Con la presencia del presidente del Estado, Rodrigo Paz, este viernes se desarrolló en Sucre la cumbre judicial, y entre las conclusiones se planteó la necesidad de una reforma de la Constitución Política del Estado (CPE), garantizar recursos económicos suficientes para asegurar la independencia judicial, crear una unidad especial de justicia digital y disponer el cese de los magistrados autoprorrogados.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, indicó que las cuatro mesas temáticas, Normativa, Presupuesto, Modernización Tecnológica y Carrera Judicial, coincidieron en que el país requiere reformas de fondo, nuevos marcos normativos, modernización tecnológica y un financiamiento adecuado que garantice independencia e institucionalidad, según un reporte de ABI.

«Existe necesidad de modificaciones estructurales de la CPE, pero puede ser una tarea a largo plazo. Sin embargo, solo esa reforma y la de la Ley del Órgano Judicial permitirán conseguir la independencia, con un presupuesto acorde a la realidad del sistema», puntualizó.

El Primer Diálogo por la Reforma Judicial concluyó este viernes con el pedido unánime de los participantes de la mesa 1 de suspender de manera inmediata de sus funciones a los magistrados autoprorrogados, además de un amplio paquete de propuestas que, según los asistentes, constituyen la base para una transformación profunda e impostergable del sistema de justicia en Bolivia.

Entre las principales conclusiones se destacó la urgencia de crear: un Procedimiento Agroambiental, la revisión integral de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, la actualización del Código Civil y la adopción de un Código Único del Sistema Penal, como parte de una reforma penal integral.

Asimismo, se recomendaron ajustes normativos en materia laboral y social “en busca de celeridad, oportunidad y especialidad”.

La Mesa de Presupuesto propuso que el Órgano Judicial reciba un financiamiento mínimo equivalente al 5% del Tesoro General de la Nación (TGN), con el objetivo de asegurar su independencia institucional.

“Esta asignación deberá ser aprobada mediante ley”, detalló el presidente del TSJ, quien indicó que se presentó un borrador de proyecto socializado durante la jornada.

También se planteó la necesidad de que el Estado garantice un presupuesto adicional para la Justicia Indígena Originaria Campesina (JIOC).

“Hay una deuda histórica con nuestros hermanos de la Jurisdicción Indígena. Tienen igualdad de jerarquía, pero no se les ha brindado las condiciones necesarias para ejercer su administración jurisdiccional”, lamentó Saucedo.

El debate incluyó, además, la incorporación de normas ISO de calidad para la certificación internacional de los procesos judiciales.

En la Mesa de Modernización Tecnológica se enfatizó la urgente necesidad de crear una unidad nacional especializada en justicia digital y unificar los sistemas informáticos del Órgano Judicial.

“Hoy existen más de 50 sistemas operativos, que terminan siendo una traba para los administradores de justicia”, se observó.

La cuarta mesa, dedicada a la Carrera Judicial, propuso la promulgación de una Ley de Carrera Judicial Vertical destinada a garantizar ascensos basados en méritos.

«Que los secretarios puedan ascender a jueces, los jueces a vocales y los vocales a magistrados”, explicó el magistrado, remarcando la necesidad de promover un ascenso natural y meritocrático.

Asimismo, se planteó fortalecer los mecanismos de ingreso tanto por convocatoria ordinaria, mediante la Escuela de Jueces del Estado, como por vía extraordinaria, con evaluaciones estrictas basadas en méritos y transparencia.

La evaluación del desempeño también deberá estar reglamentada por ley, para definir con claridad quién evalúa, qué se evalúa, cómo, cuándo y con qué efectos. Los participantes subrayaron que esta normativa debe garantizar permanencia, incentivos y responsabilidades disciplinarias claras.

En cuanto al escalafón judicial, se propuso su fortalecimiento mediante criterios como antigüedad, méritos, capacitación y desempeño.

Durante la clausura, se informó que la magistrada Amalia Laura Vilca, del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), presentó un proyecto de ley que será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), orientado a establecer el Régimen Transitorio del Tribunal Constitucional.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó que la transformación estructural del sistema judicial es la tarea más urgente y decisiva para el país, y sostuvo que ese proceso no depende únicamente de la voluntad gubernamental, sino de un mandato directo expresado por la ciudadanía en las urnas. Por ello, pidió una reforma de raíz para acabar con la justicia sometida al poder político.

“El futuro de Bolivia depende de la integridad de quienes ejercen la justicia. Con ustedes, con su independencia y con su valentía, comienza la nueva justicia para Bolivia. Por donde veo huele mal, por donde veo hay corrupción: esto es una cloaca y depende de nosotros acabar con ese Estado tranca”, afirmó. Señaló que su gestión, a menos de una semana de haber comenzado, se encontró con un Estado deteriorado y con múltiples irregularidades.

El mandatario insistió en que la justicia no es un elemento secundario del Estado, sino su pilar fundamental.

“Un poder judicial respetado, confiable e independiente no es un detalle de un Estado cualquiera; es la centralidad de la patria, es la roca sobre la que descansa la democracia”, aseveró.

Recordó que en las elecciones del 17 de agosto y en la segunda vuelta del 19 de octubre la ciudadanía expresó de manera clara su deseo de transformaciones.