El magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Iván Campero reveló, en sus declaraciones, que el plan para defenestrar a la magistrada titular Fanny Coaquira se habría urdido desde antes de mayo, pues él fue convocado a una reunión donde ya se tenía los documentos para llevar todo ante un juez provincial.

“Aproximadamente los primeros días de mayo fui convocado por la doctora Claudia Castro a una reunión, en el entendido que habría algunos documentos que llevarían a cuestionar la elección de la doctora, Fanny Coaquira. Asistí a la misma en el edificio shopping norte, oficina del colega de apellido Ordoñez (…) en esa primera reunión habían varias personas, entre las cuales se encontraban la doctora Castro, el doctor Yván Cordova, presidente del Tribunal Departamental de Justicia”, señala parte de la declaración de Campero ante los fiscales.

Iván Campero es magistrado suplente de Fanny Coaquira y él sería el directo beneficiario del plan pues al suspender a su colega, él asumiría la titularidad en el TSJ por el departamento de La Paz. En su declaración dijo que él fue el mejor calificado, pero pese a sus méritos fue desplazado a la suplencia.

“Se refirió que se iba ser una representación al tribunal electoral y/o una acción constitucional a lo que exprese que debería haber una investigación por lo que demostré mi absoluta disconformidad con la sugerencia, expresándome que era el mejor calificado en Bolivia y que las cosas deberían hacerse apegadas a la ley y abandoné la reunión”, señala otra parte de su declaración.

El caso estalló el 11 de junio cuando un juez provincial de Coroico, en La Paz, Marcelo Lea Plaza asumió el papel de sala constitucional y determinó la suspensión de la magistrada Coaquira e instruyendo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a que se retire la credencial de magistrada.

Esa acción provocó la reacción del propio TSJ en Sucre y determinó iniciar acciones contra el juez provincial. Además de detenerlo, las autoridades policiales intervinieron sus oficinas. Por esa razón el juez Lea Plaza reveló una conversación telefónica con el ministro César Siles quien le instruía la emisión de esa resolución.

Las elecciones judiciales se realizaron el 15 de diciembre de 2024 y las nuevas autoridades fueron posesionadas por el presidente Luis Arce en un acto el 2 de enero de este año, de tal modo, que los integrantes del consorcio pusieron el plan en marcha a los 5 meses de gestión de los supremos.