Como ciudadano y actual Ministro de Justicia, me dirijo a ustedes para expresar mi profunda preocupación y rechazo a las presiones que se están ejerciendo para que renuncie a mi cargo, basadas en una sentencia condenatoria que fue dictada en mi contra en un proceso político irregular y violatorio de mis derechos fundamentales, realizada bajo coacción, y amenazas posteriores a un secuestro y tortura.

En el año 2015, fui víctima de un proceso político que culminó con mi secuestro, tortura y condena ilegal a 3 años de prisión, con suspensión condicional de la pena.

Es importante recordar que este proceso estuvo marcado por graves irregularidades y violaciones a mis derechos humanos.

La Constitución Política del Estado establece en su Artículo 234, numeral 4, que no se puede impedir el ejercicio de la función pública por tener un pliego de cargo ejecutoriado o sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal PENDIENTE DE CUMPLIMIENTO. Sin embargo, se está pretendiendo utilizar esta sentencia condenatoria VICIADA DE NULIDAD, dictada en un proceso ilegal y sin garantías, para privarme de mis derechos ciudadanos y de mi cargo como Ministro de Justicia.

Al respecto, el Código de Procedimiento Penal, en su Artículo 441, numeral 2, establece que después de transcurridos 8 años desde que se dictó la sentencia condenatoria, concediendo la suspensión condicional de la pena, se puede solicitar la cancelación de antecedentes. En mi caso, han transcurrido más de 10 años desde que se dictó la sentencia ILEGAL, lo que refuerza mi derecho a ejercer mis funciones sin restricciones.

Quiero enfatizar que nunca fui notificado legalmente con la sentencia condenatoria, lo que vulnera mi derecho a la defensa y al debido proceso. Por lo tanto, he decidido interponer un recurso de revisión extraordinaria de sentencia, con el fin de que se revisen las circunstancias que rodearon mi condena y se garantice mi derecho a la justicia y a la verdad.

Rechazo cualquier intento de privarme de mis derechos ciudadanos y de mi cargo como Ministro de Justicia, basado en un proceso político y una sentencia condenatoria que no fue dictada con las debidas garantías procesales DESPUÉS DE UN SECUESTRO Y TORTURA.

xijo que se respete mi derecho a ejercer mis funciones y a participar en la vida pública del país, de acuerdo con la Constitución y las leyes.

No permitiré que se utilice la justicia para perseguir a quienes luchan por la verdad y la justicia. Defenderé mis derechos y seguiré trabajando por la justicia y la transparencia en Bolivia.