El principio de lesividad establece que no se puede sancionar una conducta penalmente si esta no ha causado una lesión o puesta en peligro de un bien jurídico protegido por la ley.

Esto significa que solo los comportamientos que afectan negativamente a un bien jurídico —como la vida, la propiedad o la salud— son objeto de intervención penal, prohibiendo así el castigo de conductas que no dañan a terceros ni a la sociedad.

Puntos clave del principio

• Protección de bienes jurídicos: El derecho penal tiene como función primordial proteger los bienes jurídicos más importantes (vida, libertad, propiedad, etc.).
• Lesión o peligro: Para que una conducta sea considerada delito, debe haber una afectación de un bien jurídico. Esta afectación puede ser una lesión (daño consumado) o un peligro (situación de riesgo).
• Límite al poder punitivo: Sirve como un límite al Estado, impidiendo que pueda sancionar conductas que considera «inmorales» o «incorrectas» si no implican un daño real a un bien jurídico protegido.
• Exclusión de conductas inocuas: Se prohíbe la penalización de actos que no representan ningún riesgo para la sociedad o para otros individuos, evitando así «procesos inocuos».
• Función del legislador y del juez: Este principio opera tanto para el legislador (al crear las leyes) como para los jueces (al aplicarlas), garantizando que se sancionen únicamente aquellos hechos que efectivamente dañan o ponen en peligro un bien jurídico tutelado.