golp“Como presidenta de la Cámara de Senadores asumo de inmediato la presidencia del Estado”. Jeanine Áñez anunciaba su proclamación. Tras cuatro años, está encarcelada y tiene cinco procesos ordinarios.
Esa noche, la exsenadora asumió el mando del país en una seguidilla de actos legislativos que duraron 11 minutos y 20 segundos. “Asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país”, añadió, y pasó a ser felicitada por colegas de la oposición.
Así, se acababa de hilvanar uno de los capítulos más polémicos de la historia democrática reciente. Luego, un militar ponía la banda presidencial a quien fue segunda vicepresidenta de la Cámara Alta, cargo que estaba lejos en la línea sucesoria. Y ella salió a festejar al balcón del Palacio Quemado, con los aliados que le llevaron a tomar el poder.
Dos días antes era derrocado Evo Morales, tras casi 14 años de ocupar la silla presidencial. Si bien se preciaba de ser un as para no perder elecciones, iba a ceder la pulseta con sus opositores, sobre todo los de filas cívicas y legislativas. Por ello, ese 10 de noviembre, a las 16.50, desde el Chapare de Cochabamba, anunció su dimisión.
PRESIÓN. La situación era insostenible. Las protestas cívicas se habían extendido al mando de un dirigente cívico cruceño que ganó protagonismo, Luis Fernando Camacho, quien luego fue elegido gobernador y ahora está encarcelado en Chonchocoro, en La Paz. Y la crisis se alimentó por las denuncias de fraude electoral, un motín policial y la presión de la cúpula militar.
Una jornada después, la oposición política comenzó a sazonar el operativo para el reemplazo de Morales. Áñez se iba a convertir en la carta bajo la manga, con la excusa de las renuncias verbales de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y del titular de la Cámara Baja, Víctor Borda, ambos del Movimiento Al Socialismo (MAS).
También había dimitido Rubén Medinaceli (MAS), primer vicepresidente del Senado; solo quedaba en funciones Susana Rivero (MAS), primera vicepresidente de Diputados. La Constitución Política dicta que la línea sucesoria ante la renuncia del Presidente avanza hacia el Vicepresidente del Estado y los titulares del Senado y la Cámara Baja, en ese orden.
Desde el mediodía de ese 11 de noviembre, Áñez ya hablaba como futura presidenta. Más aún, fue tratada como tal, porque se armó una cápsula de seguridad para su arribo de Trinidad (Beni) a El Alto, acompañada de Óscar Ortiz, colega de Unidad Demócrata (UD), quien más tarde fue su ministro.
En la noche, a las 18.45, se dirigió a la red Unitel como la sucesora en ciernes. “Estoy en la Segunda Vicepresidencia y en el orden constitucional me correspondería asumir este reto con el único objetivo de llamar a nuevas elecciones, de pacificar al país y de que todo vuelva a la normalidad”.
Más todavía, delineó el procedimiento que se debía seguir para una sucesión presidencial, lo cual al final no se cristalizó. “Tendría que convocarse a una asamblea para poner en consideración la renuncia de los dos primeros mandatarios (Morales y Álvaro García Linera), yo espero que tengamos quórum necesario porque el país sabe que el MAS tiene dos tercios”.
Posteriormente, en un video, sin formalidades legislativas de por medio, Áñez se dirigió a las Fuerzas Armadas como si fuera presidenta del Senado y las conminó a desplazarse a las calles ante los disturbios. “No queremos muertos en este país, si hay alguna persona que cae después de esta solicitud (…) es de su entera responsabilidad”.
Ella tenía apoyo interno y externo. En ambientes de la Universidad Católica Boliviana, la Unión Europea, la Iglesia Católica y representantes políticos como Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina y Ricardo Paz, además de activistas como Waldo Albarracín y Juan Carlos Núñez, y embajadores como León de la Torre, trazaban el camino de la sucesión con Áñez como opción. Esto continuaría al día siguiente.
Así, Áñez se tomó de nuevo otra atribución: convocó a sesión del Senado. Cuando se repasó el quórom, el legislador Víctor Hugo Zamora le indicó que era “insuficiente”. Pese a ello, se proclamó presidenta de la Cámara Alta. Luego, bajó al hemiciclo de Diputados y tras dar un abanico de argumentos, asumió el poder del Estado.
El 8 de noviembre de 2020 acabó su mandato transitorio, pero no pasó el mando a Luis Arce, quien fue elegido por el 55% de la votación en elecciones. Se instaló en Beni. Sin embargo, en marzo del siguiente año fue aprehendida, en el marco del caso Golpe de Estado I, que indaga el derrocamiento de Morales y por el cual también está encerrado Camacho.
Áñez se encuentra en el penal de Miraflores, en La Paz. Desde entonces se le abrieron cinco procesos en la vía ordinaria (ver cuadros de la anterior página). Ya cuenta con una sentencia en primera instancia, de 10 años de cárcel, por el caso Golpe de Estado II, que investiga precisamente el proceso para su proclamación.
Según la Fiscalía, la exsenadora tomó las riendas de la Cámara Alta, primero, y del Estado, después, sin el respectivo quórum de los asambleístas y vulnerando el reglamento de debates de esa instancia legislativa. En medio, Áñez siempre ha reivindicado su derecho a ser procesada en un juicio de responsabilidades como exmandataria.
El bloqueo de la oposición en la Asamblea para llegar a los dos tercios fue la causa para que no prospere un juicio de privilegio. Por ello, la Justicia Ordinaria fue la vía para ventilar sus casos.
No obstante, dos tribunales de sentencia se han declarado recientemente incompetentes para procesarla por las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), con 20 fallecidos por impactos de bala. Más todavía, han argumentado que el juicio de responsabilidades es la salida en el marco legal. Así, a cuatro años de su proclamación, Áñez y sus detractores se alistan para otra batalla judicial.
Los cinco procesos que se ventilan en la Justicia Ordinaria
- Golpe de Estado I Por el delito de terrorismo, se investiga el derrocamiento del presidente Evo Morales, tras reuniones extralegislativas que allanaron la proclamación de Jeanine Áñez, protestas cívicas, denuncias de fraude electoral, un motín policial y la presión de militares.
- Golpe de Estado II Tiene sentencia en primera instancia de 10 años de cárcel. Los delitos por los que se condenó a Jeanine Áñez son incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, fallo que arrastró a exjefes de la Policía y las Fuerzas Armadas.
- Masacre de Sacaba Se juzga el operativo que mató a 10 personas el 15 de noviembre de 2019, en Sacaba, Cochabamba, por impactos de bala. El delito es genocidio. El Tribunal de Sentencia se declaró incompetente y pidió un juicio de responsabilidades para Jeanine Áñez.
- Masacre de Senkata El proceso es por el asesinato de 10 personas en el operativo del 19 de noviembre de 2019 en Senkata, El Alto, por impactos de bala. El delito es genocidio. El Tribunal de Sentencia se declaró incompetente y pidió juicio de responsabilidades para Jeanine Áñez.
- Designación en EBA La acusación formal contra Jeanine Áñez es por un nombramiento irregular en la empresa estatal EBA. Los delitos son resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y anticipación o prolongación de funciones.
Al menos siete exministros con imputación de la Fiscalía
Arturo Murillo (Gobierno) El exministro de Gobierno está imputado en varios procesos en el país. Tiene acusación formal por los casos de las masacres de Sacaba y Senkata, en los que se investiga los operativos de militares y policías que dejaron 20 fallecidos el 15 y el 19 de noviembre de 2019, respectivamente. Asimismo, cuenta con otra acusación por la investigación de la compra de gases lacrimógenos con un sobreprecio de al menos $us 2,3 millones. Precisamente por el movimiento bancario de los sobornos de este hecho irregular, Arturo Murillo fue detenido y posteriormente sentenciado en Estados Unidos a 70 meses de prisión, por el delito de lavado de dinero. La condena fue también para sus cómplices, de una empresa intermediaria.
Luis F. López (Defensa) El exministro de Defensa cuenta con varios procesos abiertos en el país. Fue acusado formalmente en los procesos por las masacres de Sacaba y Senkata, donde fallecieron 20 personas por impactos de bala en operativos de la Policía y las Fuerzas Armadas, el 15 y el 19 de noviembre de 2019, respectivamente. Igualmente tiene acusación en el caso por la compra irregular de gases lacrimógenos, con un sobreprecio de al menos $us 2,3 millones. Es prófugo de la Justicia y se baraja que se encuentra en Brasil. La Fiscalía señala que en la crisis de 2019 fue un emisario del entonces cívico Luis Fernando Camacho para hablar con el comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, antes de la renuncia del presidente de Evo Morales.
Álvaro Coimbra (Justicia) El exministro de Justicia se encuentra con detención preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz, en el marco del caso Golpe de Estado I, por el delito de terrorismo. La investigación se centra en el derrocamiento del presidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019, cuando anunció su determinación asfixiado por las denuncias de fraude electoral alimentadas por un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), las protestas cívicas lideradas por el dirigente cruceño Luis Fernando Camacho (hoy gobernador encarcelado en La Paz), un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas. Dos días después asumió como mandataria transitoria Jeanine Áñez, tras reuniones extralegislativas que allanaron su camino al poder.
Álvaro Guzmán (Energías) El exministro de Energías está imputado en el caso Golpe de Estado I y se encuentra con detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz. El proceso indaga los entretelones de la dimisión del presidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019, en medio de denuncias de fraude electoral, protestas cívicas lideradas por el dirigente cruceño Luis Fernando Camacho, un motín policial y la presión militar. El delito investigado es terrorismo. Álvaro Guzmán fue aprehendido el 12 de marzo de 2021, a la par de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez y Álvaro Coímbra, exministro de Justicia. Ese día, calificó la decisión como “un abuso y un secuestro”. Fue trasladado a la ciudad de La Paz, donde un juez determinó su encierro.
Eidy Roca (Salud) La Fiscalía hizo la imputación contra la exministra de Salud del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, en la compra de 324 respiradores chinos. Mediante su cuenta de Twitter, Eidy Roca emitió un pronunciamiento: “Tengo que decir al pueblo entero que mi persona no participó en el proceso de contratación de los mismos (respiradores), pues en el mes de abril (de 2020) yo cumplía funciones en la dirección de Promoción de la Salud del Ministerio Público (…) No entiendo por qué se me vincula a este tema”. En la acusación formal, otros seis exfuncionarios de esa cartera estatal fueron implicadas por la compra irregular en tiempos de pandemia.
Roxana Lizárraga (Comunicación) La exministra de Comunicación fue acusada formalmente por el proceso de internación de agentes químicos en calidad de préstamo desde Ecuador. Ello sucedió apenas Jeanine Áñez tomó el poder, el 12 de noviembre de 2019, en medio de protestas contra su nombramiento. Según las investigaciones, el préstamo fue hilvanado con la intermediación de Roxana Lizárraga, ante el gobierno de Lenín Moreno. Por este caso también están acusados los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, de Gobierno y de Defensa, respectivamente. Los tres fueron declarados en rebeldía y por ello son prófugos de la Justicia. El Ministerio Público señaló que recolectó 115 pruebas documentales y 48 testificales en las pesquisas.
Víctor H. Zamora (Hidrocarburos) El exministro de Hidrocarburos tiene acusación formal del Ministerio Público en los casos de las masacres de Sacaba y Senkata, en Cochabamba y El Alto, respectivamente. El delito es genocidio. Las masacres ocurrieron el 15 y el 19 de noviembre de 2019. El Decreto Supremo 4078 fue el paraguas bajo el cual se llevaron a cabo los operativos que desembocaron en la muerte de 20 personas en ambos hechos, por impactos de bala. Esa norma eximía de responsabilidad penal a los efectivos militares que participen en los operativos con la Policía para el “restablecimiento del orden”. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) calificó de masacres lo sucedido en Sacaba y Senkata, y verificó ejecuciones extrajudiciales.
