III.3 Que, en el caso de autos, en cuanto se refiere a la actuación del Juez de Instrucción, esta autoridad incurrió en detención indebida, al no haber atendido la petición del recurrente de librar el mandamiento de libertad, pues si bien en ese mismo día se presentó la acusación formal, uno de sus deberes esenciales, es el velar por la plena vigencia de los derechos del imputado, por lo mismo al estar cumplidas las medidas sustitutivas, le correspondía realizar los trámites complementarios para viabilizar la cesación de la detención expidiendo el mandamiento, acto que bajo ningún argumento podía constituirse en prórroga de competencia, así ya se estableció en SC 897/2002-R, de 29 de julio, que dice: “…el Juez Cautelar aduciendo pérdida de competencia no consideró dicho ofrecimiento de fianza prolongando la detención indebida e ilegal del recurrente, conculcando el art. 9 de la Constitución Política del Estado, puesto que al haber concedido la cesación de la detención preventiva le corresponde efectivizarla sin que el hecho implique una prórroga de competencia, más aún al tratarse de un derecho fundamental como es la libertad, en cuyo caso debe concluir con la tramitación que señala la ley”.
Que, al margen de lo expuesto, la excusa de haber recibido la acusación y haber remitido el expediente al Tribunal Superior, no puede sustentar la supresión del derecho a la libertad, mas cuando lo aseverado por la citada autoridad, no es evidente, pues se ha demostrado (ver puntos II.2 y II.3) que el expediente de la causa fue remitido el 18 de julio de 2002, y la acusación fue presentada el 11 del mismo mes y año, habiéndose decretado la baja de la causa al día siguiente, existiendo una diferencia de cinco días, en los cuales, el Juez podía haber verificado el cumplimiento de las medidas impuestas y expedir el mandamiento de libertad.
III.4 Que, en lo que se refiere a la actuación de los Jueces Técnicos, éstos incurrieron en una omisión, prolongando de igual forma indebidamente la detención del recurrente, toda vez que lo solicitado, se trataba de un mero trámite, que no afecta al fondo ni es concerniente al juicio oral, de manera que perfectamente pudieron verificar el cumplimiento de las medidas sustitutivas y disponer se libre el mandamiento de libertad, pues no se trataba de compulsar la solicitud de cesación de la detención preventiva, dado que ésta ya fue admitida y sustanciada por el Juez de Instrucción, sino simplemente del cumplimiento de una formalidad.
Que, al haber actuado de la forma en que lo hicieron tanto el Juez de Instrucción como los Jueces Técnicos han incurrido en detención indebida, negando el derecho a la libertad del recurrente bajo una supuesta e inexistente falta de competencia, emergente de una errónea interpretación de los arts. 53 y 54 CPP, por lo que, a fin de restituir el derecho lesionado corresponde otorgar la tutela solicitada.
