La tarde de este viernes, la exdiputada declaró en el marco de la investigación por el desfalco del Fondo Indígena. Según el Ministerio Público, la exlegisladora solo presentó descargos por 200.000 bolivianos de un millón.

Esto significa que solo los comportamientos que afectan negativamente a un bien jurídico —como la vida, la propiedad o la salud— son objeto de intervención penal, prohibiendo así el castigo de conductas que no dañan a terceros ni a la sociedad. 

Este principio asegura que la severidad de la pena se reserva para las peores ofensas, evitando la sobrecarga del sistema penal y la restricción desproporcionada de la libertad.