Más de 11 años pasaron para que 33 enjuiciados por el caso terrorismo fueran absueltos. Este proceso –que inició la madrugada del 16 de abril del 2009 y concluyó con la absolución a los implicados en junio de 2020– fue impulsado por varias autoridades de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), jueces y fiscales, ¿Quiénes son ellos?
El caso volvió a la palestra pública, luego de que se conoció un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que se atribuye al Estado la muerte de Michael Dywer, quien junto a Eduardo Rózsa y Arpád Magyarosi perdieron la vida durante el operativo llevado a cabo en 2009 en el hotel Las Américas, en Santa Cruz. Ellos, al igual que Mario Tadic y Elöd Tóásó, fueron acusados de conformar un grupo terrorista que pretendía asesinar al presidente Evo Morales y convulsionar al país. La instancia internacional también informó que los sobrevivientes en ese operativo fueron víctimas de torturas.
En el caso se contó con la participación de varios operadores de justicia. Marcelo Soza es quizá uno de los nombres más sonados, él fue quien inició la investigación y formalizó la imputación.
El exfiscal Soza se encuentra como refugiado político en Brasil desde 2014. El 2013 renunció al caso. Fue acusado de concusión, uso indebido de influencias y concurso real.
“Hubo como 10 fiscales en el caso, pero el fiscal que llevó adelante solito la investigación y quien firma la acusación es Marcelo Soza. Nadie más”, explicó el abogado defensor de las personas afectadas dentro del Caso Terrorismo, Gary Prado.
Con esa acusación, que fue “el instrumento de persecución política”, fue de él, precisó Prado.
El fiscal Sergio Céspedes acompañó varios a años a Soza en la investigación. Otros fiscales que formaban parte de la comisión investigativa son: Marco Antonio Rodríguez e Iván Ortiz. Luego, a ellos se sumaron, Javier Monasterios de La Paz y Óscar Vera de Sucre. A éstos fiscales también se les encargó atender el caso terrorismo II, en la gestión del fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero. En 2021, Guerrero fue nombrado viceministro de Tierras por el gobierno de Luis Arce.
En este caso también participaron los jueces cautelares. La primera fue Betty Yañiquez, actual diputada por el MAS. Ella conoció la situación de los primeros aprehendidos por este caso.
También estuvo el juez David Maldonado, “quién dio por saneada la acusación fiscal para ir a juicio”.
En el Tribunal de Sentencia participaron los jueces Elena Jemio y Sixto Fernández. “Ella fue miembro del Tribunal de Sentencia y como abogada convalidó todas las violaciones, negaba la cesación a detención preventiva. Todo por instrucción del gobierno” indicó Prado a Página Siete. Finalmente apuntó al principal juez del caso terrorismo, Sixto Fernández, quien falleció en abril de 2021.
Sobre las principales autoridades de gobierno involucradas, Prado señaló que el primer implicado es, el entonces presidente, Evo Morales porque ordenó un operativo “ilegal”.
“Le di instrucciones precisas al vicepresidente de la República y, mediante él, al comandante de la Policía, para hacer un operativo”, dice Evo Morales en un video de abril de 2009, en el que el entonces presidente se refiere a lo que ahora se conoce como el “caso terrorismo”.
El segundo fue Álvaro García Linera, quien ejecutó la orden de Morales, pues éste se encontraba de viaje. El abogado también señaló a otras autoridades. Walker San Miguel exministro de Defensa, el exviceministro de Régimen Interior Marcelo Jorge Farfán, al exdirector de Seguridad Ciudadana Luis Clavijo.
Después lo ocurrido la madrugada del 16 de abril del 2009 en el hotel Las Américas, otras autoridades de Gobierno se involucraron con el caso. Ahí sale a flote el nombre del entonces canciller y actual vicepresidente, David Choquehuanca. “Él escondió autopsias practicadas a (Michael) Dwyery y de (Arpad) Magyarosi, que mandaron los gobiernos de Irlanda y de Rumania, que eran distintas realizadas aquí”, señaló el abogado.
También se menciona el nombre de Alfredo Rada, exministro de Gobierno, quien fue acusador particular del caso. “Todos los que fueron ministros de Gobierno participaron en la manipulación de la justicia para tener este caso, tener presa, exiliada a la gente y encubrir los delitos que se realizaron contra estas personas”, acotó el jurista.
En esta lista aparece el exministro de Gobierno y actual Procurador del Estado, Wilfredo Chávez. “Él ha recibido este informe como procurador”, señaló Prado.
Los nombres de Hugo Moldiz, Jorge Pérez, Carlos Romero, Sacha Llorenti tienen relación, según el abogado Prado. “Hay un informe de uno de los abogados del ministro de Gobierno para que la semana de audiencias prevea los pasajes y viáticos para fiscales, jueces, presos y custodios”, refirió.
“Les pagaban desde el Ministerio de Gobierno, con fondos negros. Hasta la última semana que hubo juicios en el Gobierno de Morales, la jueza ciudadana de oficio renunció y decía que le pagaron desde el Ministerio de Gobierno, hasta doble aguinaldo le pagaron”, indicó.
El informe de la CIDH sobre este caso indica que la muerte de Dywer es atribuible al Estado. Producto de este caso 39 personas fueron procesadas.
