La jueza de Instrucción de Violencia hacia la Mujer y Anticorrupción de la Capital, Mirian Flores, determinó este martes que los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional TCP, denunciados por el delito de usurpación de funciones, deben ser procesados en la vía de juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

En su resolución, la jueza dispuso que el cuaderno de control jurisdiccional, que contiene la denuncia, sea remitido a la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados.

Con esta decisión, los procesos penales en contra de los magistrados tendrían que ser remitidos a juicio de privilegio.

En la audiencia por interposición de excepciones, la justicia declaró probada la falta de acción que plantearon los magistrados del TCP.

“Se ha podido evidenciar que nuestra situación jurídica actual está basada en la Declaración Constitucional que establece la prórroga de los mandatos y, en consecuencia, estamos ejerciendo funciones en condición de magistrados”, destacó el presidente del TCP, Paul Enrique Franco, al final de la audiencia de este martes en Sucre.

Remarcó que al declararse probada la falta de acción, “debe aplicarse la ley de juicio de responsabilidades”, por lo que quienes impulsan procesos contra los magistrados debe seguir este trámite en la Asamblea Legislativa y no por la vía ordinaria.

Los magistrados del TCP fueron denunciados por parlamentarios de Comunidad Ciudadana por presunta usurpación de funciones, tras la extensión de su mandato.

Para la defensa de los parlamentarios de CC, la jueza si bien dio curso al incidente de falta de acción, no se declaró incompetente para seguir conociendo el caso. El abogado Johan Echavarría adelantó que planteará una apelación.

Asimismo, el fiscal asignado al caso Fernando Aragón indicó que en la audiencia apeló la determinación de la jueza y espera que los vocales resuelvan en las próximas horas.