En el Código Penal (y Procesal Penal) existe la obligación de denunciar ciertos delitos (de acción pública) para ciudadanos comunes y, de manera más estricta, para funcionarios públicos y profesionales de la salud, quienes pueden ser sancionados si no lo hacen, salvo por secreto profesional o riesgo familiar cercano; la denuncia es fundamental para iniciar el proceso, pero no se debe hacer de forma falsa, pues acarrea castigo.

¿Quiénes están obligados a denunciar?

• Ciudadanos: Generalmente, todos, especialmente si son víctimas o testigos de delitos de acción pública (aquellos que el Estado persigue sin necesidad de denuncia, como homicidios, robos, etc.).
• Funcionarios Públicos: Si conocen un delito en el ejercicio de sus funciones.
• Profesionales de la Salud (médicos, enfermeros, etc.): Cuando conozcan delitos contra la vida o integridad física al prestar sus servicios, salvo que medie secreto profesional.
• Personas a cargo de bienes o intereses: Respecto a delitos cometidos en perjuicio de lo que administran.

¿Quiénes están EXENTOS de la obligación?

• Cónyuge, conviviente, ascendientes, descendientes, hermanos: Si la denuncia puede implicar persecución penal para ellos.
• Personas bajo secreto profesional: Como abogados, sacerdotes, o profesionales de la salud que conozcan el hecho bajo secreto.

¿Qué pasa si no se denuncia?

• En algunos países, no denunciar un delito de acción pública por parte de quienes tienen la obligación (como funcionarios o personal de salud) puede ser constitutivo de delito, sancionable con multa u otras penas.

¿Qué se denuncia y dónde?

• Se denuncian hechos que son delitos (contra la vida, integridad, propiedad, etc.).
• Se presenta la denuncia en la Policía, el Ministerio Público (Fiscalía) o un Juzgado.

¡Cuidado con la denuncia falsa!

• Denunciar un delito que se sabe que es inexistente o a una persona inocente es un delito grave (falso testimonio o acusación o denuncia falsa) y acarrea penas de cárcel y multas.

En resumen, denunciar es un deber ciudadano, pero la ley establece excepciones y responsabilidades claras para proteger relaciones familiares y profesionales, a la vez que castiga el mal uso del sistema judicial con denuncias falsas.