La abogada Pastora Cabrera asegura que sigue siendo jueza de Tupiza porque en ningún momento el Consejo de la Magistratura le entregó un memorándum de agradecimiento o de destitución, y tampoco la sometieron a una convocatoria interna para ser evaluada, como dicta la Sentencia Constitucional 704/2020, según la cual los jueces tienen que ser evaluados para definir su permanencia o desvinculación.
Cabrera, una jueza egresada del Instituto de la Judicatura de Bolivia (IJB) en 2003, fue cesada por primera vez en 2019 con el argumento de que su cargo es transitorio, pero el TCP, a través de dicha sentencia, ordenó su reincorporación.
Entrevistada por Correo del Sur Radio, reclamó que previamente debería ser sometida a una convocatoria interna para que defienda su cargo y, si no se presentaba, recién emitirse una externa. En caso de no aprobar, podría ser desvinculada, según su posición.
“Es una discriminación porque el resto de los jueces que han sido institucionalizados luego de que se dictó la sentencia (704) a mi favor, se lanzó una convocatoria interna; en mi caso, no, directamente se hace una convocatoria externa. No me presentaría ante un acto ilegal; no es que tenga miedo, estoy preparada para cualquier examen”, manifestó.
Dijo que presentó su queja ante una sala constitucional de Sucre, pero los vocales no hicieron valer el sentido de la referida sentencia, le negaron medidas cautelares y avalaron el proceso de la Convocatoria 15/2020 para su cargo.
Según Cabrera, la intención del presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, de “bajarse a 489 jueces transitorios” no prosperó, porque la sentencia constitucional que salió a su favor ordena hacer evaluaciones de desempeño para seguir en funciones.
