En una decisión que ha generado serios cuestionamientos al sistema judicial, el Tribunal Primero de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia de La Paz resolvió absolver y disponer la liberación inmediata de Huáscar O. G. P., acusado de intentar asesinar con arma de fuego al periodista Raúl V. A., a pesar de que el proceso contaba con pruebas sólidas, testimonios directos y antecedentes comprobados de fuga y rebeldía.

La resolución fue adoptada por mayoría, dejando sin efecto el voto disidente de la presidenta del Tribunal. La decisión fue asumida por los jueces Rolando Mayta Chui y Reina Virginia Uriarte Vila, quienes, con su voto mayoritario, desconocieron casi cinco años de investigación, al trabajo desarrollado por la Policía Boliviana y el Ministerio Público, así como al sufrimiento de una familia y de la víctima, que sobrevivió de manera milagrosa a un ataque criminal.

El atentado ocurrió el 25 de marzo de 2021, cuando el periodista salía de su domicilio en la zona de Achumani, alrededor de las 07:30 de la mañana. El acusado, disfrazado con un traje de bioseguridad, le disparó a quemarropa, impactándolo con dos proyectiles, uno en la cabeza y otro en el antebrazo, con clara intención de quitarle la vida.

Tras el ataque, Huáscar O. G. P. huyó, convirtiéndose en prófugo de la justicia. Durante casi cinco años, el acusado evadió sistemáticamente a las autoridades, fue declarado rebelde y tuvo en su contra una notificación roja de Interpol. Grupos especiales de la Policía Boliviana lo buscaron sin éxito; nadie daba razón de su paradero, mientras el caso se estancaba por la ausencia deliberada del agresor.

Paradójicamente, el prófugo fue capturado recién el 17 de agosto de 2025, cuando acudió con total normalidad a emitir su voto en las elecciones generales, en un operativo ejecutado por las fuerzas del orden, encabezado por el coronel Basoalto. Tras su aprehensión, fue enviado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva por homicidio en grado de tentativa, debido a la gravedad del delito.

El juicio se desarrolló con inusual rapidez. El Ministerio Público, a cargo del fiscal (…), presentó pruebas documentales, periciales, registros de video vigilancia, testigos y otros elementos que respaldaban plenamente la autoría del acusado. Incluso, dada la peligrosidad del caso, se recurrió en su momento a un testigo protegido. A ello se sumó la acusación particular de la víctima.

Raúl V. A., pese a las graves heridas sufridas y a las secuelas físicas y psicológicas permanentes, compareció ante el tribunal, declaró, reconoció a su agresor y relató con detalle el ataque que casi le cuesta la vida. Todo ello fue respaldado por informes médicos, peritajes y pruebas materiales incorporadas legalmente al proceso.

Sin embargo, nada de esto fue suficiente para los jueces Mayta Chui y Uriarte Vila, quienes optaron por absolver al acusado de toda responsabilidad penal, ignorando no solo la evidencia presentada, sino también el hecho de que el imputado se burló de la justicia durante años, se ocultó deliberadamente y solo fue capturado por una casualidad electoral.

La resolución judicial no solo libera a un hombre que disparó a un periodista, sino que envía un mensaje devastador: que en Bolivia huir, esconderse y desafiar a la justicia puede terminar siendo premiado. El fallo deja en entredicho la independencia, objetividad y compromiso de quienes administran justicia, y refuerza la percepción de que el sistema protege al agresor y revictimiza a quien sobrevivió.