El Órgano Judicial planea un plan de austeridad en sus gastos debido a que arrastra un déficit de 85 millones de bolivianos que ponen en riesgo el pago de haberes en los últimos meses del año. Las autoridades judiciales iniciaron gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas para cubrir esta situación de iliquidez. Desde la Amabol sugieren reducir la planta administrativa en la Dirección General Administrativa Financiera y en el Consejo de la Magistratura.
Un primer síntoma de esta situación de iliquidez es la demora en el pago de salarios a los funcionarios por el mes de agosto, lo que hasta la fecha no se ha concretado.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Ernesto Jaimes, admitió la semana pasada que la mayor dificultad se dará en el pago de salarios, porque es a este rubro que se destina el mayor porcentaje de los recursos que percibe el Órgano Judicial, tanto de ingresos propios como por la venta de valores en Derechos Reales y del Tesoro General del Estado (TGE).
“Lo que existe como un déficit es 85 millones de bolivianos. Se están haciendo las gestiones para que esos recursos sean cubiertos por el Órgano Ejecutivo, de tal forma que no tengamos mayores dificultades hasta el cierre del presente año”, señaló Jaimes antes de complementar que aún no se tiene una respuesta a dicho pedido.
FUNCIONAMIENTO EN RIESGO
Paralelamente a las gestiones para conseguir recursos ante el Ministerio de Economía y Finanzas, la autoridad judicial indicó el viernes que, en una Sala Plena del jueves pasado, se hizo un análisis de la situación económica del Órgano Judicial y también de la aplicación de escenarios de mayor austeridad.
Jaimes advirtió que de no conseguirse los recursos adicionales al presupuesto, estaría en riesgo el funcionamiento del Órgano Judicial para culminar con la etapa de transición a los nuevos magistrados que asumirán el próximo año.
“Estamos haciendo gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas para que podamos sostener la gestión sin mayores dificultades hasta fines de este año. Es una situación de iliquidez difícil, pero esperamos contar con la colaboración del Ministerio de Economía para poder atender el pago de las planillas correspondientes hasta la conclusión de este año”, remarcó.
REESTRUCTURACIÓN
Ante la situacion de iliquidez, la presidenta de la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol), Grenny Bolling, sugirió implementar una reestructuración en la parte administrativa. Señaló que hay demasiados funcionarios, pese a que la función jurisdiccional es lo primordial.
“Como Amabol volvemos a reiterar: es importante hacer una reingeniería dentro del área administrativa. Todos pueden observar que el aparato administrativo es demasiado grande, tanto en la Dirección General Administrativa y Financiera (DGAF) y también en el Consejo de la Magistratura, lo que supone un mayor presupuesto”, denunció.
RESTRINGIR VIAJES
La Amabol sugiere restringir los viajes de las máximas autoridades del Órgano Judicial en su última etapa de trabajo y dejarlos únicamente para casos de urgencia. “Observamos que solo para entregar títulos de refuncionalización de jueces, los señores consejeros viajaron a todo el país; eso implica un gasto”, dijo su presidenta Grenny Bolling.
