La Fiscalía General del Estado ha dispuesto que el Fiscal Departamental de  La Paz, William Alave, procese una solicitud de alerta migratoria y de abrir una investigación contra el expresidente Evo Morales por casos de supuesta corrupción cometidos durante la gestión del exmandatario.

La nota firmada por el director de Gestión Fiscal y Supervisión, Roberto Ignacio Almendras Gamarra y dirigida a William Alave, hace referencia a una carta enviada por los exparlamentarios Amilcar Barral y Yesenia Yarhui, quienes el pasado 9 de octubre pidieron investigar a Morales.

“Remito a conocimiento de su autoridad dicha nota y sus antecedentes, a objeto de que en el marco de sus atribuciones establecidas en el art. 34.3 de la Ley 260, la procese conforme corresponda y que las y los Fiscales de Materia a cargo de los procesos que se refiere en la misma, determinen lo que en derecho corresponda”, dice la misiva difundida por Barral en sus redes sociales.

En la carta dirigida al Fiscal General, Juan Lanchipa, Barral y Yarhui sostienen que es fundamental abrir una investigación exhaustiva sobre varios casos que, a su criterio, han quedado impunes.

Entre ellos, mencionan el caso de la exnovia de Morales, Gabriela Zapata, y la empresa china CAMC, beneficiada con contratos mediante supuesto tráfico de influencias, lo que habría generado un daño económico de 566 millones de dólares.

Además, se refieren al caso FONDIOC, en el que se habrían malversado 182 millones de dólares destinados a proyectos para comunidades indígenas vulnerables, así como la compra de barcazas chinas con un sobreprecio de 30 millones de dólares.

También piden investigar presuntos sobrecostos en proyectos de infraestructura de la Empresa de Construcciones del Ejército (ECE), que sumarían 40 millones de dólares, el contrato de YPFB con Catler Uniservis por 86 millones de dólares, y el caso AIR CATERING S.R.L., que involucra a Boliviana de Aviación (BoA) en un contrato dirigido por 3 millones de dólares.

Los exparlamentarios estiman que el daño económico total al Estado sería de 1.000 millones de dólares, cifra que debería ser investigada por el Ministerio Público.