La diputada por Creemos, María René Álvarez, advirtió que la Sentencia Constitucional (SC) Nº 0076/2023, que anula atribuciones a la Ley Departamental Nº 98, de Santa Cruz, afecta a 11 unidades de conservación ambiental y deja más de 3 millones de hectáreas de tierras a disposición de los avasalladores. Afirmó que la resolución confirma el carácter centralista del Gobierno del MAS, con el fin de afectar el área de las reservas acuíferas de esa capital, Güendá-Urubó.