viernes, diciembre 9, 2022
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Abogados cuestionan proceder de la Fiscalía, advierten parcialidad y falta de formación

Remarcó que el problema no es que estén asistiendo a seminarios y capacitaciones en la Escuela de Fiscales, como señalan las autoridades del Ministerio Público, sino que el problema es “cómo ellos actúan, no tienen independencia de funciones porque todo es el tema político, todos responden a un padrino de arriba”.

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Los recientes sucesos por el conflicto en Adepcoca vuelven a cuestionar la labor que cumple el Ministerio Público y advierten su “abierta parcialización” y “sometimiento al gobierno de turno”. Las críticas también tienen que ver con la falta de formación de los fiscales que “en su gran mayoría no investigan” y reducen su trabajo a “copiar y pegar” los textos en las imputaciones y acusaciones.

El abogado constitucionalista William Bascopé destacó el papel preponderante de la fiscalía, como manda la Constitución Política, frente a la persecución de los delitos de orden público y en representación de la sociedad, sin embargo, aclaró que la fiscalía en general “no cumple ese rol”.

“Por ejemplo, en temas muy álgidos, cuando el Estado es denunciado o cuando el Estado atropella derechos, ahí el fiscal realmente carece de toda autoridad y no aplica el principio de objetividad”, dijo a ANF.

Refirió que el fiscal no es un juez para ser imparcial, sino “tiene que ser objetivo y además transparente y sus actuaciones tienen que ser de acuerdo a la ley”, lo que no ocurre en el caso del conflicto de los productores de coca de La Paz.

En el caso del mercado ilegal de coca de Arnold Alanes “la fiscalía no ha hecho absolutamente nada, pero obviamente para el otro sector, contrario al gobierno, ha hecho una acción de manera abierta, donde ha habido una violación del procedimiento del derecho a la defensa, del debido proceso, no se ha respetado nada con la aprehensión de los dirigentes de Adepcoca”.

La fiscalía emitió la aprehensión de 13 dirigentes de la Asociación departamental de productores de coca (Adepcoca) y del comité de autodefensa en la investigación que sigue por la destrucción y quema del mercado paralelo ilegal ubicado en la calle 1 de Villa El Carmen, instalado por el dirigente Arnold Alanes. Los dirigentes Freddy Machicado y César Apaza fueron aprehendidos.

El dirigente paralelo Arnold Alanes “goza de toda impunidad y en ese caso el Ministerio Público ni siquiera ha abierto una investigación de oficio”.

Según Bascopé, la indiferencia ante el conflicto por parte de los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo, y de Desarrollo Rural, Remmy Gonzales, al no haber hecho nada para cerrar un mercado ilegal, “ha propiciado que haya una confrontación entre los dos sectores, al punto de que podrían llegar a haber víctimas fatales, y ahí tampoco se ha visto una actuación de la fiscalía”.

Parte del informe del GIEI sobre independencia judicial en Bolivia.

Sobre la formación de los funcionarios, Bascopé indicó que la Fiscalía “carece de elementos capacitados y son pocos los fiscales que tienen experiencia, que tienen academia, y la mayoría ha entrado al Ministerio Público por favores políticos y padrinazgo del actual gobierno y de los jerarcas de la justicia”.

“Es gente que no tiene propiedad ni para hablar, no tiene experiencia, no son reconocidos en el fuero jurídico”, remarcó y dijo que los buenos abogados que se titulan prefieren evitar la función de fiscal o juez para evitar que “manoseen su currículum”.

Remarcó que el problema no es que estén asistiendo a seminarios y capacitaciones en la Escuela de Fiscales, como señalan las autoridades del Ministerio Público, sino que el problema es “cómo ellos actúan, no tienen independencia de funciones porque todo es el tema político, todos responden a un padrino de arriba”.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su informe estableció la falta de independencia del Ministerio Público y la instrumentalización de la justicia en los procesos investigativos en contra de opositores políticos.

La abogada Mireya Gutiérrez señaló al respecto, en base a su experiencia, que la falta de formación de los fiscales se expresa en las diferentes áreas. Por ejemplo, en delitos sexuales “los fiscales hacen una copia de la imputación y no hacen estudio alguno, y por culpa de ello se caen algunos casos porque tendríamos que demostrar en juicio cosas que en la acusación el fiscal no sustenta”.

Similar situación ocurre en el área de delitos financieros y anticorrupción. Dijo que en un caso que lleva el fiscal “no ha movido absolutamente nada durante un buen tiempo y respecto a la imputación ni siquiera se fija que son diferentes personas que hacen diferentes actuaciones en los delitos”.

En el proceso “hay testigos, hay autores y demás, pero los fiscales no se dan la molestia de identificar qué cosa es lo que ha hecho cada uno, y el fiscal lo que hace generalmente es la imputación formal como copia de toditos, y la imputación es la misma, no hacen una identificación individual como dice la norma, y con respecto a la acusación lo propio, copian de la imputación a la acusación y aumentan pruebas que se han hecho en juicio”.

Gutiérrez refirió que, pese a que cada fiscal ahora está especializado por materia, para una mejor acción de la fiscalía, “no se ve ese cambio, todos actúan de la misma manera, raro es el fiscal que sí investiga e identifica qué acción ha hecho cada uno de los imputados”.

Este actuar de los fiscales, agregó, perjudica tanto a los denunciantes como a los denunciados debido a que “al denunciado a veces se le atribuye cosas que nada tienen que ver, que no están constatados conforme a la investigación, en algunos casos, y en el tema de los denunciantes son débiles sus acusaciones, y por eso es que en algunos casos salen absueltos, y para los inocentes que no tienen participación en el proceso, por el tema de la presión de los medios de comunicación y del gobierno, los fiscales actúan con miedo”.

La abogada cuestionó la presión política que ejerce principalmente el Ministerio de Gobierno en algunos casos, donde los fiscales permeables frente a este tipo de presiones. “Lastimosamente la política es fuerte en el ámbito fiscal o en el Tribunal departamental”, apuntó.

Si bien existe una Escuela de Fiscales -en Sucre- y una de Jueces -en El Alto- para la formación administradores de justicia, los abogados consideran que el efecto en el sistema judicial es mínimo y casi inexistente.

“La formación que se da en estas escuelas es muy limitada, no se invierte en traer a juristas que en realidad pueden aportar de manera actualizada en la investigación, ponen como docente a cualquier abogado que crea tener conocimiento de aquello”, señaló el abogado constitucionalista Jorge Quiroz.

Dijo además que estas escuelas de capacitación para administradores de justicia están muy politizadas.

La fiscal Sarina Guardia dijo en una anterior entrevista con ANF que los funcionarios del Ministerio Público reciben “capacitación constante” en la Escuela de Fiscales sobre temas de tortura y otros, para cualificar sus conocimientos y su accionar profesional.

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