Carlos Quisbert / La Paz
El presidente del Consejo Nacional Cristiano, Luis Aruquipa, presentó una querella ante la Cámara de Diputados para solicitar el inicio del juicio de responsabilidades contra los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), quienes, según el representante religioso, en complicidad de sus pares del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental incurrieron en 16 delitos al emitir la Resolución 049/2023, a través de la cual determinaron autoprorrogarse en el cargo de forma indefinida.
“Esta declaración constitucional (049/2023) al haberse configurado en una AUTO PRÓRROGA DE MANDATO se constituye en una forma de asociación entre el solicitante, quien en su condición de presidente del TSJ (Ricardo Torres) y el ejecutante el TCP, le da los instrumentos necesarios para otorgarse poderes más allá de la Constitución Política del Estado (CPE), ya que según la norma que rige, su mandato debió ser sustituido por nuevas autoridades electas, por voto ciudadano y no por decisión unilateral que los beneficia a sí mismos en perjuicio de la comunidad”, señala parte de la Querella presentada por Aruquipa.
Antecedentes
El 11 de diciembre el TCP emitió la resolución 049/2023, como una respuesta a la consulta constitucional presentada el 20 de septiembre por el presidente del TSJ, Ricardo Torres, en relación a las dudas de legalidad que tenían sobre el Proyecto de Ley 144/2022-2023 (Ley transitoria para las elecciones judiciales). Previamente dicho proyecto fue aprobado por mayoría en la Cámara de Senadores, luego, el mismo debía pasar a la Cámara de Diputados y luego ser votado en el pleno de la Asamblea Legislativa.
El Proyecto de Ley 144 para las elecciones judiciales, entre otros puntos, planteaba que todos los magistrados dejen sus cargos el 3 de enero de 2024 y que el personal subalterno del TSJ, TCP, la Magistratura y el Tribunal Constitucional sean los encargados de realizar la transición, hasta la posesión de nuevas autoridades electas en las elecciones judiciales. Asimismo, se propuso suspender los plazos procesales durante ese tiempo. Ambos puntos de esa propuesta fueron declarados inconstitucionales.
Pese a que la norma constitucional da un plazo de 30 días para que se resuelvan dichas consultas, el magistrado a cargo del fallo, René Espada, emitió la resolución 049 el pasado martes, luego de 51 días y, declaró la “autoprórroga” de los 26 magistrados en sus cargos sin una fecha límite. Espada dio lectura del fallo en presencia y con respaldo de todos los magistrados del TCP, horas más tarde, sus colegas del TSJ y el Tribunal Agroambiental también emitieron pronunciamientos dando a conocer su aprobación a dicha resolución.
Cuestionamiento
Sin embargo, Aruquipa explicó que la resolución 049/2023 emitida por el TCP, presidido por Paul Franco, es inconstitucional debido a que falla sobre un punto que no fue parte de la consulta constitucional hecha por el TSJ, además advierte que se incurrió en un fallo que auto favorece a los propios magistrados, tomando como pretexto la consulta y definen ampliar el mandato de sus cargos, de forma indefinida. “En el petitorio (del TSJ) no consta que se haya solicitado un pronunciamiento respecto a la situación legal de magistrados del Órgano Judicial y mucho menos indeterminar o prolongar sus funciones establecidas en la ley”, señala la querella remitida a Huaytari.
16 delitos
Aruquipa detalla en su querella que identificó como autores materiales del hecho delictivo a los nueve miembros del TCP y señala como cómplices a los otros miembros de Órgano Judicial.
“De la misma forma y siendo que la ley juzga ya sea por comisión u omisión, los otros magistrados beneficiados con a Declaración Constitucional Plurinacional Nº 49/2023, al no haberse pronunciado sobre la prórroga, han procedido a adecuar su conducta a los términos de la presente denuncia y de los delitos enunciados, tomando en cuenta que los mismos juraron cumplir y hacer cumplir la CPE, tengo a bien denunciar por cómplices, por omisión, a los siguientes ciudadanos”, menciona el documento presentado por Aruquipa.
A continuación, en el texto se cita los nombres de los otros 15 magistrados del TSJ, la Magistratura y el Tribunal Agroambiental. En el punto ocho del memorial se enumeran los 19 delitos en los que presuntamente incurrieron los magistrados: Resoluciones contrarias a la CPE y las leyes; incumplimiento de deberes; nombramientos ilegales; usurpación de funciones; prevaricato; sociedades o asociaciones ficticias; discriminación; difusión e incitación al racismo; monopolio de trabajo; autoría; asociación delictuosa; uso indebido de influencias; tráfico de influencias; beneficios en razón del cargo; encubrimiento y disposición común.
La querella remitida al presidente de la Cámara de Diputados, además de ofrecer documentos de prueba y solicitar la citación de al menos 20 testigos de cargo, concluye solicitando medidas cautelares y garantías personales para proteger al denunciante, quien además se declara víctima de la resolución 049/202
