El gobierno de Javier Milei presentó este viernes el proyecto de ley ‘Régimen Penal Juvenil’, con el que espera bajar la edad de imputabilidad a los 13 años y que podrán acarrear penas de entre 3 y 8 años de prisión hasta un máximo de 20 años de reclusión para delitos cometidos por menores de edad en Argentina.
El proyecto comprenderá a adolescentes entre 13 y 18 años imputados por un hecho tipificado en el Código Penal, que fue enviado al Congreso, tras un anuncio conjunto entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Respecto a las posibles penas, Bullrich indicó que el objetivo no gira solo en torno a las sanciones, sino que también no persigan una “carrera delictiva”, además aclaró que no “estarán encerrados sin salida”.
De acuerdo con un comunicado oficial, la reforma se fundamenta en que producto de los cambios sociales sería necesaria una modernización y adecuación de la legislación a la realidad actual, ante un desfase normativo con respecto a otros países de la región.
Más de 2.000 delitos en un año
En Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, la edad mínima de imputabilidad es de 14 años; en Uruguay, 13, y en Brasil, 12, mientras que en Argentina es de 16 años.
Según datos oficiales, el año pasado 2.197 delitos fueron cometidos en el país por menores de edad.
Anteriormente, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, había adelantado la postura del Gobierno sobre la criminalidad de los menores, ya que consideró que sería razonable que paguen las consecuencias como adultos.
“Es adaptarnos a los tiempos que corren. Van a tener justicia, crímenes como el de Bruno Busanich, el playero (trabajador de una estación de servicio) asesinado en Rosario el pasado 10 de marzo por un sicario de 15 años de edad, que claramente comprendía la atrocidad que estaba haciendo. Delito de adulto, pena de adulto”, sentenció el portavoz.
Adorni hizo referencia al caso del empleado de una gasolinera que fue asesinado de varios disparos en Rosario, provincia de Santa Fe (centro), ciudad que desde hace décadas se encuentra asediada por la violencia del narcotráfico.
Centros especiales para el cumplimiento de penas
De acuerdo con el documento al que tuvo acceso EFE, los menores cumplirán las penas en “establecimientos especiales o secciones separadas” de las cárceles comunes bajo “personal idóneo”, y los padres serán informados al respecto.
Las sentencias pueden ir de tres a seis años “siempre que no haya existido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica”, y podrán reemplazarse por prohibiciones de acercamiento a la víctima o familiares, así como salir del país, prestar servicios a la comunidad y monitoreo electrónico.
El máximo que podrán recibir los menores será de 20 años, y al cumplirse dos tercios del total, podrán ponerse bajo revisión con otra alternativa, que en caso de incumplirse tendrá sanciones más severas, bajo el control de un juez, de un fiscal o hasta de la propia víctima.
En caso de aprobarse, la nueva inimputabilidad será para menores de 13 años, pero el proyecto dispone también que el juez a cargo de la causa deberá investigar la existencia y circunstancias del hecho para determinar si hubo posibles intervenciones de terceros.
