata de una liberación del mismo, sino de un cambio de lugar para el cumplimiento de la condena emitida en su contra, en atención a su inminente y pronto deceso.

En ese contexto; se advierte que, el dictamen médico en el que se sustentó la solicitud del beneficio de detención domiciliaria en ejecución de sentencia, a objeto de acreditar las dolencias que le aquejan al hoy accionante (Conclusión II.2.1.), acredita que este padece enfermedades crónicas que deben ser evaluadas y asistidas de manera multidisciplinaria y periódica; sin embargo, de ninguna manera acreditó que el mismo sea un paciente con
enfermedad en período terminal, presupuesto necesario para ser beneficiado por dicha detención cuando se alega enfermedad (Fundamento Jurídico II.3.3.2.).

Ahora bien, en este punto del análisis, conviene recalcar que aquello no significa que no se proteja los derechos a la salud y la vida de los privados de libertad; toda vez que, conforme a la jurisprudencia y normativa contenida en el Fundamento Jurídico II.3.2. del presente fallo constitucional, tales derechos cuentan con otros mecanismos y/o recursos en ejecución de sentencia, para la atención y tratamiento de las enfermedades leves, graves y /o crónicas, de acuerdo a las previsiones normativas establecidas por el legislador para la protección principalmente del derecho a la vida vinculado a la salud de los privados de libertad; que determinó que en cada establecimiento penitenciario, funcionará un Servicio de Asistencia Médica, encargado de otorgar a los internos, atención básica y de urgencia, en medicina general y odontológica, según lo dispuesto por el art. 90 de la LEPS; así, cuando la salud de una persona privada de libertad se encuentre disminuida, le corresponde en primera instancia al interno dirigirse en consulta al médico del centro penitenciario a efecto de que sea este quien determine a prima facie la gravedad del cuadro y adopte las medidas necesarias para asegurar y precautelar el ejercicio de su derecho a la salud y por ende su derecho a la vida; así también, se estableció que el Director del establecimiento penitenciario o quien se encuentre a su cargo, tratándose de casos de emergencia ordenará el traslado del interno a un Centro de Salud adoptando las medidas de seguridad necesarias; debiendo informar de inmediato, al Juez competente (art. 94 del citado cuerpo legal); así como, que la aludida autoridad del régimen penitenciario, cuando el interno padezca dolencias o enfermedades que requieran un tratamiento especializado, comunicará estos hechos, de inmediato, a las personas indicadas en la ficha de ingreso del privado de libertad (art. 95 de la misma Ley); además que, el art. 109.1 de la LEPS, también confiere la posibilidad al interno de solicitar salidas personales, con la finalidad de resguardar su salud; y por ende, su vida, prescribiendo que este tipo de salidas son viables por enfermedad grave.

De este modo, conforme al razonamiento detallado supra y de acuerdo al informe de la autoridad demandada (II.1.2.2.) y no controvertido por el impetrante de tutela, a causa del
padecimiento aludido, éste mereció la concesión de reiteradas salidas del centro penitenciario a objeto de precautelar su salud; por lo que, el solo hecho de revocar el beneficio de detención domiciliaria en ejecución de sentencia por advertir que no se cumple con los requisitos para acceder a la misma, como razonó el Vocal demandado, no es elemento suficiente para establecer que dicha autoridad hubiese lesionado los derechos a la vida y la salud del solicitante de tutela; toda vez que, como ya se determinó previamente, tales derechos cuentan con otros mecanismos y/o recursos en ejecución de sentencia, para la atención y tratamiento de las enfermedades leves, graves y /o crónicas; ya que, el beneficio de detención domiciliaria en ejecución de sentencia vinculado a enfermedad ha sido previsto únicamente para aquellas que pueda padecer el condenado, que se encuentren en fase terminal, elemento que será motivo de un pronunciamiento más amplio en el tercer agravio a resolver.

Por ello, en este punto, corresponde denegar la tutela solicitada al respecto.

II.3.7.2. Con relación a la facultad de impugnación de la víctima y el Ministerio Público respecto al beneficio de detención domiciliaria en ejecución de sentencia

Sobre el segundo punto de la problemática planteada, relativa a que la autoridad demandada, no consideró que conforme a lo dispuesto por los arts. 172 y 177 de la LEPS; y, lo establecido por las SSCC 1291/2003-R y 0510/2007-R, ni la víctima ni el Ministerio Público tienen la facultad para impugnar el fallo que le concedió el beneficio aludido; de acuerdo al razonamiento efectuado en el Fundamento Jurídico II.3.3.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional de Avocación; se estableció que, conforme a una interpretación sistemática del marco normativo del merituado beneficio, desde y conforme a la Norma Suprema; se tiene que, el derecho/principio de impugnación en los procesos judiciales o administrativos no es privativo de una de las partes, sino que se aplica en igualdad para todas las partes procesales que consideren que determinado acto judicial o administrativo ocasiona un agravio a un derecho o interés legítimo, es decir, surge como un medio de defensa contra las decisiones del órgano jurisdiccional, que busca la modificación, revocación o sustitución de dicho acto; y, por ello, no cabe duda alguna que tanto la víctima como el Ministerio Público están facultados para conocer e impugnar el beneficio de detención domiciliaria en ejecución de sentencia, al poseer ambos un interés legítimo al respecto, la primera al constituirse en la parte agraviada por el ilícito que origino la pena; y, el segundo bajo su rol de defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad (art. 225.I de la CPE; y, 2, 3 y 12.8 de la LOMP); en virtud de lo cual, corresponde de igual manera, denegar la tutela impetrada sobre el particular.

II.3.7.3. Respecto a la congruencia como elemento del debido proceso del fallo de alzada cuestionado

En cuanto al tercer punto de la problemática planteada, relativa a que el Vocal demandado, valoró de manera extra petita lo considerado por el a quo y se basó en hechos ya juzgados, incurriendo por ello en incongruencia del fallo, es menester precisar que al tratarse el Auto de Vista hoy cuestionado, de un fallo emitido en alzada, el mismo debe circunscribirse al alcance de lo estipulado por el art. 398 del CPP, es decir, resolviendo y pronunciándose sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo el Vocal demandado ir más allá de lo que la parte recurrente no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, lo que no implica que se encuentra eximido de la obligación de motivar y fundamentar su determinación de manera congruente; por lo que, a efecto del estudio que nos atañe, corresponde inicialmente desglosar los agravios establecidos en el recurso de apelación planteado contra el Auto Interlocutorio 14/2021, (Conclusión II.2.2.); consistentes en: a) El Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de La Paz, contravino lo dispuesto por el art. 196 de la LEPS, que estipula la no procedencia de la detención domiciliaria para los condenados a presidio sin derecho a indulto; habida cuenta que, Rubén Omar Centellas Quevedo, “no es un enfermo incurable y terminal de una dolencia grave”; y, la diabetes es controlable vía administración de insulina según lo manifestó “el propio delincuente que se administra cada día personalmente la insulina sin apoyo médico y paramédico como cualquier paciente insulinodependiente, es por eso que definitivamente ya ha sobrevivido y sobrevive por más de 15 años con su enfermedad” (sic), lo que amerita la denegatoria del beneficio impetrado; toda vez que, resultaría un “premio” para un feminicida peligroso que podría cometer semejantes delitos contra otras mujeres de su entorno; b) El recluso ha sido atendido en varios nosocomios y médicos con permanentes salidas; empero, no existe ninguna certificación u opinión médica que determine expresa y claramente una enfermedad terminal e incurable; el Juez a quo, “inventa” tales extremos, sin considerar que la diabetes es controlable vía medicamentos y alimentación adecuada; motivo por el que, el continua con vida por más de quince años, es más, el paciente ni siquiera está sometido a diálisis; c) “Los demás fundamentos de la Resolución parcializada con el atroz feminicida, son justificativos que tratan de tapar el sol con un dedo y favorecer a toda costa al delincuente de tan grave delito” (sic); d) Por concesiones tan benévolas y complacientes de la justicia, el delito de feminicidio con descuartizamiento está
proliferando alarmantemente según la casuística, y al parecer no se sienta castigo sino se premia a los autores con beneficios como la detención domiciliaria, lo que avergüenza a la sociedad que vive bajo este flagelo; e) El Juez inferior ha venido favoreciendo al reo a partir del traslado de este desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde se dispuso su encierro en “Chonchocoro”; no obstante, en conmiseración con este, fue remitido a “San Pedro de La Paz”, primero temporalmente y luego definitivamente; así también, casi se dispone su traslado a “Inquisivi” y ahora le concede detención domiciliaria “NO ES FAVORECIMIENTO Y FOMENTO A ESTE TIPO DE DELITOS?????” (sic); y, f) No existe en obrados opinión médica, científica, clara, textual y terminante que determine una “ENFERMEDAD INCURABLE Y TERMINAL” (sic), que no sea la deducida por el Juez en su apreciación; es decir, ningún profesional de la medicina ha manifestado su opinión sobre el estado delicado del condenado, extremo exigido por ley.

En ese contexto, el Auto de Vista 06/2022, baso su determinación, en los siguientes fundamentos: 1) El art. 113 del Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad, establece de forma taxativa que el imputado para ser beneficiado con la detención domiciliaria debe padecer una enfermedad incurable en periodo terminal; sin embargo, pese a que la autoridad judicial de primera instancia refirió que el condenado no padece de una enfermedad incurable, contradictoriamente determinó que para precautelar la salud del condenado ameritaba otorgar la detención domiciliaria requerida; evidenciándose con ello, una incongruencia omisiva interna por parte del Juez inferior; 2) Si bien cierto que el art. 18 de la CPE, prevé que todos las personas tienen derecho a la salud; empero, el art. 196 de la LEPS, respecto a la detención domiciliaria; establece que: “Los condenados que hubieran cumplido la edad de 60 años, durante la ejecución de la condena, podrán cumplir el resto de la misma en Detención Domiciliaria, salvo aquellos que hubiesen sido condenados por delitos que no admitan Indulto”; así, revisado el cuaderno de apelación; se evidencia que, Rubén Omar Centellas Quevedo fue condenado a la pena privativa de libertad de treinta años de presidio sin derecho a indulto, y entre los hechos que se menciona en la Sentencia, el condenado fue sentenciado por los delitos de secuestro y asesinato con desmembramiento del cuerpo de una persona femenina; por lo que, se tiene que el Juez a quo con un razonamiento contradictorio e incongruente, pronunció el Auto Interlocutorio hoy apelado sin tomar en cuenta la Sentencia condenatoria ejecutoriada ni el art. 196 de la LEPS; asimismo, efectuó una interpretación contraria al art. 113 del Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad; y, 3) Respecto a lo alegado por el condenado a través de su defensa técnica, referido a que no correspondería la apelación al Auto Interlocutorio 14/2021, por previsión del art. 176 y 177 de la LEPS; ello no es evidente, por cuanto el citado art. 176, establece que el Juez de Ejecución Penal en audiencia pública podrá revocar las medidas prolongadas, el extramuro y libertad condicional, sin hacer mención a la detención domiciliaria; asimismo, el art. 177 también se refiere sobre las salidas prolongadas, el extramuro y la libertad condicional, facultando a apelar solo al condenado, es decir, no son pertinentes a la detención domiciliaria.

En ese marco, corresponde previamente señalar que este Tribunal no puede soslayar el hecho de que el presente caso tiene como origen, la sanción de un delito tipificado actualmente como femicidio, es decir, que la recurrente referida supra, en su calidad de madre de la víctima directa, se encuentra en condición de vulnerabilidad; por lo que, conforme a la normativa nacional y convencional detallada en el Fundamento Jurídico II.3.4. de este fallo constitucional, se aplicará un juzgamiento con perspectiva de género y en el marco de la debida diligencia, conforme al “Protocolo de Juzgamiento con Perspectiva de Género Interseccional para la Jurisdicción Constitucional”; toda vez que, como ya se dejó establecido, esta obligación abarca a todas las autoridades, de todas las instancias y de todas las jurisdicciones reconocidas por la Ley Fundamental.

Así, del contraste de los puntos de agravio formulado por la recurrente con los fundamentos expuestos en el Auto de Vista 06/2022, ahora cuestionado; se tiene que, en cuanto al primer motivo de apelación formulado por la madre de la víctima, referido a que el Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de La Paz, contraviniendo lo dispuesto por el art. 196 de la LEPS, que estipula la no procedencia de la detención domiciliaria para los condenados a presidio sin derecho a indulto, presupuesto que no cumplía el condenado, Rubén Omar Centellas Quevedo, al no ser un enfermo incurable y terminal; por lo que, ameritaba la denegatoria del beneficio impetrado; toda vez que, en su caso resultaría un “premio” para un feminicida peligroso que podría cometer semejantes delitos contra otras mujeres de su entorno; la autoridad demandada, se pronunció señalando que de acuerdo al art. 113 del Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad, que establece de forma taxativa que el imputado para ser beneficiado con la detención domiciliaria debe padecer una enfermedad incurable en periodo terminal; aspecto que, la autoridad judicial de primera instancia pese a reconocer que el condenado no padecía de una enfermedad terminal, contradictoriamente indicó que para precautelar la salud ameritaba disponer su detención domiciliariA.

Al respecto; se concluye que, la autoridad demandada de manera adecuada evidenció, una incongruencia omisiva interna por parte del Juez a quo, pero principalmente una irregular tramitación de la solicitud de detención domiciliaria, pues incumplió lo desarrollado en el Fundamento Jurídico II.3.3.1. del presente fallo constitucional, que respecto de esta problemática; señala que: “Así, con relación a la posibilidad de conceder el beneficio de detención domiciliaria en ejecución de sentencia, a causa de una enfermedad terminal, el art. 113.II del Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad, prescribe que: “Se considerará enfermedad incurable en período terminal aquélla que, conforme los conocimientos científicos y los medios terapéuticos disponibles, no pueda interrumpirse o involucionar y de acuerdo a la experiencia clínica lleve al deceso del interno en un lapso aproximado de doce (12) meses. A tal fin, se aplicarán los criterios generales vigentes en las distintas especialidades médicas” (las negrillas y subrayado fueron añadidos); sin embargo, como se dijo supra, el Juez a quo a tiempo de conceder la detención domiciliaria al ahora accionante, no consideró la previsión normativa que regula este instituto, lo que conllevo que de manera correcta el Vocal ahora demandado revoque el Auto Interlocutorio motivo de apelación.

Continuando con el análisis de los antecedentes venidos revisión en cuanto a los demás puntos de apelación de la querellante circunscritos a que en los demás fundamentos de la Resolución apelada serían justificativos que tratan de “tapar el sol con un dedo y favorecer a toda costa al delincuente de tan grave delito” (sic); y que, por concesiones tan benévolas y complacientes de la justicia, el delito de feminicidio con descuartizamiento está proliferando alarmantemente según la casuística, y al parecer no se sienta castigo sino se premia a los autores con beneficios como la detención domiciliaria. La autoridad demandada en el Auto de Vista motivo de revisión; señaló que, si bien es cierto que el art. 18 de la CPE, prevé que todos las personas tienen derecho a la salud; empero, el art. 196 de la LEPS, respecto a la detención domiciliaria; establece que: “Los condenados que hubieran cumplido la edad de 60 años, durante la ejecución de la condena, podrán cumplir el resto de la misma en Detención Domiciliaria, salvo aquellos que hubiesen sido condenados por delitos que no admitan Indulto”; así, revisado el cuaderno de apelación, se evidenció que Rubén Omar Centellas Quevedo fue condenado a la pena privativa de libertad de treinta años de presidio sin derecho a indulto, y entre los hechos que se menciona en la Sentencia, el condenado fue sentenciado por los delitos de secuestro y asesinato con desmembramiento del cuerpo de una persona femenina; por lo que, advirtió que el Juez a quo con un razonamiento contradictorio e incongruente, pronunció el Auto Interlocutorio, efectuando una interpretación no acorde al art. 113 del Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad; conclusión que, de ninguna manera incurre en la vulneración alegada por el hoy impetrante de tutela en cuanto a haberse basado en hechos ya juzgados, pues únicamente se pronunció sobre el punto de agravió expuesto por la parte querellante y que de acuerdo a lo previsto en el art. 398 del CPP, ameritaba un pronunciamiento, pues debe tomarse en cuenta en su caso que, el haber efectuado la mención de los hechos que fueron motivo de procesamiento y condena del ahora solicitante de tutela emerge de la obligación que tiene cualquier autoridad judicial de emitir sus resoluciones en el marco de una resolución debidamente motivada pero particularmente en el caso de autos, con una perspectiva de género y la debida diligencia que debe existir en casos vinculados a violencia ejercida contra las mujeres, conforme fue desarrollado en el Fundamento Jurídico II.3.4. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional de Avocación, que estableció que: “…con la finalidad de materializar los presupuestos de protección a las víctimas de violencia de género, mediante el cumplimiento del marco legal citado supra, no como una mera obligación sino principalmente porque a través de ellos, las mujeres y las víctimas de violencia en general, sometidas a un estado de vulnerabilidad, encuentran el valor justicia y se restituye su dignidad humana, logrando de este modo trascender del ámbito individual repercutiendo a la restitución de los valores de la sociedad en su conjunto, en el marco del vivir bien, el Estado boliviano, tiene la obligación de prevención, atención, protección y reparación de las víctimas de violencia de género, en todas sus instancias; más aún, en los procesos judiciales, donde mediante el procesamiento y sanción efectiva de los autores de estos delitos, se materializa la potestad de impartir justicia delegada por el pueblo boliviano a las autoridades jurisdiccionales competentes; aspecto que, no se encuentra restringido a una fase procesal, sino de forma permanente; debiendo por ello, las autoridades de todas las instancias y de todas las jurisdicciones reconocidas por la Ley Fundamental, juzgar siempre con perspectiva de género y en el marco de la debida diligencia a objeto de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género”; pues, si bien resulta evidente que para la otorgación de la detención domiciliaria no resulta necesaria la consideración del delito cometido por el condenado solicitante, no es menos cierto que ante la falta de cumplimiento de requisitos para su procedencia –acreditación del estado de salud por enfermedad en grado terminal–, correspondía que en cumplimiento a la debida diligencia a la que se encuentra constreñido, proceda a la revocatoria de la otorgación del beneficio de detención domiciliaria, incorrectamente aplicada por el Juez a quo y disponer que el condenado cumpla con la pena impuesta en la Sentencia emitida en su contra y así evitar la impunidad de este tipo de hechos que afectan a un grupo vulnerable que debe gozar de una protección reforzada, como son las víctimas de violencia de género.

Asimismo, respecto al último punto de apelación, referido a que no existía en obrados opinión médica, científica, clara, textual y terminante que determine una “ENFERMEDAD INCURABLE Y TERMINAL” (sic), que no sea la deducida por el Juez en su apreciación; es decir, que ningún profesional médico manifestó su opinión sobre el estado delicado del condenado, extremo exigido por ley; al respecto, la autoridad demandada, se pronunció a tiempo de resolver el primer agravió señalando que no se había cumplido con el art. 113 del Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad, es decir, la acreditación con documental idónea del grado de afectación de la enfermedad terminal con la que presuntamente se encontraba el ahora accionante, ello a fin de que se le imponga el beneficio de detención domiciliaria, conclusión que resulta acorde a lo desarrollado en II.3.3.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional de Avocación, donde se concluyó que, la valoración del dictamen médico a objeto de conceder dicho beneficio penitenciario, debe ser claro y preciso al establecer: i) Cuál la enfermedad incurable diagnosticada al interno que pretende acogerse a la detención domiciliaria; y, si la misma se encuentra en período terminal; y, ii) Si conforme a los conocimientos científicos y los medios terapéuticos disponibles, se establece que dicha enfermedad no pueda interrumpirse o involucionar y de acuerdo a la experiencia clínica lleve al deceso del interno en un lapso aproximado de doce meses. Aspecto que fue correctamente observado por la autoridad demandada al Juez a quo a tiempo de emitir el Auto de Vista cuestionado mediante la presente acción tutelar.

En consecuencia, conforme lo desarrollado precedentemente, este Tribunal concluye que, el Vocal demandado, de manera por demás clara y precisa advirtió que el Juez a quo, incurrió en un grave error de interpretación y aplicación normativa al haber concluido que el ahora impetrante de tutela no cumplía con la previsión establecida en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, en cuanto al beneficio de detención domiciliaria por enfermedad en grado terminal y pese a ello le otorgó el mismo, justificando su irregular decisión con el argumento de que se estaba precautelando los derechos de salud y vida del condenado, sin considerar que no correspondía dicho beneficio por no haberse cumplido con los presupuestos establecidos en el art. 196 de la LEPS. Denotando que el Vocal demandado efectuó un correcto análisis sobre el procedimiento a seguir en este tipo de solicitudes y de qué manera corresponde acreditar la concurrencia de los presupuestos para acceder a este beneficio, conforme así fue desarrollado en el Fundamento Jurídico II.3.3. del presente fallo constitucional, no advirtiéndose en consecuencia la concurrencia de los agravios demandados por el solicitante de tutela.

Así también, la respuesta otorgada por la autoridad hoy demandada se encuentra del marco previsional del art. 398 del CPP; pues, los fundamentos esgrimidos en la resolución motivo de análisis, corresponden a los puntos de agravio expuestos por la parte apelante, cumpliendo así lo desarrollado en el Fundamento Jurídico II.3.5. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional de Avocación, relativo a la congruencia que debe existir en las resoluciones judiciales; por lo que, corresponde por todo ello, denegar en todo la tutela solicitada.

spot_imgspot_img

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE AVOCACIÓN 0001/2022 │ Sucre, 31 de marzo de 2022

Descargar SCPV 001/2022
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

JURISPRUDENCIA

spot_img

NOTICIAS

GACETA

ARTÍCULOS RELACIONADOS