miércoles, febrero 11, 2026

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La asistencia familiar, no sólo comprende los alimentos sino todos los gastos necesarios e indispensables para la subsistencia digna de una persona

Asimismo, nos referiremos a los derechos y garantías de los Niños, Niñas y Adolescentes, regulados en la norma suprema que en sus artículos 58 al 61 regula los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes y en esa misma línea tanto el Código de Familia como el Código Niño Niña y Adolescente que en su artículo 5, señala que: «Los niños y niñas o adolescentes, como sujetos de derecho gozan de todos los derechos fundamentales y garantías constitucionales inherentes a toda persona, sin perjuicio de la protección integral que instituye este código«, disponiendo en su artículo 3: «Las disposiciones del presente código son de orden público y de aplicación preferente. Se aplica a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en territorio boliviano, sin ninguna forma de discriminación» así como la Declaración Internacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente y los múltiples tratados internacionales de cuyas normas se infiere que los padres y madres se encuentran obligados a proveer a sus descendientes sin distinción de origen la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones así como a su desarrollo integral, identidad y filiación (Artículos 58 y 59 de la Constitución Política del Estado Plurinacional), constituyéndose la asistencia familiar, no solo en una obligación de orden legal sino en un deber natural al que por principio moral se encuentran reatados los progenitores respecto de sus hijos e hijas, por lo que resulta inconcebible que el recurrente, luego de haber negado no solo el apellido, sino toda protección material y moral por el lapso de más de 10 años a su hija, dejándola en el más completo olvido, pretenda soslayar por cualquier medio el cumplimiento de la asistencia familiar para la menor, pues no se puede permitir que una menor crezca y se desarrolle en situación de necesidad y carencia, cuando tiene un padre profesional y con posibilidades para solventar los gastos de su manutención, sin que esto signifique como pretexta el recurrente que el cumplimiento de esta obligación vaya en detrimento de los deberes que tiene el obligado con sus otros hijos, tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 173 del Código de Familia que establece el principio de igualdad de los hijos: «Todos los hijos sin distinción de su origen, tienen los mismos derechos y deberes respecto a sus padres».

De lo expuesto de manera precedente, se concluye que no existe agravio alguno al respecto bajo el advertido de que la asistencia familiar, no sólo comprende los alimentos, sino todos los gastos necesarios e indispensables para la subsistencia digna de una persona.

Al respecto el Dr. Hugo Sandoval Saavedra, en su libro, Código Civil Boliviano, señala: «La obligación de alimentos no tiende a procurar al acreedor únicamente alimentos, es decir la comida propiamente dicha sino todo lo que necesita para la vida- o para la muerte – los vestidos, la habitación, los cuidados médicos o quirúrgicos, los cuidados de hospitalización y hasta una inhumación decente».

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AS Nro. 20/2013 | Sucre: 5 de febrero de 2013

Que se entiende por «laedendi animus» y «necandi animus»

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Análisis de la denuncia de falta de fundamentación y motivación de la Sentencia sobre el "animus necandi", vinculado con la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva respecto del tipo penal de Homicidio con relación a la figura de la Tentativa

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Las autoridades judiciales, conforme el enfoque de género, deben considerar y especificar en su resolución la desigualdad estructural que se puede evidenciar a partir del análisis del hecho imputado y que devela la existencia de roles sociales que generan en la víctima dependencia económica, social o psicológica, o de otra índole con el presunto autor del hecho, la cual puede incidir en el desarrollo del proceso judicial; por lo que, la mera invocación del enfoque de género e interseccional que implica fundamentar en concreto la existencia de otros tipos de discriminaciones no sustenta, ni justifica per se una medida cautelar; esto obliga, al mismo tiempo y en sentido contrario, que para enervar la concurrencia de dicho riesgo procesal la parte imputada desvirtúe la existencia de relaciones de poder entre la supuesta víctima y el presunto autor que influyan en la tramitación del proceso judicial.

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El Dr. Ramiro Carrillo A., es un profesional abogado de Bolivia cuya especialidad radica en materia constitucional, penal, civil, administrativo, mujer, niñez y adolescencia ademas de ser asesor en diferentes instituciones públicas y privadas; su mayor aporte a la ciencia del derecho radica en dar seminarios, clases, diplomados en diferentes instituciones educativas.