La magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Fanny Coaquira, amplió la denuncia por tráfico de influencias y consorcio, contra los vocales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Édgar Ordoñez y Erika Valdez, a quienes se sindica de ser parte de una organización que tenía el objetivo de sacarla del cargo.
Por medio de otro oficio, la comisión de fiscales a cargo del caso, informó a la autoridad del Juzgado 17 Anticorrupción, que se aceptó dicha ampliación de denuncia y se procedió al inicio de las investigaciones.
“Señora juez, a los fines de control jurisdiccional, tenemos a bien informar a su autoridad que mediante memorial presentado en fecha 25 de julio de 2025, la ciudadana Fanny Coaquira Rodríguez, a través de su apoderado legal, ha presentado una ampliación de denuncia contra los ciudadanos Iván Édgar Ordoñez Quijarro y Karina Erika Valdez Cuba, por la comisión de los delitos de tráfico de influencias y consorcio; ampliación que ha sido aceptada por el Ministerio Público mediante decreto fiscal de fecha 28 de julio de 2025”, señala parte del oficio.
El documento lleva la firma de los fiscales Fernando Espinoza, Magaly Bustamante y Johan Muñoz.
Valdez es presidenta de la Sala Civil Segunda y Ordoñez de la Sala Civil Tercera. EL DEBER buscó la contraparte de ambos desde la pasada semana, pero ninguno atendió los pedidos.
Con esta ampliación, suman a 10 los implicados en el caso consorcio, de los cuales cuatro son vocales del TDJ La Paz.
Los implicados son: el juez de Coroico, Marcelo Lea Plaza (detenido en San Pedro); el funcionario de dicho juzgado, Sergio Sarmiento (con detención domiciliaria) Antonio De la Fuente Amelunge (prófugo, presentó la acción de cumplimiento); el abogado de De la Fuente, José Uriarte (ex consul de Bolivia en España, con detención domiciliaria); el ex ministro de Justicia, César Siles (con detención preventiva, pero hospitalizado); el ex presidente del TDJ La Paz, Yván Córdova (con detención domiciliaria); la ex vocal del TDJ La Paz, Claudia Castro (con detención preventiva, pero hospitalizada) y el magistrado suplente de Coaquira, Iván Campero Villalva (con detención preventiva).
Contexto
El 11 de junio, De la Fuente Amelunge presentó una acción de cumplimiento por medio de la cual se pretendía suspender del cargo a la magistrada Coaquira, señalando que ésta falseó datos ante la Asamblea Legislativa, para ser habilitada para las Elecciones Judiciales, en las cuales resultó electa en diciembre de 2025.
La supuesta adulteración de la experiencia laboral de Coaquira, como docente de la Universidad Unión Bolivariana no fue investigada hasta el momento.
Valdez es señalada por Claudia Castro como una de las personas que organizó reuniones desde el mes de mayo, para coordinar la presentación de la acción de cumplimiento. En el caso de Ordoñez, además de coordinar las reuniones, se conoce que éstas se desarrollaron en su oficina particular, en el piso 7 del Shoping Norte, en el centro paceño.
El caso tomó relevancia y provocó la renuncia del Siles, debido a la publicación de un audio en el que, una voz atribuida al entonces ministro, le asegura al juez Lea Plaza que si emitía una resolución en favor de De la Fuente, suspendiendo a Coaquira y habilitando a Campero, él tendría todas las garantías de no sufrir represalias, pues incluso se había acordado esa protección con el fiscal general, Róger Marica y el fiscal departamental de La Paz, Carlos Torres.
Las autoridades de la Fiscalía negaron estar implicados e instruyeron una investigación amplia y objetiva. Al contrario, en el caso de Castro, se tienen declaraciones y datos hallados en celulares y computadoras que la complican como una de las autoras intelectuales.
