Yesenia Requena, esposa del juez de Coroico, Marcelo Lea Plaza, declaró ante la Fiscalía que la exvocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Claudia Castro, intentó borrar la información que había en el celular del juez, con la ayuda de un técnico, ya que contenía información que sería un “perjuicio total”. En dicho aparato estaba el audio que involucró en el caso al exministro de Justicia, César Siles.

Por su parte, la comisión de fiscales del caso planteó que Castro debía permanecer detenida durante la investigación, debido a que sus acciones se tornaban en un riesgo de obstaculización. Esto debido a que la asistente personal de la exvocal declaró que fue amenazada y obligada a borrar memorias de su equipo celular y su computadora.

Consultado sobre el tema, el abogado de la exvocal Castro, Marco Mostajo, calificó las declaraciones y acusaciones de “subjetivas”, empleadas con el fin de agravar la situación de su cliente. Aseguró que los testigos que señalan a Castro fueron presionados para dar determinada versión, para no ser involucrados en el caso, además, no reconocen la legalidad de algunos elementos colectados como pruebas.

Esposa

“El 11 de junio le llamé a la señora Claudia Castro al número de WhatsApp (…) para decirle que lo tuvieron (al juez Lea Plaza). En ese momento me dijo ‘no puede ser, qué es lo que ha sucedido’. Le dije que desconocía, solo sé que mi esposo estaba detenido, y ella (Castro) inmediatamente me preguntó por su teléfono, le respondí que no tenía idea de dónde estaba, me dijo que ese teléfono no lo podía entregar, que debíamos hacer desaparecer ese teléfono, porque según ella sería un perjuicio total”, declaró Requena, el 17 de junio, ante el investigador del caso.

De acuerdo a la versión de la esposa del juez, Lea Plaza estuvo bajo presión desde tres semanas antes a la audiencia de acción de cumplimiento, que él realizó el 11 de junio, en la que emitió una resolución instruyendo suspender del cargo a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira y habilitar al suplente, Iván Campero.

Dicha resolución es calificada de ilegal y prevaricadora, lo que dio origen a una investigación penal. La persona que presentó la acción de cumplimiento, fue identificada como Antonio de la Fuente, testigo del denominado “caso golpe de Estado”, que se sigue por los hechos violentos de 2019, que provocaron la renuncia de Evo Morales.

La audiencia se realizó por presión y coordinada por la entonces vocal, según afirmaron en sus declaraciones Lea Plaza y Requena. “Sabes, esta Castro es una maldita, si no lo hago me va hacer m…, me puede hacer botar, pero también me dijo que me va hacer llamar con el ministro de Justicia (César Siles)”, fue uno de los comentarios que el juez le hizo a su pareja, días antes de ser aprehendido, según declaró ella.

Requena relató que luego de emitir la resolución, la tarde del 11 de junio, ante el temor de ser aprehendido, Lea Plaza dio números de celular para que su pareja se contacte con los responsables de direccionar la acción de cumplimiento. Los números correspondían al presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Yván Córdova y el de la vocal Castro. Requena relató que el primero nunca atendió las llamadas.

En un segundo contacto, el 11 de junio, Requena afirma que recibió la llamada de Castro, quien le dijo, “señora, en este momento deme la clave y el correo electrónico de su esposo, en este momento estoy con un técnico y lo va a borrar todo”.

Ante el pedido, Requena le explica que no tenía esos datos. Al día siguiente, Requena volvió a reclamar por el abandono de su esposo ante las autoridades de la Fiscalía, que lo imputaron por cuatro delitos. Entonces Castro le responde que ella era la única que se estaba movilizando y que ni el Ministro Siles respondía sus llamados.

Obstaculización

Por otro lado, en la fundamentación de la imputación firmada por el fiscal Fernando Espinoza, en la que solicita la detención preventiva de Castro, este califica como un motivo de su pedido, el “riesgo de obstaculización”.

“Con relación a este riesgo procesal debe tenerse presente que, a partir de la declaración informativa de la ciudadana Morelia O. H. (asistente de Castro) en la cual indica: ‘como hace dos o tres semanas por WhatsApp (Castro) me envió un documento en Word y me dijo que es mejor que no lo vea, y me dijo que solo imprima una copia de manera rápida, fui corriendo a su despacho y le entregaba… Este documento era un memorial que no veía para quién era, pero si era del señor Óscar Antonio de la Fuente (…) me hizo eliminar tanto de mi celular como de la computadora’. Este elemento demuestra que la sindicada (Castro) ya anteriormente ha procedido a suprimir elementos de prueba, aspecto relevante para establecer que este riesgo procesal concurre”, señala el argumento del fiscal.