viernes, diciembre 5, 2025

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Allanan oficinas de Derechos Reales y una dirección de la Magistratura en Sucre por presunta corrupción

Una investigación por corrupción lleva al Ministerio Público a allanar las oficinas de Derechos Reales y la DAF del Consejo de la Magistratura.

l Ministerio Público llevó a cabo este miércoles 2 de abril de 2025 una intervención en las oficinas nacionales de Derechos Reales y en la Dirección Administrativa Financiera (DAF) del Consejo de la Magistratura, ubicadas en Sucre. Esta acción se enmarca dentro de una investigación por presunta corrupción relacionada con alteraciones en gravámenes en Santa Cruz.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, comentó que se recibió una orden de allanamiento emitida por una autoridad competente. Esta intervención se realizó en las oficinas de Derechos Reales en Sucre, así como en las oficinas de Informática de la DAF.

Romer Saucedo explicó que la acción se originó a raíz de hechos ocurridos en las oficinas de Derechos Reales en Santa Cruz, donde se habrían alterado algunos gravámenes e incluso se habrían suprimido.

Investigación en curso

El Ministerio Público también se dirigió a las Unidades de Sistemas e Informática de la DAF y del Consejo de la Magistratura. En enero, la Sala Plena del Consejo de la Magistratura había conformado una comisión para llevar a cabo una fiscalización en las oficinas de Derechos Reales de Santa Cruz, donde se denunció un desfalco económico.

Se instruyó a los encargados distritales que elaboraran informes para establecer la situación de la entidad a nivel nacional.

Funcionarios bajo investigación

La Fiscalía informó que al menos cinco funcionarios de Derechos Reales y un civil están siendo investigados en relación con el caso en Santa Cruz. Se está indagando sobre un presunto desvío de dinero por concepto de trámites, que asciende a un monto de Bs 2.000.000, los cuales fueron depositados en cuentas de terceros.

El fiscal departamental, Alberto Zeballos, indicó que se han emitido citaciones a un total de cinco o seis personas, incluyendo a un juez, registradores de derechos reales, un supervisor, un asesor, una registradora, así como a dos funcionarias de la DAF y a personas particulares.

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