Durante la gestión del ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, al menos 30 policías fueron reincorporados o continuaron trabajando en la Policía pese a contar con antecedentes y procesos abiertos por homicidio, narcotráfico, corrupción y hasta el asesinato de sus propios camaradas. Entre los casos más recientes está el del capitán Javier Alberti, que sin importar que estuvo en la cárcel tres veces, continuó vistiendo el uniforme.

En el caso de Alberti, un video grabado en la ciudad de Santa Cruz, el pasado fin de semana, reveló que junto con su camarada, el capitán Salomón Saleck, atracaba a una persona. Entonces llovieron las críticas contra los comandantes de la Policía Boliviana y Del Castillo, por permitir que Alberti continúe como policía, pese a los antecedentes delictivos que tiene desde 2009, entre ellos por narcotráfico.

Mientras el ministro afirmó que Alberti tenía 10 procesos disciplinarios, el inspector de la Policía, Ricardo Pérez, afirmó que eran 15. Pero ninguno precisó el estado de estos procesos y las razones por las que luego de ser encarcelado por extorsión, a cambio de regresar un auto robado en Chile, Alberti estaba libre y trabajaba a disposición del Comando de La Paz.

“Necesitamos sacar de la Policía a todos y cada uno de los malos elementos antes del bicentenario de nuestra Policía Boliviana. Lo vamos a hacer por el compromiso que tenemos con el pueblo boliviano”, afirmó Del Castillo el 23 de marzo, luego de que Alberti apuntara al director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Sergio Bustillos, por supuestamente estar implicado en la internación de autos chutos al país. “(Sergio) Bustillos me enviaba a recoger sus autos. Bustillos y toda la Felcc”, gritó.

“Señor ministro (Del Castillo) no venga a lavarse las manos como Pilatos, el capitán Alberti tenía un gran prontuario y estuvo en la cárcel, pero como era masista tenían que encubrirlo. ¿Y a los buenos policías que lucharon en 2019? Los encarcelaron y a centenares les dieron de baja. ¿De qué moral habla? Gracias a ustedes esta bella institución está mal vista”, escribió en su cuenta de Facebook la dirigente de las esposas de policías, Guadalupe Cárdenas.

Página Siete tuvo acceso a una nómina en la que al menos 30 policías figuran en la institución, pese a tener antecedentes. A continuación se contarán los casos más significativos.

Sentenciados

Las duras críticas de la sociedad a Del Castillo tienen bases. En octubre de 2022, Página Siete informó que el teniente Cristian Casanova, sentenciado a 15 años de cárcel en 2020, por el homicidio del estudiante de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), Jonathan Quispe, salió de la cárcel y fue reincorporado por orden del Comando General de la Policía a la Unidad de Bomberos de La Paz.

No es el único caso, ese mes se reveló que otros policías procesados, por una lista de hasta 15 delitos, aún estaban en servicio.

Otro uniformado con sentencia es Jhonny Salazar Gonzales, que en 2017 fue condenado a cinco años de cárcel por ser autor del disparo de una granada de gas que hirió y dejó parapléjico al universitario Jhon Copaga, en los conflictos de julio de 2015. El estudiante aún lucha por su rehabilitación.

Al momento del hecho, Salazar tenía el grado de cabo; ahora, según la orden de destinos 2023, a la que tuvo acceso Página Siete, fue ascendido a sargento y cumple servicios en el Comando Sur de Cochabamba.

Procesados y reincorporados

Entre los casos más graves está el asesinato de los tres policías en el municipio de Porongo, el 21 de junio de 2022, caso en el que se imputó al mayor Álvaro Julio Muñoz Mejía (galardonado por el Ministerio de Gobierno) y al capitán Rubén Aparicio Villarroel. Ambos son señalados como cómplices de Misael Nallar, el principal imputado, yerno del narcotraficante Einar Lima Lobo. Las tres víctimas fueron ejecutadas con 17 disparos. Pese a todos los indicios que involucran a Muñoz y Aparicio —reportados por otros oficiales— Jhonny Aguilera, excomandante de la Policía, defendió a ambos uniformados.

“Tengo una gran lista de delincuentes con uniforme o logias que son de su partido y apadrinados por ustedes. Siga, que yo demostraré que también gente del Gobierno está implicada en todos estos hechos. Sé muy bien que a ustedes no les gusta los buenos oficiales porque no son de su línea y también decirle que existe malestar por estos malos policías rosqueros”, es otra parte del mensaje enviado por Cárdenas al ministro Del Castillo.

Narcos y secuestradores

Página Siete realizó una revisión de varios casos en los que, en la gestión de Del Castillo, se denunció y se presentó a policías por volteo de drogas, secuestro y extorsión, pero en 2023 volvieron a vestir el uniforme, luego de salir de la cárcel.

El 13 de noviembre de 2020, unos días antes de que Del Castillo asumiera el Ministerio de Gobierno, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcc), Juan Percy Frías, reportó que cinco policías antidroga, en Pando, secuestraron a un ciudadano boliviano al que dejaron en libertad a cambio de que les entregue los 80.000 reales (15.000 dólares) que tenía en su mochila.

Dos tenientes, dos sargentos y un suboficial fueron encarcelados por ese hecho, pero según los antecedentes enviados a este medio por la Policía, en la actual gestión todos están libres y fueron reincorporados. Una teniente involucrada ahora figura como secretaria en el Comando Departamental de Pando.

En otro caso, el 15 de julio de 2022, cinco sargentos de la Policía Boliviana fueron denunciados ante la Fiscalía por secuestrar, golpear y extorsionar con 10.000 dólares al conductor de un camión cisterna, en la Villa Primero de Mayo, Santa Cruz. De acuerdo con el relato de la víctima, lo obligaron a realizar dos depósitos a la cuenta de una mujer, hermana de uno de los involucrados.

Esta denuncia fue conocida por cinco altos jefes de la Policía, quienes no atendieron las denuncias del chofer, entre ellos, el actual comandante en Cochabamba, Erik Holguín, quien en mayo de 2022, cuando sucedió el secuestro, era comandante departamental de Santa Cruz. Según las órdenes de destino de 2023, los cinco policías secuestradores siguen cumpliendo servicios, uno de ellos en una unidad de Inteligencia de la Felcn.

Caso Katanas

Otro uniformado que, pese a tener una condena en su contra no fue dado de baja hasta la fecha e impartía justicia en tribunales disciplinarios de la Policía, es el coronel Sergio Beyer. El oficial fue sentenciado a 12 años de prisión por complicidad en el caso de trata de mujeres en el local nocturno Katanas, en La Paz. Él último cargo al que fue asignado en 2022, un mes después de ser condenado, fue al de comandante de la Policía Turística. Ahora figura a disposición del Comando Departamental de La Paz.

Robo a casa de juegos y volteo

El 22 de septiembre de 2022, cinco policías fueron encarcelados por robar 65.000 dólares de una casa de juegos clandestina, en Santa Cruz. Dos capitanes, un teniente y dos sargentos fueron presentados como los autores del hecho. Sin embargo, ahora sus nombres figuran en unidades policiales de esa ciudad.

Un último ejemplo de las irregularidades en el proceso contra policías durante la gestión de Del Castillo, es que, en abril de 2022, ocho miembros del Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE) Amazonia, fueron enviados a la cárcel por el volteo de una carga de 800 kilos de clorhidrato de cocaína en el departamento de Beni, la droga estaba valuada en 1,6 millones de dólares. En octubre de ese año, cinco meses después, se confirmó que los ocho policías fueron puestos en libertad por orden judicial y ahora figuran reincorporados en la Policía.

Otro ejemplo de la retardación de justicia en la Policía y la desigualdad con la que se procesa a los uniformados se dio en el caso de dos policías que fueron dados de baja, sólo luego de que los medios de comunicación revelaran su situación.

Tras 11 años de proceso, dos juicios y dos sentencias ejecutoriadas, en septiembre de 2022, los policías Jesús Ferrufino y Jitler Mamani fueron dados de baja de la Policía Boliviana. El primero era parte del Tribunal Disciplinario y el segundo, además de esas dos condenas, tiene antecedentes por intento de feminicidio y amenazar con una bomba a su exesposa.

De cuerdo con los antecedentes, Mamani fue enjuiciado y condenado por allanamiento y robo en la casa de una vecina, en 2011. En ese proceso, Ferrufino se presentó como abogado de Mamani, acción ilegal, debido a que en ese entonces Ferrufino era abogado del Comando Departamental de La Paz y la ley le impedía ejercer de manera particular; ambos policías fueron hallados culpables en este segundo caso.

Al contrario de esos dos uniformados, según el último reporte de la Asamblea de Derechos Humanos de Santa Cruz, al menos 35 policías fueron dados de baja desde que Luis Arce está en el Gobierno. En procesos sumarios fueron acusados por ser parte del movimiento ciudadano que provocó la renuncia de Evo Morales, en noviembre de 2019. Ese año, los uniformados se negaron a reprimir a los cívicos que salieron en protesta por el fraude electoral revelado por la auditoría de la Organización de los Estados Americanos.