Ahora bien, con referencia a la declaratoria de herederos de fs. 1 a 2, donde se demuestra que la Sra. Cristina Márquez Quispe hubiese fallecido el año 2008 y la presente demanda de usucapión fue iniciada en el mes de agosto del año 2011 por su hijo Leonardo Bocardo Ayala Márquez, tiempo de 3 años insuficiente para pretender la usucapión decenal o extraordinaria, como aduce el recurrente.  Se debe tener presente que conforme a lo analizado en la doctrina aplicable al caso de Autos, la posesión que tenía la madre al momento de su fallecimiento, ipso iure (por virtud del derecho o de pleno derecho) el heredero, o sea, su hijo Leonardo Bocardo Ayala Márquez, continúa la misma conforme lo establece nuestra legislación en el art. 92 del Código Civil expuesto supra, el mismo que encuentra su respaldo doctrinal en lo establecido en la doctrina española en lo referente a la “posesión civilísima”, aclarándose que el actor no demandó la posesión por sí mismo sino como continuación de la que ejercitaba su causante (madre).

En ese entendido, el actor como sucesor de Cristina Márquez Quispe a los tres años de abierto la sucesión, demandó la adquisición del derecho propietario por usucapión del inmueble que durante varios años su madre poseyó, y a la muerte de ésta, su hijo con el derecho que la ley le otorga y le asiste, demandó la presente causa en contra del sujeto pasivo registral quien no demostró bajo ninguna prueba que la parte actora tuviese otra situación legal en el inmueble objeto de proceso, no cursa prueba alguna que demuestre que la parte demandante no tuviese el derecho de adquirir por usucapión el predio en cuestión, más al contrario el Juez A quo ha evidenciado que la propiedad cuenta con construcciones, donde habita el actor, la misma que cuenta con los servicios de luz, agua y alcantarillado y que Leonardo Bocardo Ayala Márquez cumple con todas las obligaciones de buen vecino en la junta vecinal Cosmos 79, pruebas que merecen todo el valor probatorio conforme establece la ley.

Por dicho motivo, concluiremos indicando que las denuncias traídas en casación no resultan evidentes; el Juez A quo y el Tribunal de Alzada, al momento de resolver la presente causa, lo hicieron en concordancia y aplicación del principio de verdad material.