El acto oficial de inauguración del Año Judicial se redujo este martes 2 de enero a una sesión de Sala Plena en el TSJ, mientras que el informe de gestión fue pospuesto para la próxima semana. Está en curso una acción penal en contra de los magistrados por presunta usurpación de funciones y prevaricato, impulsada por Comunidad Ciudadana, mientras que Bunker Tercer Sistema anunció otra demanda para este viernes.
La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sesionó el primer día hábil de 2024 y dio así por inaugurada la apertura del Año judicial. Esta vez no hubo acto oficial, como solía ocurrir cada año con la presencia del Presidente y representantes de los otros órganos del Estado.
En la mañana, el frontis del TSJ se mostraba prácticamente en silencio. No estaban los soldados Kellu Runas, del Regimiento de Infantería Sucre 2, escolta del Órgano Judicial; tampoco autoridades nacionales.
Cerca del mediodía, militantes de la agrupación política Bunker Tercera República se apostaron en puertas del TSJ, frente al parque Bolívar, para iniciar una vigilia, tal como lo habían anunciado un día antes. Se manifestaron en contra de la prórroga dispuesta por el TCP y advirtieron con la “aprehensión” de los magistrados que continúen en funciones a partir de este miércoles, 3 de enero, alegando que estarían cometiendo un delito.
Paralelamente, legisladores de CC se apersonaron a la Fiscalía General para entregar un memorial al fiscal general Juan Lanchipa en el que le exigen su intervención de oficio contra los magistrados que continúen en sus cargos.
En La Paz, hubo una concentración en puertas del Tribunal Departamental de Justicia. Allí, otro grupo de activistas políticos protestaron contra la prórroga de las autoridades judiciales y calificaron de “ilegal” la disposición del TCP.
“Quieren seguir ocupando puestos que fueron cesados el 31 de diciembre. El mandato es de seis años y no hay posibilidades de prórrogas. Son jueces y magistrados ilegales”, denunció el activista Miguel Ángel Cañaviri.
DESDE EL CHAPARE
La mañana de este martes, el edificio del TCP amaneció rodeado de vallas de protección y con una mayor presencia policial. Para hacer consultas en el tablero de notificaciones se exigía solicitar autorización de los efectivos del orden.
Por la noche, también se colocaron bardas en el TSJ.
Desde el trópico de Cochabamba se anunció que harán una vigilia en ambas instituciones de Sucre.
CRITICA
Tuto Quiroga
EXPRESIDENTE
“Poderes tocan fondo: inauguración judicial ‘clandestina’ de auto-prorrogados, quienes tienen interdicto al Congreso, el que rechazó presupuesto del Ejecutivo, que se aprobó por decreto. Y no hay certificación del poco gas, ni dólares. #Bolivia enfrentará un 2024 MUY complicado (sic)”
AUTOPRÓRROGA
Eduardo Rodríguez V.
EXPRESIDENTE
Corrección: “autoprórroga” cuyos actos, desde hoy (martes), serán nulos por mandato de la Constitución. Artículo 123 de la Constitución Política del Estado: Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de los que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley”.
Las denuncias penales de Comunidad Ciudadana y Bunker Tercera República en la Fiscalía General
Comunidad Ciudadana (CC) y Bunker Tercera República, de forma separada, activaron acciones penales en contra de los magistrados del TCP y del TSJ por presunta usurpación de funciones y prevaricato.
“Le estamos exigiendo al Fiscal General que deje de ver de palco la situación crítica y la situación compleja por la que está atravesando el Órgano Judicial”, reclamó este martes el diputado Enrique Urquidi, jefe de bancada de CC, quien llegó a Sucre junto a una veintena de parlamentarios de la principal alianza opositora en la Asamblea Legislativa. La fuerza opositora exige al fiscal general Juan Lanchipa que inicie de oficio acciones penales “por usurpación de funciones” contra todas las autoridades judiciales.
“A partir de la Declaración Constitucional 0049 y esa autoprórroga abusiva e inconstitucional que han definido las autoridades del Órgano Judicial (…) le exigimos (al Fiscal General) de manera inmediata, a partir de mañana miércoles 3 de enero, una vez que fenece hoy (por ayer) el mandato constitucional de seis años de los magistrados, es obligación iniciar de oficio las acciones penales por usurpación de funciones en contra de todos los magistrados que han desconocido la Constitución”, señaló Urquidi en la Fiscalía General.
Pidieron a Lanchipa conformar una comisión de fiscales del más alto nivel para que abra una investigación contra los magistrados.
LA DEMANDA DEL BUNKER
Amílcar Barral, integrante del Bunker, dijo por su parte que tienen lista una acción penal y que las actuales autoridades judiciales se convertirán a partir de este miércoles en “exmagistrados”. Dijeron que presentarán su demanda en la Fiscalía General este viernes.
Por su parte, Agustín Zambrana, líder de este movimiento político, indicó que una vez cumplido su mandato de seis años, los magistrados ya no pueden ingresar a sus despachos porque serán “detenidos por la comisión de delitos en flagrancia” para ponerlos a disposición del Ministerio Público.
Militantes inician vigilia en el Tribunal Supremo de Justicia
Miembros de la agrupación política Bunker Tercera República iniciaron este martes protestas en el TSJ, adonde se quedaron hasta el final de la tarde.
Denunciaron un “golpe a plenitud” de los órganos Judicial, Legislativo y Ejecutivo por la prórroga de los magistrados dispuesta a través de una sentencia del TCP.
“¿Por qué se ha dado esta situación? Por la pugna interna de Evo Morales y Arce Catacora”, afirmó este martes el abogado Germán “Chunka” Gutiérrez, quien también concedió una entrevista a Correo del Sur Radio.
Reclamó al Órgano Judicial “una prórroga absolutamente inconstitucional”, a la Asamblea Legislativa por no cumplir con su mandato para llamar a elecciones y al Ejecutivo por “mirar complacientemente” la situación. Bunker Tercera República se movilizó la mañana de este martes en la plaza 25 de Mayo y luego se trasladó a las puertas del TSJ.
CC retomará pedido de juicio contra extribunos
Comunidad Ciudadana (CC) reactivará el proceso de juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa en contra de los exmagistrados del TCP que firmaron la Sentencia Constitucional 084/2017, la que dio curso a una cuarta repostulación de Evo Morales.
El diputado Carlos Alarcón dijo que en la anterior legislatura presentó un informe en la Comisión de Justicia Plural solicitando que sean sancionados los exmagistrados del TCP que hicieron “esa ignominia universal del invento del derecho humano a la reelección” por prevaricato.
“Tenemos en esa comisión una diputada, Elena Pachacute. Le vamos a pedir que reactive (la demanda) a la brevedad posible porque hay una confabulación de los evistas y arcistas para mantener a ellos (a los extribunos) protegidos”, anunció.
Alarcón dijo que los actuales magistrados también cometieron prevaricato con la Declaración constitucional 049/2023, de autoprórroga, por eso activan procesos penales.
Evo: Magistrados metieron reelección de “contrabando”
El expresidente Evo Morales acusó a los magistrados del Tribunal Construccional Plurinacional (TCP) Gonzalo Hurtado e Yván Espada de añadir de “contrabando” el tema de la reelección presidencial en una sentencia sobre las elecciones judiciales.
Morales se refirió a la Sentencia Constitucional 1010/2023-S4, la que en su parte considerativa establece que solo se puede ejercer la presidencia del país dos veces, de manera continua o discontinua, porque de lo contrario se podría considerar una “dictadura camuflada”. De aplicarse ese criterio, el exmandatario ya no podría postular.
El ciudadano Miguel Ángel Balcázar había pedido la anulación del reglamento de preselección de autoridades del Órgano Judicial por considerarlo anticonstitucional. En primera instancia, una Sala Constitucional de Beni resolvió el caso a favor del peticionante. No obstante que la Sala Constitucional en Beni ya había resuelto el caso, en la etapa de revisión los magistrados Espada y Hurtado añadieron el tema de la reelección judicial, incluso sin ser mencionado por el peticionante Balcázar, criticó Morales.
Denunció que las decisiones de ambos magistrados “son un servicio político para asegurarse la autoprórroga de su mandato y a cambio perjudicar al MAS-IPSP”.
Abogados: La sentencia “es correcta, pero tardía”
La abogada de los juristas independientes Kathia Saucedo y el integrante del Bunker Tercera República Germán “Chunka” Gutiérrez coincidieron en que la sentencia de la reelección es correcta, aunque “extemporánea e interesada”.
En entrevistas por separado, Saucedo, del grupo de juristas independientes, y el exparlamentario Gutiérrez se refirieron a la prórroga de las máximas autoridades judiciales, dispuesta por una resolución del TCP, y abordaron el caso de la reelección.
“Personalmente, yo creo que Evo Morales no debería haber estado habilitado ni puede ser candidato (…) Es correcta la interpretación, pero tardía. Esto debió salir mucho antes, debió salir inmediatamente después de la opinión consultiva (de la Corte IDH), pero fíjese que es innecesaria porque la opinión consultiva tiene valor por sí misma (…) había que cumplirla nomás porque nosotros estamos regidos a un sistema de bloque de constitucionalidad (…) Ha habido la autoprórroga e inmediatamente después el órgano autoprorrogado decide sobre la inhabilitación”, expresó Saucedo en Correo del Sur Radio al remarcar que ese es el mensaje que “debe ser tomado en su justa dimensión”.
Más tarde, Chunka recordó que el mismo TCP dijo que la reelección indefinida era un derecho político y ahora emite “una sentencia que debía haber sido dictada antes”; también rememoró cómo ese órgano señaló que la presidencia de Jeanine Áñez era constitucional para luego volver sobre sus pasos.
“Hacen lo correcto, pero de manera irregular, vulnerando la Constitución (…) Es justa en su decisión, pero es inoportuna, y está motivada no por un espíritu democrático ni por un espíritu de cumplimiento de la Constitución, sino por ser servidumbrales al que está manejando eventualmente el poder”, sostuvo al señalar que será el TCP el que defina si Evo Morales o Luis Arce será el candidato del MAS.
Por su parte, el delegado presidencial en Chuquisaca, Rafael Jaldín, sobre la reelección presidencial afirmó que respetan la “voluntad jurídica” del TCP que prohíbe la asunción presidencial continúa o discontinua por más de 10 años.
En criterio de Jaldín, la prórroga de magistrados “es el mal menor” que se aplicó en el Órgano Judicial y el Constitucional por la “irresponsabilidad” de la Asamblea Legislativa en viabilizar las elecciones judiciales.
