Evo Morales afronta un proceso por el delito de trata y tráfico de personas, iniciado por la Fiscalía departamental de Tarija, que incluso emitió una orden de aprehensión.
Sin embargo, una vez fue conocida esta orden, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, ordenó la destitución de la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, porque no obedeció la orden de no investigar el caso, según denunció ella misma.
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- Además, antes de que se concrete la notificación, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, este miércoles se presentó una acción de libertad que, en tiempo récord, dejó sin efecto la orden de captura contra el expresidente.
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- Gutiérrez informó de la orden de aprehensión contra Morales y la arremetida de Lanchipa, quien, según la misma fuente, también ordenó la destitución de sus cargos a otros dos fiscales que tenían la responsabilidad de investigar a Morales por un delito considerado de lesa humanidad.
Menor embarazada
De acuerdo con la fiscal destituida, la denuncia fue presentada el 26 de septiembre en contra de Evo Morales y los padres de la víctima del delito de trata y tráfico de personas.
El hecho se registró en 2015 en Yacuiba, Tarija, y entonces la víctima era menor de edad: tenía 15 años, de acuerdo con los antecedentes descritos en la resolución fiscal de aprehensión.
Allí también se describe que producto de la relación nació un niño que, en la actualidad, tiene ocho años y se encuentra registrado con Morales y la menor como sus padres.
El vínculo entre Morales y la adolescente tiene un trasfondo político debido a que ella habría surgido de un grupo juvenil afín al MAS, creado por el exmandatario.
Además, la Fiscalía argumenta que la entonces menor de edad fue presionada para tener una relación con Morales para que sus padres se beneficien de cargos y viajes, e incluso su madre fue propuesta como candidata.
Para investigar el caso, se conformó un equipo de fiscales que, ante el conocimiento de las evidencias e informes de Inteligencia, ordenó la aprehensión del expresidente y otras dos personas, algo que, sin embargo, no fue ejecutado por la acción de libertad interpuesta por los abogados de Morales y por órdenes superiores del Ministerio Público.
Destituidos
La orden de aprehensión fue firmada por la directora funcional de la Unidad de Trata y Tráfico, Pamela Obando, además de los fiscales Sandra Gutiérrez, Cristian Antonio Guerrero y Andrés Soruco.
El pasado martes, desde la Fiscalía General, en Sucre, llegaron a Tarija las notas de agradecimiento de funciones para Gutiérrez, Guerrero y Soruco, pero no para Obando.
El Instructivo 392/2024, emitido por Lanchipa, ordena “dejar el caso” e informa que “quien se haría cargo de esta investigación sería la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos de Razón de Género y Juvenil, la doctora Alejandra Sally Rocha Villarroel, que es la directora nacional que viene desde la Fiscalía General, y el fiscal de materia Ricardo Diego Caballero Quilla”.
